El 7 de diciembre del año en curso, se presentó en las oficinas del presidente municipal de Coquimatlán, Florencio Llamas Acosta, un nutrido grupo de colonos pertenecientes a la colonias Jardines de Llano, 1ª, 2ª y 3ª secciones. El motivo de la entrevista con el edil fue, como en otras ocasiones, para volver a solicitarle al edil la atención a urgentes problemas: la introducción de los servicios de agua y drenaje, la regularización de las colonias, etc. No crea usted, amigo lector, que estas peticiones se están haciendo al municipio repentinamente, “rayo en cielo sereno”. No, en realidad se han planteado las demandas desde hace más de 4 años. Las peticiones han sido realizadas por humildes colonos que pagan impuestos, que viven honradamente de su modesto trabajo, que no son delincuentes y que en todo lo que se ha podido, siempre, han aportado su esfuerzo personal para lograr que el Estado al que pertenecen sea productivo, sea pacífico y siga progresando.
Pero, como ocurre en otros lugares del país, sus peticiones han sido rechazadas por los gobiernos municipales con “argumentos” legaloides que sólo eluden la aplicación de lo que está preceptuado en la Ley Orgánica Municipal de Colima en su artículo 17, fracción V, precepto que le otorga a cualquier vecino el derecho de proponerle a las máximas autoridades municipales “las medidas y acciones de utilidad pública” ¿Puede ser o no de utilidad pública el beneficiar a cientos de colonos pobres dotándolos de servicios públicos y coadyuvando a la regularización de sus colonias?
El presidente Florencio Llamas en esta visita que tuvieron los colonos pertenecientes al Movimiento Antorchista de Colima acusó a la organización y los dirigentes que la encabezan de dedicarse a “hacer negocio con la venta de lotes” e, incluso de “cometer fraudes con la reventa de esos mismos lotes”. Por esta razón, el edil condicionó tanto el avance de la regularización como a la introducción de los servicios a la sorpresiva medida de que “pagaría un notario público para hacer él la entrega a cada colono de sus respectivo lote y después proceder a la regularización de las colonias”.
Es decir, amigo lector, que el edil puso de pretexto, en esos momentos, un supuesto enriquecimiento de los dirigentes locales de Antorcha y, también puso de pretexto el supuesto hecho de la comisión de fraudes de esos mismos dirigentes, esto, para condicionar tanto la regularización como la introducción de servicios. Sin embargo, el edil no ha demostrado en ningún momento, que haya existido lo que él llama “enriquecimiento” de los dirigentes, ni ha demostrado la supuesta “defraudación” por parte de los mismos. Lo que se viene a evidenciar ahora, con meridiana claridad, la nueva acusación del edil es: lanza acusaciones sin fundamento para tratar de desprestigiar a Antorcha con falsedades para así justificar las medidas que él está proponiendo, es decir, obligar a los colonos a someterse a su control, anulando el derecho libre y soberano de los ciudadanos (consagrados en los artículos 8° y 9° de la Constitución) de gestionar, de proponer y solucionar sus problemas mediante su propia organización. Los colonos, por supuesto, al escuchar las acusaciones sin fundamento, rechazaron las aseveraciones del Presidente, y salieron de sus oficinas con el amargo sabor de boca de no ser respetados en sus elementales derechos de organización y petición.
Al hacerle la observación los colonos al presidente de Coquimatlán sobre el hecho de que en otros municipios, tanto el Gobernador del Estado como los presidentes municipales de Colima y Minatitlán, han escuchado con un alto grado de sensibilidad social las peticiones de los colonos pertenecientes a nuestro movimiento y han procedido a aportar los recursos para resolver las demandas de servicios, el presidente se constriñó a señalar que su “municipio -Coquimatlán- tiene autonomía y por tanto puede decidir sobre el destino de los recursos sin que nadie le señale nada”, “yo no quiero ir a la cárcel por violar la ley”. Los colonos -y es inevitable que ocurra así-, simplemente, se quedaron atónitos, nadie, claro está quiere que la ley se viole, simplemente los colonos esperan que sus demandas sean resueltas y se respete sus derecho de petición y organización.
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