No cabe duda que en todos los lugares del planeta en donde hay profundas diferencias en el reparto de la riqueza social, los descamisados, los pobres del mundo siempre han tenido que utilizar como principales armas dos principios legales establecidos en las legislaciones de las naciones que consideran democráticas: el derecho de libre organización y el derecho a la libre manifestación. También es cierto que en todo el globo terráqueo son los grupos plutocráticos, los grupos de la derecha recalcitrante los que quieren eliminar en las legislaciones esas dos importantes armas de defensa de los pobres. Esos dos derechos no fueron conseguidos de la noche a la mañana; no han sido graciosas concesiones de los potentados o de los gobernantes misericordiosos. En Francia la ley Le Chapelier, que prohibía los sindicatos so pena de cárcel, prevaleció casi un siglo. El argumento que la clase capitalista sostuvo desde 1789 para mantener vigente durante décadas a esa oprobiosa ley consistió en señalar que “era una lucha desigual la que entablaban los obreros frente a sus patrones, pues era una lucha de muchos contra uno o unos cuantos individuos” y, por tanto, para establecer un plano de “igualdad” era necesario que los obreros, sí querían resolver alguna demanda -como pudiese ser un aumento salarial o la mejora en las condiciones de trabajo-, era necesario que el obrero luchase sólo, imagínese amable lector un obrero sólo frente al inmenso poder de un empresario. Así los capitalistas franceses mantuvieron a la clase trabajadora, maniatada. En 1864 esta ley Le Chapelier fue derogada ante la fuerte presión que ejerció la clase obrera de Francia, país en el que, como dijo Engels, “… las luchas históricas de clases se ha llevado hasta sus últimas consecuencias, más que en ningún otro sitio”.

    Hoy en día vemos que la derecha, encaramada en el poder, pretende instaurar un régimen en el que los ciudadanos pobres, que constituimos la inmensa mayoría de la nación, se nos limiten primero, y luego de ser posible, se eliminen los derechos de organización y de manifestación. Por ejemplo, en casi todo el territorio nacional las organizaciones sociales se topan cuando van a hacer alguna gestión a favor de sus agremiados con la misma postura de los funcionarios de distinto pelaje partidista, los cuales no tienen ningún empacho en decirle a los colonos, campesinos, obreros, pequeños comerciantes, amas de casa, etc., que ellos “sólo atienden a ciudadanos y no a agrupaciones”. Violan con esa postura la Constitución y pretenden con esto regresar a las épocas de la ley Le Chapelier, es decir, esos funcionarios (que en honor a la verdad son en la aplastante mayoría del PAN), son reaccionarios que pretenden reestablecer lo ya abolido, lo ya superado y que perjudicaba a las grandes masas trabajadoras.

    A últimas fechas conocidos militantes del PAN en el Distrito Federal, han vuelto con sus prédicas para “normar el derecho de manifestación, para limitar (o si es posible eliminar en los hechos) el derecho a realizar marchas, mítines o plantones. Su argumento es parecido al que utilizó hace más e doscientos años el abogado bretón, Isaac Le Chapelier cuando argumentó en contra de la existencia de los sindicatos. Ahora los enemigos del derecho a la libre manifestación sostienen que las marchas, etc., “afectan a terceros”, “atentan contra el libre tránsito de la ciudadanía”, “crean espectáculos que afean al paisaje citadino”, y, por tanto “alejan al turismo y afectan a los comerciantes”, etc., etc. O sea que por encima de las grandes necesidades de las mayorías, como puede verse claramente están los derechos de “terceros” pero ¿Quiénes son los “terceros” perjudicados? Hay en este “argumento” un sofisma, pues, cuando hay una manifestación de decenas de miles de personas en cualquier ciudad hay, por obvias razones, un incremento en las ventas de muchos pequeños comercios, por la simple y sencilla razón de que esos miles de manifestantes consumen alimentos, bebidas, etc. falso que sean afectados los comercios. Muchos turistas se congratulan de tener la posibilidad de ver una manifestación. Cuando se habla de perjudicar a los automovilistas, no se puede olvidar que son las autoridades competentes las que no resuelven los problemas de miles de personas, y, por tanto, son las verdaderas causantes de las manifestaciones y, sí es tanto el interés de los funcionarios chapelerianos el que no haya manifestaciones públicas, la salida no puede ser otra que resolver las demandas de los manifestantes, pues no se puede argüir en contra de un grupo de ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales, cuando la solución está en manos de las autoridades. Pienso que en lugar de tratar de limitar los derechos de organización y de manifestación, debiesen nuestros sesudos legisladores, pensar en como establecer nuevas leyes en la que se sancione a los funcionarios que, por ineptitud, por razones políticas mezquinas, antidemocráticas y antipopulares no atiendan las demandas o cometan arbitrariedades en contra no sólo de “terceros”, sino en general de cualquier ciudadano.

* Colaboraciones anteriores