En octubre del año pasado, después de varios meses de movilizaciones y plantón, los dirigentes antorchistas de Morelos firmaron un convenio con las autoridades estatales, mediante el cual el gobierno vendió, en facilidades de pago, 300 lotes a igual número de familias que carecen de vivienda. Después de cierta morosidad oficial, todo parecía marchar bien: las asignaciones de lotes se realizaban sin contratiempo y la gente empezó a construir sus humildes viviendas, muy contenta de tener, por fin, donde vivir con sus hijos.
Pero de pronto, un pequeño grupo de políticos locales, entre los que está el Ayudante Municipal de Alpuyeca, empezó a “exigir” que se desaloje a esas pacíficas familias de los mencionados terrenos e, incluso, públicamente anunció la creación de un comando violento para lanzar fuera de esos lotes a los antorchistas, como si éstos fueran invasores o extranjeros perniciosos. Todo esto no es invento mío; ahí están, publicadas en los medios de comunicación, las groseras y agresivas declaraciones de estos sujetos, mismas que conocen las autoridades políticas y judiciales de Morelos, que no han hecho nada para frenarlos.
Este cambio en la situación coincide con la llegada a la administración estatal del Lic. Jorge Morales Barud, político oriundo de la región donde se desarrolla el conflicto que hoy nos ocupa, quien hoy despacha como secretario de Gobierno, es decir, como responsable de la política interna y de la paz social del gobierno panista de Morelos. La llegada de Morales Barud a este puesto y la actitud que ha tomado ante el problema arriba señalado, convirtió un asunto ya felizmente resuelto, en un conflicto que se ha escalado peligrosamente.
Y es que no hay ninguna justificación jurídica para “darles alas” a los que protestan contra el nuevo asentamiento, puesto que el propietario del predio era el gobierno estatal, que a su vez lo vendió, mediante contratos de compra-venta, a los antorchistas; tampoco hay ninguna razón válida para acusar a estos últimos de algún delito o conducta censurable, puesto que se trata de mexicanos pacíficos, con todos sus derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito y residencia en cualquier parte del país, lo que demuestra que los ataques y la desidia oficial para contenerlos son una maniobra política orquestada desde la Secretaría de Gobierno, cuyo titular está de acuerdo con otros políticos que han decidido, contra toda legalidad y principio humanista, que los antorchistas no se asentarán en un municipio que algunos políticos morelenses consideran su coto de caza político.
Esta operación gubernamental se comprueba si vemos la postura del Secretario de Gobierno ante el conflicto: no se ha mostrado enérgico con quienes exigen algo fuera de la ley y lanzan amenazas violentas, sino que, evidentemente, los ha cobijado. Pruebas: le ha solicitado a la dirigencia antorchista que saque a la mitad de las familias de los terrenos que adquirieron, para “tranquilizar los ánimos”; algo inaceptable, en primer lugar porque es una arbitrariedad contra propietarios legítimos, pero además porque es obvio que en el momento en que haya menos familias en el terreno, la presión sobre ellas aumentará hasta que no quede nadie ahí. Esa propuesta amañada y las amenazas veladas, en el sentido de que si no aceptamos él no se hace responsable del enfrentamiento, confirman que el apellido de quien mece la cuna para expulsar a Antorcha de Alpuyeca, empieza con “Mor” y termina con “ales”.
Pero no es ésta la primera ocasión en que el gobierno de Morelos entrega lotes a los antorchistas y luego monta coartadas “sociales” para arrebatárselos. Para demostrarlo hay que remontarse al año 1999, cuando el gobierno estatal, también después de meses de plantón y varios desalojos violentos del mismo, firmó la venta de un predio de su propiedad, ubicado en Ahuatepec, a un grupo de familias antorchistas. Igual que ahora, más tardaron los beneficiarios en empezar a llevar sus humildes pertenencias al terreno, que en aparecer un grupo de “defensores del pueblo”, que “demandaron” que el gobierno desalojara a esos fuereños porque iban a “perturbar la paz del pueblo”, misma que, casualmente, no se había visto perturbada con los miles de lotes que esas mismas personas habían vendido a gente de todo el mundo, asentada en Cuernavaca y sus alrededores. Igual que ahora, las autoridades fingieron negociar con los agresores y presionaron para que se salieran los antorchistas; después, dieron paso a un comando armado que desalojó a las familias que ya vivían ahí, todavía bajo lonas improvisadas; acto violento que nunca fue castigado y sí justificado por las autoridades en turno, como puede comprobarse si se revisa la prensa morelense de aquellos días, llena de denuestos contra los dirigentes y apapachos a los hampones disfrazados de campesinos que ejecutaron el desalojo.
La similitud del operativo es extraordinaria; pero además, en ambos casos hay una constante: la presencia del Lic. Morales Barud, quien ya despachaba, nada más ni nada menos, como el “gobernador de la esperanza”, poco después de rodar la cabeza de Carrillo Olea. El gobernador Morales Barud no tuvo empacho en decir que el desalojo “estaba justificado”, puesto que los antorchistas estábamos lucrando con los lotes (sic).
En ese entonces, el abuso gubernamental detonó un movimiento nacional que inundó Cuernavaca de protestas multitudinarias y denuncias de todo tipo, mismas que se prolongaron hasta que el gobierno enmendó el atropello. Eso es exactamente lo que volverá a ocurrir si violan los derechos de los antorchistas en Alpuyeca o en cualquier parte de Morelos. Por lo pronto, miles de personas marcharán en Cuernavaca el próximo 23 de noviembre, en defensa de su derecho a la organización y a vivir dignamente.
* Colaboraciones anteriores
