Vuelvo a este tema, amigo lector, porque a pesar de que cientos de colonos afectados por las pillerías de dos individuos inescrupulosos que han cometido un gran número de fraudes en contra de esas familias de escasos recursos económicos, andan libres e intentando engañar a más personas incautas. Desde hace 4 años muchos de los afectados le solicitaron al gobierno del Estado su pronta y justiciera intervención, para que se les pudiese hacer entrega de los lotes que fraudulentamente les vendieron los hermanos Miguel y Benjamín Ramos Aguilar. En 2005, como hemos informado hasta el cansancio, los hoy procesados penalmente firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a entregar a los colonos organizados en Antorcha Popular, la parte correspondiente al número de lotes no entregados –muchos de ellos revendidos hasta en tres ocasiones-, acuerdo que jamás cumplieron, a pesar de que ese acuerdo fue suscrito por el entonces secretario general de gobierno, Juan José Sevilla Solórzano.
En la mayor parte de este tiempo los hermanos Ramos Aguilar han estado tras las rejas, o bien, escondiéndose de la justicia, ya que un buen número de colonos defraudados hicieron las denuncias penales correspondientes, se integraron las averiguaciones previas y se consignaron ante los jueces penales I y II de la ciudad de Colima. Sin embargo, desde hace aproximadamente dos meses, los delincuentes se pasean por los terrenos que vendieron tratando de convencer a algunos colonos de que ellos “son los dueños y que, por tanto, sólo ellos pueden seguir llevando los asuntos de la colonia”. Claro está que los colonos no han hecho caso a semejantes mentiras, pues, después de varios años de conocer los fraudes cometidos y las trácalas a que se han acostumbrado estos vividores, han rechazado tener trato con ellos. Y más aún, el “nuevo argumento” de que ellos, los Ramos Aguilar, “son los legítimos dueños”, sólo produce en los colonos mayor indignación, una verdadera molestia por el cinismo ramplón con que ahora pretenden seguir haciendo fechorías.
Lo que ha llamado grandemente la atención de los colonos, asómbrese usted, amigo lector, es el hecho de que en las últimas semanas, los dos defraudadores se han presentado en la colonia los días que hacen asamblea los colonos, acompañados por camionetas de la policía estatal en las que por lo menos siete elementos de esa corporación, que teóricamente tiene como objetivo primordial el cuidar a la ciudadanía de los delincuentes, se presenta por los terrenos como si los delincuentes fuesen los colonos. Los hermanos Ramos Aguilar, además, han estado soltando la especie que hay “gente del gobierno que los protege” y que por eso, “nadie les puede hacer nada”. Esto es muy grave, pues, de ser cierto que alguien “apadrina” a los delincuentes, estaremos, desgraciadamente, ante un inocultable acto de injusticia, y un acto completamente ilegal, por el lado que se le pueda mirar ¿Por qué?
En primer lugar porque es falso que los hermanos Ramos Aguilar sean los dueños de los lotes vendidos, toda vez que cientos de colonos les pagaron esos lotes y, por tanto, pertenecen, sin duda alguna, a los colonos. Incluso algunos de ellos ya edificaron sus respectivas viviendas, y otros han empezado a construirlas ante el incuestionable hecho de que ya no pueden seguir pagando las altísimas rentas de las casas o cuartos en donde viven actualmente, rentas que llegan a consumir hasta la mitad de sus raquíticos ingresos.
En segundo lugar, no pueden ser dueños de lo que ha motivado todas las denuncias penales en contra de ellos mismos. ¿Cómo pueden tener tanto cinismo estos galafates cuando amenazan a los colonos defraudados de quitarles lo que es motivo de un proceso penal en contra de ellos?
En tercer lugar, ¿puede haber alguien que ordene a la policía prestarse a la protección de semejantes delincuentes a pesar de que son cientos los ciudadanos afectados por la comisión de delitos, a pesar de que son cientos las familias que sólo claman justicia porque se ve en peligro su pequeño patrimonio? Y, por tanto, ¿acaso no debiesen de actuar con más determinación las autoridades, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo del Estado ante la lentitud para la aplicación de las medidas justas para resolver un problema añejo que afecta a muchos colimenses? Juzgue usted amable y atento lector.
* Colaboraciones anteriores
