Desde antes que la derecha tomara el poder federal en el país, la tendencia a ignorar y negar la atención a las demandas a los colonos, estudiantes y campesinos por parte de muchos gobiernos estatales y municipales en todo el país ya existía. Pero era menos aguda, menos dura esa posición que atenta contra los derechos de organización y petición de los ciudadanos mexicanos que menos recursos económicos tienen, y que constituyen la inmensa mayoría de desamparados de la población mexicana.
Como se sabe bien, en varios estados de la República Mexicana en donde gobiernan los derechistas más acendrados (v. gr. Querétaro) las organizaciones sociales que defienden a los mexicanos más pobres, han querido ser desaparecidas utilizando la represión abierta, como el encarcelamiento de los líderes de colonos y campesinos. Ésta derecha sostiene -pisoteando descaradamente la Constitución- que los ciudadanos, sobre todo los pobres, deben hacer sus gestiones de forma individual, nunca de forma colectiva, nunca de forma organizada. A todos los neoconservadores del país, al parecer, no les ha quedado claro que los derechos más importantes del pueblo, como son el derecho de vivienda digna, educación para los hijos, atención médica adecuada, de empleo seguro y remunerativo, y, también, de manera particularmente importante para defender los anteriores derechos, los derechos de organización, de petición, de manifestación, etc., todos estos derechos han costado la vida de millones de mexicanos que en las distintas revoluciones que se han dado a través de la historia del país (desde la Guerra de Independencia, hasta la Revolución Mexicana de principios del siglo XX). Este “olvido” de los gobernantes de derecha no es ninguna casualidad ni ha brotado como por arte de magia; en realidad, con su intento por desaparecerlos, se vuelven a manifestar los viejos intereses reaccionarios de las clases poderosas por mantener maniatado, sumiso, sin forma de defenderse, al pueblo pobre de México, buscando con esto impedir que se haga un reparto más equitativo de la riqueza social.
Sin embargo, al igual que en otras etapas de la historia del país, tratar de evitar que el pueblo trabajador del país ejerza sus derechos, es una política que conduce a los mismos peligrosos resultados, conduce a que el pueblo se rebele y busque éste mismo pueblo lograr con métodos ya no pacíficos, lo que se pudo y debió hacer mediante políticas legales justicieras, menos depredadoras y mucho más humanas que las que, al aplicarse sin previsión histórica, llevan a la polarización social.
El Movimiento Antorchista de Colima, fiel a los preceptos de nuestra Carta Magna -que ahora, con motivo de las discusiones sobre la Reforma Energética entre destacados juristas, escritores, politólogos, etc., es denostada, acusada por algunos de ellos de tener una carga “ideológica”, de “nacionalismo trasnochado”, acusaciones que sólo sirven para justificar su posible modificación para satisfacer los objetivos de los potentados del mundo y de México- ha solicitado atención a las demandas de los colonos, campesinos y estudiantes que conforman a nuestra organización, siempre buscando ser escuchados, privilegiando la gestión, la búsqueda de soluciones mediante el diálogo respetuoso. Pero también, como es del conocimiento público, Antorcha ha tenido que recurrir a las movilizaciones, es decir a tenido que recurrir a las marchas y mítines, dada la cerrazón de algunos funcionarios. Y ahora, una vez más, los antorchistas saldremos a manifestarnos, pues, el Presidente Municipal de Colima, Lic. Mario Anguiano se ha negado a resolver la problemática de cientos de familias colimenses de escasos recursos, pertenecientes a las colonias Pablo Silva, Las Torres, Unidad Antorchista I; II y III secciones, Francisco Villa, El Mirador I; II Y III, Moctezuma , Prados de la Estancia, , Cardona, Torres Quintero y otras. A peticiones, tales como: empedrados, machuelos, limpieza de terrenos, programa de impermeabilización, electrificación, etc., ha dicho que sólo dará 300 mil pesos para todas las colonias, una verdadera “ganga”, que, por supuesto, no serviría para resolver las ingentes necesidades de muchas familias de las más humildes del estado.
Es cierto que, de palabra, el gobierno municipal, reconoce el derecho de petición, y de organización, pero, ya en los hechos se niega esos derechos al negarse a resolver la problemática. Definitivamente que no queremos absorber, como a veces se ha llegado a manejar por algunos funcionarios, “todo el presupuesto del Ayuntamiento”. Falso. Sólo solicitamos lo que es posible, lo que está al alcance de la Alcaldía. Ante las negativas de la Presidencia marcharemos el próximo 30 de mayo por las calles céntricas de Colima.
* Colaboraciones anteriores
