Han pasado las elecciones en Hidalgo y en otras entidades, pero la situación nacional sigue sin cambios sustanciales: continúa el clima de crispación social que se generó, la sangre sigue bañando a este desdichado país, los pobres siguen sufriendo igual y los gobernantes ganadores o perdedores se siguen comportando exactamente igual; si nos queda alguna duda, veamos al gobierno de Hidalgo:
La opinión pública recordará que el Movimiento Antorchista Nacional pospuso una marcha que realizarían 40 mil de sus integrantes, en Pachuca, capital hidalguense, que debió llevarse a cabo el pasado 17 de junio. La marcha, como se informó oportunamente, se proponía exigir justicia para los antorchistas de Tlanchinol agredidos bestialmente por los caciques de la comunidad de Pueblo Hidalgo, quienes, como lo dijimos en su momento, son viejos militantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC); asimismo, exigía que se detuviera la persecución política desatada contra nuestros compañeros y sus líderes, y que se castigara -como un acto de elemental justicia- a los asesinos del campesino Pablo Hernández Medina, arrollado con toda intención y alevosía por un autobús enviado como misil contra la marcha antorchista que se dirigía al Distrito Federal a denunciar la problemática que se estaba viviendo en Hidalgo y la nula atención y solución a las demandas firmadas por el gobierno estatal. Como también lo conoce sobradamente la ciudadanía, de ese atentado político, aparte del compañero fallecido, resultaron 18 personas más con lesiones de consideración, de las cuales, por lo grave de sus heridas, aún se encuentran convalecientes nueve. Cuando decidimos posponer la magna concentración en Pachuca, a través de un comunicado señalamos que: “como se ve a simple vista, y como lo hemos explicado detalladamente, se trata de poderosas y justificadas razones para que el antorchismo de Hidalgo proteste e invoque el apoyo de miles de sus solidarios compañeros de otras partes del país; pero a pesar de eso, hemos decidido posponer dicha manifestación, en virtud de que se ha establecido una mesa de negociación con el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, representado por el secretario de Gobierno, Lic. Gerardo González Espínola, quien se ha comprometido aplicar la ley a los responsables de la violencia contra nuestros compañeros, y a cumplir todos los acuerdos plasmados en la minuta reiteradamente incumplida, lo que implica la construcción de diversas obras y ejecución de acciones gubernamentales”.
También adelantamos en el referido comunicado, con base en el conocimiento que tenemos de la actual administración y de sus reiterados incumplimientos a los compromisos y la burla permanente de ellos, que “como es comprensible, por la naturaleza del asunto, no estamos en condiciones de asegurar que tales compromisos se cumplirán a cabalidad o en una medida aceptable. Lo único que afirmamos con certeza es que las autoridades hidalguenses han hecho nuevos compromisos y que nosotros los hemos considerado aceptables, al igual que los nuevos plazos que se dieron para cumplir. Obviamente, la única forma de evitar la reanudación de las movilizaciones es que los funcionarios involucrados honren su palabra”.
Y aquí estamos, preparándonos para reiniciar las movilizaciones, pues el gobierno estatal, nuevamente y por enésima vez, ha incumplido su palabra: no se ha hecho justicia, pues los agresores siguen tan libres como el viento y en actitud amenazante para con los indígenas de Tlanchinol; esta actitud la asumen a pesar de que existen ya giradas algunas órdenes de aprehensión para algunos de los agresores, lo que demuestra, claramente, que se sienten protegidos por las mismas autoridades de quienes recibieron las órdenes de cometer todos los delitos y agravios en contra de los antorchistas. Pero, además, tenemos que sobre ciertos sujetos, autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos (como lo son el propio secretario del ayuntamiento de Tlanchinol, Mario Sánchez Castillo, y su actual alcalde, Alejandro Bautista Medina) hasta el momento no ha recaído ninguna acción judicial contra ellos. Esto por un lado, pero por otro, los acuerdos de obras y servicios para diversos municipios siguen durmiendo el sueño de los justos.
Así las cosas. Y como lo dijimos en su momento, “en Hidalgo, al mismo tiempo que no perdonamos los crímenes y exigimos que se castigue a los agresores, exigimos que se cumpla hasta la última obra por la que han luchado los antorchistas, y por las que varios han tenido que dar su sangre”. A prepararnos compañeros colonos y campesinos, vamos, nuevamente, a la calle a alzar nuestra voz para exigir justicia y cumplimiento, que nadie se quede en casa viendo como el poderoso nos sigue atropellando.
* Colaboraciones anteriores
