Oaxaca: un conflicto por tierras, un poderoso cacicazgo, intereses aviesos, grupos de poder actuantes, un estado sin estado de derecho y una autoridad estatal complaciente con los poderosos y omisa y remisa para con los débiles; resultados: 39 secuestrados, un muerto, 4 heridos de bala y graves amenazas de muerte para ilustres mexicanos. Este es el cuadro, la fotografía del estado de Oaxaca y que está provocando la incertidumbre en miles de familias que han dependido para su subsistencia de labrar la tierra durante décadas y que hoy, por intereses poco claros de grupos de poder encumbrados y por la imprudente e ilegal actuación del Tribunal Unitario Agrario con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, son víctimas de la injusticia.
Trataré de referir, sucintamente, la situación que se originó con los campesinos de Santo Domingo Yosoñama, agredidos por un grupo de comuneros de San Juan Mixtepec, comandados por el Presidente de Bienes Comunales y azuzados por poderosos caciques del lugar. San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, son dos pueblos de la Alta Mixteca Oaxaqueña, que, desde hace años, han mantenido un permanente y a veces aletargado conflicto por la posesión de cerca de 1800 hectáreas, fértiles y ricas en madera; ambas comunidades dicen tener derechos sobre ellas, aunque los habitantes de Santo Domingo Yosoñama las han mantenido en posesión por décadas, más de 100 años, las han trabajo ininterrumpidamente, allí trabajaron y vivieron sus abuelos y bisabuelos. Pues bien, el pasado 30 de mayo, un grupo de comuneros de Mixtepec, encabezados por los caciques de ese lugar, quienes son los más interesados y protagonistas del conflicto, arribaron a las tierras en disputa y se llevaron secuestrados a 39 campesinos, que en ese momento se encontraban trabajando en sus parcelas, los mantuvieron en cautiverio por cerca de tres meses, en condiciones infrahumanas, hasta que, el pasado 7 de agosto, envalentonados los caciques de Mixtepec por la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, por la omisión del Gobierno del Estado de Oaxaca, que encabeza Ulises Ruiz, arribaron a las tierras en conflicto para abrir una brecha y, sin mayor averiguación, dispararon contra los labriegos que se encontraban trabajando, el resultado, el ya descrito: un campesino muerto (el señor Simón Antonio Santos) y 4 más gravemente heridos. La prensa dio cuenta del hecho pero, calificándolo, como generalmente sucede en estos casos, es decir, cuando se quiere ocultar la verdad y proteger con ello a los responsables de tan graves delitos, como un enfrentamiento. Al Gobierno de Oaxaca, durante todo el tiempo del cautiverio de los 39 campesinos, se le estuvo solicitando su intervención para su liberación, la aplicación de la ley para los secuestradores y que se estableciera el diálogo a fin de encontrarle una solución al conflicto agrario; pero el gobierno de Ulises Ruiz ni un solo dedo movió a fin de aplicar la ley y hacer que se respetara el estado de derecho.
Es necesario insistir y aclarar que, la resolución del Tribunal Superior Agrario a favor de Mixtepec prueba, sin lugar a dudas, y en primer lugar, que el Gobierno de Ulises Ruiz tiene metidas las manos hasta los codos, y más, si se puede, y segundo, la corrupción reinante entre sus magistrados, pues ignoró olímpicamente el título que ampara la propiedad de Santo Domingo y omitiendo, como lo dice el derecho mexicano, que la posesión también hace derecho, comete el delito de despojo al ordenar se entreguen las tierras a Mixtepec, y así, torciendo la ley y el derecho, a creado un grave conflicto social, cuyas consecuencias ya se han dejado ver. Pero estas no han sido todas: derivado de que el Movimiento Antorchista tomó partido por los campesinos de Santo Domingo, proponiendo una solución dialogada a sabiendas, por la experiencia de 36 años de lucha y gestión, que ni los de Mixtepec quedarían conformes con quedarse solamente con la resolución en el papel, ni los de Santo Domingo con entregar sus tierras que por siglos han poseído, se han empezado a difundir graves amenazas de muerte en contra del líder nacional de Antorcha Revolucionaria, ingeniero Aquiles Córdova Morán. Dichas amenazas, calumnias y difamaciones en contra de nuestro líder, aparecieron en un blog que tiene el logotipo oficial del Ayuntamiento de Mixtepec; tales amenazas también alcanzan a los integrantes del Comité Estatal de Antorcha en Oaxaca, que dirige el Ingeniero Gabriel Hernández García. Y, ahora bien ¿Por qué se difama y calumnia con tanta vileza al líder nacional de Antorcha? ¿Por qué a él, precisamente, se le amenaza de muerte? La respuesta es simple: porque es quien ha salido a defender, a dar la cara, por los campesinos de Santo Domingo Yosoñama, quien ha buscado una solución justa al conflicto y eso incomoda y perjudica los intereses turbios e ilegítimos de quienes atizaron y desencadenaron el conflicto social y, porque es el único líder, capaz, honesto y con la fuerza y firmeza necesarias para encabezar los problemas de los más pobres en nuestro país; es el único, en este México contemporáneo, que ha podido contribuir con su lucha, con su sabiduría y tenacidad y, dando todo su tiempo, juventud y vida para que hoy miles de mexicanos, a lo largo y ancho del país, tengan vivienda, agua potable, luz eléctrica, caminos, escuelas, clínicas, etc., etc.; porque es el único líder social que educa y organiza a los pobres de México para hacer de nuestra patria una patria más justa; porque es un líder que no tiene precio.
Finalmente, ante estos gravísimos acontecimientos y las amenazas de muerte en contra de los líderes de Antorcha, quiero dejar constancia que la responsabilidad principal recae en el gobernador de Oaxaca, por su omisión y complicidad con los delincuentes; consciente estoy, en este caso, a diferencia de Hidalgo, que no fue directamente Ulises Ruiz quien jaló el gatillo, pero es él el responsable de aplicar la ley y de garantizar la paz social y la vida de sus gobernados, y como hasta el momento no lo ha hecho y las amenazas pesan sobre nuestro líder nacional, el próximo 7 de septiembre, en número de 50 mil antorchistas, acudiremos a la Secretaría de Gobernación Federal a solicitar su intervención.
* Colaboraciones anteriores
