A juzgar por la conducta asumida en los últimos meses por algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Fideicomiso Fondo Nacional para la Habitación Popular (Fonhapo), es obvio que el gobierno federal ha decidido endurecer su política respecto a las demandas del Movimiento Antorchista Nacional, por lo que ahora, en vez de ministrar, a cuentagotas e incompletos, los raquíticos recursos que hemos logrado arrancarle después de muchísimas movilizaciones, se dispone a cerrar absolutamente cualquier vía que implique que la organización logre una asignación de recursos federales etiquetados para las decenas de miles de familias pobres que forman el antorchismo nacional. La razón de esa agresión es que no somos panistas y, por lo tanto, los estrategas blanquiazules no ven en nosotros alguna rentabilidad electoral.
Dada la gravedad de esa decisión, abiertamente facciosa, que atenta contra los derechos constitucionales de cientos de miles de mexicanos trabajadores de todo el país, es necesario denunciarla y explicar a la opinión pública por qué hemos iniciado una lucha popular para defendernos de ese agresión, lucha en la que abundarán acciones masivas de protesta, y seguramente también los ataques calumniosos de algunos muy célebres inquisidores con micrófono y pluma.
En primer término, los antorchistas exigimos que nos entreguen los recursos que Sedesol, Fonhapo y la Secretaría de Hacienda escamotearon el año pasado a miles de familias pobres. En el tema de vivienda, en el 2010 el gobierno federal debió entregar 46 millones a más de 4 mil familias antorchistas de 10 estados del país y del Distrito Federal, y otros 25.6 millones al marginado municipio de Chimalhuacán, donde asciende a 30 mil el número de familias que padecen los sinsabores y la promiscuidad de vivir cada una en un solo cuarto. A pesar de que el dinero asignado fue una cantidad casi irrisoria, comparada con el enorme padrón de solicitantes que presentamos y con los miles de millones de pesos que maneja el gobierno federal para ese concepto, el gobierno puso en práctica un operativo burocrático para hacer que el dinero fluyera lo más lento que se pudiera, y así, al finalizar el año, pudiera argumentar que ya no podía entregar ningún dinero porque debían cerrar el ejercicio fiscal. Y así fue, después de miles de dilaciones, entrevistas infructuosas, “caídas del sistema de cómputo”, extravío de expedientes y cambios de formatos, los maniobreros funcionarios lograron su propósito: llegó diciembre y quedaron sin entregar la totalidad de los recursos de Chimalhuacán y cerca de 26 millones a familias antorchistas de diversos estados; o sea, entregaron menos de un tercio de lo acordado. ¿Dónde quedó el dinero no entregado? ¿En algún fondo electoral panista para éste y el próximo año? Son preguntas que ni Hacienda ni Sedesol, han querido respondernos.
Con el nuevo año, los antorchistas nos enteramos de la segunda parte de la irritante maniobra. No sólo han desaparecido los fondos que reclamamos, sino que, con dedicatoria al Movimiento Antorchista y todo grupo o persona que no forme filas dentro del panismo, el gobierno federal nos informó con todo cinismo que cambió las reglas de operación para este año, para que las organizaciones no puedan participar como gestoras de recursos de vivienda para sus agremiados, sino que todo trámite debe hacerse por medio de los municipios.
Todos sabemos que en este cambio de reglas que pretenden imponer no hay un afán justiciero de darle su lugar al municipio como célula de la administración pública, sino que es una mañosa forma de esquivar los reclamos directos que cada vez con mayor frecuencia le hacen los ciudadanos directamente a las dependencias federales, al mismo tiempo que un canal controlado por el gobierno federal para apoyar electoralmente a quienes le sean afines; una vez que se apruebe que los recursos de vivienda “bajen” a través de los municipios, van a favorecer a los gobernados por el PAN y sus aliados. Si así no fuera, si tanto respetaran a las administraciones municipales y verdaderamente fueran imparciales, no batallaríamos tanto por hacer que le entreguen el dinero comprometido al municipio de Chimalhuacán, que es gobernado por un destacado antorchista.
Este 2011, los antorchistas cumplimos 37 años de luchar contra la pobreza y contra los que quieren eternizarla en nuestro país porque gozan de privilegios de todo tipo. Nos hemos enfrentado muchas veces a operaciones políticas y mediáticas que buscan que se confunda la causa con el efecto y la emprenden contra nosotros como si fuéramos los causantes de la inconformidad de los millones de pobres, que hacen mayoría entre los mexicanos y que protestan porque exigen un cambio social que elimine las diferencias sociales radicales. Por eso no vamos a amilanarnos ante este nuevo episodio de lucha, que seguramente nos hará blanco de ataques imbéciles y rabiosos. Hoy como siempre, el antorchismo nacional sabrá ponerse en pie para defender sus derechos y para hacer honor al puesto de vanguardia que ha ganado ya entre esos millones de mexicanos que luchan por hacer una patria equitativa donde, entre otras cosas, todos comamos lo suficiente y nadie tenga que vivir en casas hechas con basura. Por eso, el próximo jueves 3 de febrero, varios miles de mexiquenses y capitalinos marcharemos a las oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a exigir que se detenga esta abusiva operación contra el antorchismo. Al mismo tiempo, en diez estados del país, habrá combativos mítines de denuncia en las delegaciones de la Sedesol.
* Colaboraciones anteriores
