En su obra cumbre, El Espíritu de las Leyes, Charles Louis de Secondat, más conocido como Barón de Montesquieu, estableció en 1748 que para que un Estado fuese verdaderamente democrático, era necesario que ese Estado estuviese dividido en distintos poderes, cada uno de los cuales debiesen manifestarse como contrapeso para los otros, de tal forma que si alguno de estos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se excedía en sus funciones atropellando el derecho de los ciudadanos, los otros poderes frenasen con su pronta y eficaz acción la conculcación de las garantías legales. Fue tan importante el impacto, que el destacado ilustrado tuvo con su doctrina del Derecho y del Estado, que muchos pensadores, políticos, sociólogos y gobernantes, no sólo la aceptaron como racional, como necesaria para lograr una sociedad que eliminase las terribles arbitrariedades, los inhumanos abusos de los gobiernos absolutistas, despóticos que por entonces vivían su ocaso en el horizonte histórico de la vieja sociedad europea, que vivía por entonces los estertores del feudalismo.
Para Montesquieu, era imprescindible que el Estado aplicara con verdadero espíritu de justicia, de equidad legal y política para todos los ciudadanos, sin distingo de condición económica y social, los preceptos legales, las decisiones de los jueces, de las fiscalías y de los gobernantes en general. Todo esto para combatir los atropellos, las injustas decisiones de malos gobernantes y de las camarillas de los poderosos. Por eso Montesquieu sostenía que lo peor que podía pasarle a un Estado es que todos sus poderes estuviesen concentrados en un solo individuo, o en un grupo de individuos que ejerciesen un poder omnímodo, sin cortapisas, sin freno alguno que los controlase.
La teoría expuesta en El Espíritu de las Leyes, desde su aparición hasta la fecha, ha inspirado a casi todos los Estados llamados democráticos. Casi sin excepción, los Estados capitalistas actuales sostienen esa división de poderes.
Pero en varios lugares del mundo –incluido nuestro país-, esa división de poderes se manifiesta sólo en apariencia, pues aunque formalmente las Constituciones políticas de las naciones, establecen la división de poderes y, por ende el sistema de contrapesos, en los hechos sólo existe en ellas una sola supremacía que controla férreamente, como en los buenos tiempos del Absolutismo todo el poder; la misma democracia es formal, es sólo una mascarada.
Esa mascarada existe en el estado de Querétaro. Sin ningún tapujo, cínica y ostentosamente este gobierno encabezado por Francisco Garrido Patrón reprime a los campesinos de la comunidad de La Piedad, municipio del Marqués. El pasado 29 de septiembre 250 granaderos, pertenecientes a la corporación estatal de la policía, armados hasta la dentadura, arremetieron contra los pobladores de esa comunidad, para desalojarlos con exceso de violencia del pozo de agua potable que custodiaban, pozo que fue construido hace 30 años por los mismos pobladores para abastecerse cotidianamente del preciado liquido. El pozo, desde que se terminó su construcción, la comunidad decidió que su administración debiese recaer en un comité electo democráticamente cada 4 años. El primer comité lo encabezó Roberto Hernández Barrón, individuo ambicioso, quien con artimañas legales logró adjudicarse la propiedad del mismo, de tal forma que, al cumplirse su periodo, y hacerse necesaria la elección de un nuevo comité, se negó a entregarlo a la comunidad. Desde entonces sucedieron todo tipo de abusos en la administración del pozo: cobros excesivos a los habitantes, negación de la dotación de agua a los que se oponían a sus fechorías, etc. La comunidad de La Piedad ante estos atropellos decidió posesionarse del pozo y administrarlo de forma democrática.
Pero da la “casualidad” de que Hernández Barrón es cuñado del actual Secretario de Gobierno del estado de Querétaro, el perverso “dedo chiquito” de Garrido Patrón, Alfredo Botello Montes, quien ordenó el brutal desalojo y, lo peor, ordenó la detención de 23 personas (8 fueron liberadas por ser menores de edad), de las cuales, 14 están en estos momentos sujetas a proceso penal, inculpadas por los delitos de “sabotaje”, “peligro de devastación” y “resistencia de particulares”, delitos graves, por los que no pueden obtener libertad bajo caución. El juez penal, (el poder judicial), expedito, oficioso a las órdenes del poder ejecutivo está ayudando a la prefabricación de delitos. Se repiten las trampas, la invención de hechos “jurídicos”, como en el caso de la Profa. Cristina Rosas, quien estuvo casi 3 años en la cárcel. Una vez más se comprueba que con los gobiernos de derecha no existe la división de poderes, no existe la democracia de la que tanto alardean; no existe la legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos. Existe un solo poder brutalmente dictatorial. Antorcha al igual que en el caso de Cristina Rosas no dejará de luchar hasta ver en libertad a los campesinos y al miembro del comité estatal de Querétaro, Rubén del Río Alonso.
* Colaboraciones anteriores
