El pasado martes 17, marchamos, como lo habíamos anunciado, alrededor de 25 mil antorchistas en la ciudad de Pachuca; dicha marcha, como lo dimos a conocer a la opinión pública, tenía dos claros propósitos: una, exigir la aplicación de la ley y el respectivo castigo a los agresores de los indígenas de Pueblo Hidalgo, Tlanchinol, golpeados y torturados por órdenes directas de autoridades municipales y estatales el pasado 30 de mayo, y justicia para la muerte de Pablo Hernández Medina, muerto el 2 de junio cuando se usó un autobús de pasajeros vacío como proyectil contra la marcha antorchista que se dirigía al Distrito Federal.
El segundo objetivo, que también sigue vigente: la solución de las demandas de diferentes comunidades y colonias populares en diversos municipios de la entidad, que desde el inicio de la administración osorista se han solicitado, y sobre las que han recaído acuerdos firmados por altos funcionarios de su gobierno, hasta hoy incumplidos; muchas minutas firmadas por sus diferentes secretarios y subsecretarios de gobierno, documentos que podemos exhibir en cualquier momento.
Pero la respuesta del señor Gobernador a tan importante marcha no se hizo esperar: el mismo día, y a la hora que transcurría la manifestación, él ya se encontraba declarando a los medios de comunicación: primero, que “las solicitudes son muchas y abarcan presupuestos mucho más grandes que los de municipios enteros, que por supuesto no tenemos capacidad para resolver, pero lo más importante es que los recursos que tenemos los estamos bajando con los gobiernos municipales y en la medida de las posibilidades que tiene el estado”. Ante esta “respuesta” del gobernador, sólo le queremos recordar, primero, que todas las demandas que Antorcha está exigiendo que se cumplan están firmadas por su gobierno; los funcionarios que estamparon su firma en las minutas jamás argumentaron lo que hoy señala el señor gobernador, o sea, que ese argumento de plano se lo sacó de la manga, y lo prueba la firma de las minutas. Segundo: si hoy se le hace mucho lo que tiene que cumplir, es simple y sencillamente porque son demandas acumuladas durante toda su administración, y se han acumulado porque no cumplen, porque siempre se han burlado de los acuerdos y de las necesidades de los hidalguenses. Tercero: se limita a decir que es mucho el presupuesto requerido para cumplir con estas obras de interés social; ni da cifras de lo que según él cuestan estas obras, ni mucho menos nos dice de cuánto es el presupuesto de su gobierno, cuánto ha ejercido su administración, y de ello cuánto le ha destinado a la inversión social en general, y cuánto a las obras solicitadas para los antorchistas hidalguenses. Sólo deja caer el “argumento” de que es mucho, como quien deja caer una piedra. Si vemos realmente lo invertido para los pobres de Hidalgo, veremos que es un porcentaje ridículo, pues realmente no se está gobernado para los desposeídos de Hidalgo, que son la mayoría de la población.
Otra de las respuestas que le mereció al gobernador la protesta de miles de mexicanos, fue su aseveración de que: “la mayoría de los manifestantes eran de otros estados del país”. El señor gobernador sabe perfectamente, porque cuenta con todos los medios para informarse, y porque movilizó a cientos de sus agentes para contabilizar al número de hidalguenses que se trasladaron de los diferentes pueblos y colonias para participar en esta marcha de protesta; por eso, insisto, conoce de primera mano que la mayoría, más del 70 por ciento de los participantes, son hidalguenses, son sus gobernados inconformes por su nula atención y por sus incumplimientos reiterados.
Pero, suponiendo que Miguel Ángel Osorio Chong tuviera razón, y que el 99 por ciento de los manifestantes hubieran sido de otros estados como él lo mencionó, creo que, si fuera un gobernador preocupado por su estado, pena le debería dar que venga gente de otras entidades a recordarle sus obligaciones, a recordarle que es él un servidor público, y que debiera estar atento e ir presuroso a atender a los ciudadanos como es su obligación. Pero, además, al señor gobernador se le olvida, quizás como producto de su ofuscación y ceguera para ver las demandas de los más necesitados, que todo mexicano, en cualquier parte del territorio nacional, goza de sus derechos y querérselos conculcar, como él pretende, es estar cometiendo un delito. El gobierno, así, se hace de delito, pensando quizás que otra raya al tigre ni se nota.
Finalmente, en sus declaraciones, cuando señala que los “recursos deben bajar a través de los municipios y no a través de organizaciones sociales”, se le olvida que los habitantes de Tlanchinol tienen seis meses frente al palacio municipal demandando solución, y como también sucede en Plaza Juárez, nadie ve, nadie escucha, nadie les atiende, mucho menos les resuelven, y ante esta actitud de sus presidentes municipales, ¿qué alternativa le dejan a la gente?, y cabe la pregunta: ¿para qué existe un gobernador, si la obligación de atención y solución es de los ayuntamientos?
Por último, nada dice del reclamo de justicia y de aplicación de la ley en Hidalgo, situación que también demandábamos los 25 mil manifestantes. Ni modo, ante tal actitud del mandatario hidalguense, los antorchistas seguiremos insistiendo para que se atiendan nuestras justas demandas, hasta el último día de su administración, si es necesario.
* Colaboraciones anteriores
