El 24 de febrero de 2005 fueron despojados 34 campesinos de 208 hectáreas por parte de otro grupo de campesinos, quienes con armas punzo-cortantes y armas de fuego obligaron a los campesinos a abandonar las tierras cuya propiedad y posesión fue otorgada por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al ser dotados de esas tierras que fueron adquiridas a un pequeño propietario, quien en apariencia vendió el predio sin tener ningún problema. Los campesinos despojados hicieron las denuncias correspondientes e iniciaron la lucha por que las autoridades, tanto estatales, como federales, hiciesen justicia para que los campesinos recuperasen los su propiedad. Hasta la fecha ni se ha castigado a los despojadores, ni se han podido recuperar las tierras.
Durante más de 20 años los campesinos pertenecientes al ejido “Nuevo Quesería” han luchado por obtener tierras, por poder tener un patrimonio y una fuente segura de ingresos para sostener a sus familias. Sin embargo, la igual que otros campesinos de todas las latitudes del país, han sido objeto de la insensibilidad e incapacidad de los funcionarios para que se resuelva su problemática.
Vuelvo a tratar en mi colaboración semanal de Ecos de la Costa el grave problema del Ejido “Nuevo Quesería”, obligado por la nula respuesta que los funcionarios de la SRA, quienes en mayo de este año aceptaron hacer la denuncia penal por delito de fraude en contra del propietario que en noviembre de 2004 le vendió a la SRA 208 hectáreas para que esas tierras fuesen entregadas al “Ejido Nuevo Quesería” en forma de dotación. Aceptó también la SRA que la Procuraduría General de Justicia de Colima (PGJC) le entregó las copias del expediente de la averiguación previa que se empezó a integrar en octubre de 2004, es decir, apenas tres semanas antes de que se efectuara el contrato de compraventa en el que se adquirió el predio ubicado cerca de Aguazarca, Coquimatlán, lo cual, sin ninguna duda constituye el delito de fraude por parte del vendedor de nombre Guadalupe Morentín y de su apoderado legal Vicente Torres.
Mi insistencia por tratar el asunto de Nuevo Quesería en esta nueva ocasión no es sólo porque los campesinos afectados pertenezcan al Movimiento Antorchista de Colima, sino es, fundamentalmente, porque han pasado ya casi tres años de habérseles entregado las tierras y de habérseles despojado de las mismas, lo que motivó la denuncia en octubre de 2004. El problema, como puede observar cualquier ciudadano desprejuiciado, ya estaba, como se dice en la jerga legal “viciado de origen”, pues se ocultó por parte del vendedor algo que no hacia posible la transacción; por tanto, hubo fraude. Pero, si esto lo sabe la SRA desde hace mucho tiempo entonces ¿Por qué no ha procedido legalmente? ¿Por qué sigue sin actuar cuando en sus manos está el expediente de la averiguación previa, que es la prueba, fehaciente e irrefutable de que el vendedor actuó de mala fe y vendió un problema a la federación? O ¿Acaso los funcionarios de la SRA encargados directamente de hacer la compraventa, sabían de la denuncia penal de octubre de 2004 y, aún así, procedieron a realizar la transacción en noviembre de ese mismo año?
En mayo de este año en las oficinas centrales de la SRA en la Ciudad de México los funcionarios de la dependencia federal ofrecieron hacer la denuncia penal para poder avanzar en la solución del problema. Incluso, se les propuso por parte de la organización que se adquiriese otro predio de las mismas características y tamaño del que ha sido objeto de conflicto para acabar con el problema. A esta propuesta la SRA, argumentó -creo que con justa razón- que la dependencia no podía hacer una compra mientras no se iniciara el proceso penal en contra del responsable(s) de la venta fraudulenta. El Movimiento Antorchista, aceptó de buena gana, sobre todo porque hay razones legales suficientes. Sin embargo, lo que parecía cuestión de uno días, se ha convertido en una negativa, pues, en los hechos la denuncia penal no se ha hecho, el compromiso duerme tranquilamente “el sueño de los justos”, mientras que los campesinos todavía esperan que las autoridades que cometieron -cuando menos- un error, subsanen sus hierro; y la SRA a 6 meses de hacerse el compromiso parece que habérsele olvidado el compromiso y no ha movido un dedo para que se inicie la averiguación previa, se consigne y se pueda, por fin atender a los campesinos.
* Colaboraciones anteriores
