El problema de la vivienda se ha agravado en todo el país, pues, a pesar de que se han creado institutos de vivienda -es decir organismos gubernamentales que se dedican construir vivienda “barata” para los sectores más pobres de la población mexicana- en todos los estados de la República, los resultados no son de alagar, ni mucho menos, pues es bien sabido que a lo que se han dedicado estos Institutos es a construir en la mayoría de los casos, casas que no pueden representar de ninguna forma, la verdadera solución a las necesidades de las familias proletarias del país; las casas construidas por los institutos de vivienda, son muy pequeñas, sus espacios son tan reducidos, que, sin exagerar, la sabiduría popular denomina a las mismas como “pichoneras”; las habitaciones de esas casas son apenas de dos metros y medio por tres, y no pasan de ser dos habitaciones: un dormitorio y una cocina, con un pequeño baño. No podemos dejar de imaginarnos lo que esto significa en cuanto a higiene y salud, en cuanto a la necesidad de evitar la promiscuidad, los problemas intrafamiliares y los problemas derivados de esas condiciones como la violencia y la desintegración de la familia.
Pero el problema no termina ahí; también estas mini-casas están construidas con materiales de mala calidad, pues, no son propiamente las intenciones de los promotores sociales y las empresas que trabajan para ellos, el brindar un mínimo de calidad para que las viviendas sean dignas para habitarse por seres humanos, al contrario, por ejemplo, al llegar la temporada de lluvias estas casas se trasminan a tal grado que, del techo de las mismas aparecen tantas goteras que las familias sufren inclemencias del tiempo como si estuvieran fuera de la vivienda. También a los pocos días de ocupar las casas, todo tipo de desperfectos aparecen en puertas, ventanas, en los retretes, en los lavamanos, etc. Si a todo esto, le agregamos el hecho de que en algunas entidades federativas –como es el caso de Colima, donde los terrenos andan hasta en más de cien mil pesos- los precios de las viviendas son tan altos (aún con el apoyo federal para que los beneficiarios obtengan el llamado apoyo para el “pie de casa” que es de 32 mil pesos aproximadamente), que aunque es cierto que los colonos adquieren créditos con plazos relativamente largos, lo real es que un gran número de familias, se atrasa en los pagos y terminan por declararse insolventes, pues, muchos de esos colonos ganan salarios miserables, algunas mujeres enviudan o hay miles de familias en donde el jefe de familia enferma, fallece o pierde el empleo, lo que imposibilita a la familia seguir pagando el crédito. Las cifras de las familias que devuelven las casas “de interés social”, es de decenas de miles en todo el país. Los que tuvieron el sueño de tener su “propia” casa regresan a rentar cuartos que son verdaderos cuchitriles.
El triste e inhumano calvario que sufren millones de mexicanos, es interminable, pues, resulta que ahora está de moda satanizar a las organizaciones que, sin salirse de la ley, -pues el artículo 4º de la Constitución garantiza el derecho a la vivienda como uno de los derechos más inalienables de los mexicanos, y el artículo 27 de la misma Carta Magna garantiza entre otras cosas la obligación de los gobiernos a otorgar atención a la demanda de servicios-, muchos gobernantes pagan costosas campañas para denostar la lucha de colonos que buscan una alternativa más justa, más económica de vivienda. Si buscan comprar algo digno, se les acusa a estos colonos de “irregulares”, de “ilegales”, y a los líderes que se atreven a encabezar la lucha por este tipo de demandas, se les califica, por las plumas al servicio de los poderosos intereses políticos y económicos de “vividores”, “estafadores”, “promotores de crecimiento desordenado del crecimiento de la ciudad”, etc., etc. Lo cual, la más de las veces, es totalmente falso, pues los colonos en la gran mayoría de los casos, respetan el plan de crecimiento, de las ciudades, hacen sus trámites de forma legal, pero son combatidos en sus aspiraciones por no encuadrar en los intereses de gobernantes y empresarios.
No quieren lo poderosos intereses que los pobres se organicen y formen su propia colonia, pues esto no les permite hacer sus grandes negocios con la venta de casas, que, son por lo regular, muy caras. Por tanto los gobiernos aplican la política de que “aquí nada más hay de dos sopas”. O bien adquieres al gobierno, o bien, adquieres a las empresas privadas. Pero nos asaltan las dudas a muchos mexicanos ¿Cómo quieren combatir la delincuencia, la desintegración familiar, los malos hábitos, y mucho problemas graves de los mexicanos, si los gobiernos mismos propician todo esto con su política en materia de vivienda? ¿Por qué no se aplica una política más justa, política que permita al pueblo decidir con mayor libertad, y respetando, claro está, la Constitución de la República, ayudar a acabar con las causa que genera un muy mala política en materia de vivienda?
* Colaboraciones anteriores
