Coincido plenamente con aquellas voces que exigen que la reforma energética -que tanta polémica e inquietud ha despertado en vastos sectores de la población mexicana ha despertado-, debe tener como soporte esencial dos condiciones importantes previas a la aprobación de la nueva ley que regule la situación de Pemex y de la extracción, procesamiento industrial y comercialización del crudo y sus derivados. Estas dos condiciones son, primero: la más importante empresa estatal del país debe informar con mucha claridad, precisión y objetividad el estado real de la empresa, es decir, responder a interrogantes que muchas veces nos hemos hecho los ciudadanos de a pie, los que vivimos de un modesto trabajo y con ingresos apenas indispensables, en el menor de los casos, para salir adelante en nuestra problemática económica, y, totalmente insuficientes por no decir verdaderamente miserables e inhumanos en la inmensa mayoría de los que conformamos la población mexicana, que, como se ha dicho hasta el cansancio, representamos más del 70% de la población.
Estas interrogantes son, como coincidirá seguramente conmigo amigo lector, de este orden y talante: ¿Está probada la existencia de las “inmensas” reservas de crudo que, según la propaganda del gobierno federal, se encuentran en las aguas profundas del Golfo de México, existencia supuesta que, ha inspirado la campaña mediática del gobierno federal para “convencer” a los mexicanos de la necesidad de extraer el crudo con la participación decisiva del gran capital nacional y extranjero? ¿Es necesario extraer el crudo en aguas profundas o, como sostienen varios especialistas en la materia, todavía hay petróleo en grandes cantidades en las llamadas aguas someras del Golfo y en la parte continental del país? ¿Con cuánto dinero se quedan como ganancias actualmente, las cerca de 39 mil empresas privadas que en estos momentos trabajan, tanto en perforación, como en transporte e industrialización del crudo extraído por Pemex? ¿Cómo se distribuye realmente ese 60% de recursos fiscales que salen de la paraestatal para integrar ese cerca del 40% de los recursos presupuestarios del estado mexicano; en dónde realmente se quedan esos inmensos recursos, acaso se utilizan en los altísimos sueldos de los funcionarios federales o estatales? El gobierno debe responder también a esto ¿Por qué sí tenemos tanto petróleo y durante décadas Pemex ha sido la gran amamantadora del Estado, la inmensa mayoría de los mexicanos nos encontramos en la pobreza y en la pobreza extrema, viviendo con menos de dos dólares al día? ¿Qué hay de la gran corrupción que muchos analistas sostienen, corroe hasta la médula a la gran paraestatal, qué ha hecho el gobierno actual por frenar esa corrupción? ¿Por qué la gasolina, por ejemplo, en México, gran productor de crudo, es mucho más cara que en otras naciones del mundo, productoras de petróleo, en donde el combustible es hasta diez veces más barato? ¿Cuánto dejaría de percibir en recursos el Estado mexicano si las ganancias se las llevarían, total o parcialmente, en caso de “asociarse” a las empresas privadas? Por tanto ¿De dónde obtendría el Estado mexicano esos ingentes recursos para cubrir el gasto corriente del aparato gubernamental, y, el gasto en las obra públicas? ¿Es necesario, en estas condiciones entregar a la iniciativa privada, aún más, lo que es patrimonio de todos los mexicanos? etc., etc.
En segundo lugar, después de brindarle al pueblo de México la transparencia real del Estado de la gran paraestatal, permitirle a todos los sectores sociales del país, pero especialmente al pueblo trabajador, que constituye la inmensa mayoría de la población del mismo, emitir su punto de vista, permitir que el pueblo se exprese mediante plebiscito, mediante verdadera consulta democrática y no como se pretende en estos momentos, mediante una aprobación legislativa, que cómo ocurrió con la “reforma fiscal”, sólo permitió que ésta fuese totalmente favorable a los intereses de los grandes potentados del país.
* Colaboraciones anteriores
