Leí el día de hoy en un diario de circulación nacional una interesante columna -antes de escribir esta modesta colaboración-, en donde se mencionan datos sobre la montaña de dinero que ha erogado el gobierno para financiar a los partidos políticos desde hace 10 años. El artículo de referencia es firmado por el columnista del diario La Jornada, Carlos Fernández Vega y la columna se titula México S. A.; es interesante porque los datos vertidos ahí, nos dan una clara idea de lo caro que ha resultado nuestra “democracia”, y los nulos resultados que ha dado a la sociedad, en particular al pueblo trabajador, que constituye la inmensa mayoría del país. Por ejemplo se dice en la columna de Fernández Vega que de 2000 a 2009 el gasto en financiamiento de partidos políticos, del IFE (Instituto Federal Electoral), del TRIFE (Tribunal federal electoral) y de la FEPADE (Fiscalía Especial para Delitos Electorales), fue de más de 93 mil millones de pesos, esto descontando otros 30 mil millones de pesos que erogó el gobierno para financiar a los partidos políticos. Es decir mi muy estimado lector, que en México en la última década han salido de los recursos aportados por la población mexicana más de 123 mil millones (más de 33 millones de pesos diarios) de pesos para financiar un aparato electoral que no “ha garantizado el buen funcionamiento de la democracia mexicana”.
Sin embargo esa democracia no lo es en realidad; y aunque ahora los medios de comunicación estén inundando de spots, spots que nos hablan de defender la “democracia”, de cuidarla, pues “es un gran logro de México”, etc., la realidad es que esa “democracia” excluye de las decisiones a la inmensa mayoría de habitantes de la nación. Y la exclusión hacia la población es fundamentalmente en el poder decisión sobre los recursos públicos, sobre cómo orientar las políticas educativas, de salud, en cuanto a cómo elevar los niveles de bienestar humano y abatir la miseria que afecta a millones de personas, el cómo lograr un mejor reparto de la riqueza social.
El sistema socioeconómico y político nacional se han basado en un esquema en el que la inmensa mayoría de mexicanos tienen que trabajar muy duro para generar la riqueza social y ésta no se reparte, más bien se concentra cada vez más en unas cuantas manos.
El Estado debiese ser el factor, como en otras naciones del orbe, para lograr que la riqueza social generada por la población se distribuya, logrando que la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB), se aplique a atender las grandes necesidades sociales: empleo, alimentación, salud, educación, cultura, servicios, etc.; pero esto no es así. El gasto público se orienta, como lo demuestran las cifras dadas por Fernández Vega a financiar a una partidocracia que no ha sabido atacar los grandes males del país; ha servido para financiar una “democracia” que no representa a los intereses de las grandes mayorías, pues esa democracia le da altísimos salarios a funcionarios, le brinda toda serie de prebendas a los que acaparan el poder y no resuelve los problemas de las grandes mayorías.
El pueblo de Colima es testigo de cómo funcionarios (“servidores públicos”), se burlan de los ciudadanos cuando le plantean sus demandas. Sólo quiero ejemplificar con algunos hechos que nos muestran esa situación. El gobierno del Estado desde hace varios años no ha cumplido con el convenio establecido en 2003 para regularizar varias colonias. Y con ese pretexto no quiere introducir los servicios en varias colonias. Se da el caso grave de que en 2006 el gobierno se comprometió a realizar la obra del drenaje y del agua potable en la colonia 3ª Sección de la Unidad Antorchista, los colonos aportaron la 3ª parte del presupuesto y el gobierno estatal a casi 3 años de iniciada la obra, no ha concluido ésta. Tampoco ha querido realizar la electrificación en esa misma colonia. Y más grave aún, un asunto legal que desde hace 4 años se le planteó al gobierno estatal, un asunto que no es ni siquiera de recursos, el asunto de cientos de colonos defraudados en la colonia Prados de la Estancia, el gobierno no ha actuado para hacer justicia. Los gobiernos estatales, municipales o el federal, deben ser instrumentos -más en estos tiempos de crisis económica y de “catástrofe” social-, para atender las grandes necesidades del pueblo. Por ésta razón, el jueves 26 de febrero el Movimiento Antorchista realizará una manifestación al Palacio de Gobierno para pedirle al Sr. Gobernador la atención a los problemas de los colonos campesinos y estudiantes.
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