El próximo día 23 de enero, el antorchismo sonorense realizará una marcha en la ciudad de Hermosillo, para exigir al gobierno de Guillermo Padrés Elías la solución a viejas demandas de que presentan miles de familias de distintos municipios del estado; llevamos ya más un año en lucha, tiempo en el cual hemos hecho varias marchas multitudinarias y un plantón que duró 9 meses y, a pesar de esto, el gobierno estatal, de forma claramente premeditada, se niega a resolver las demandas de miles de familias de las más humildes y necesitadas de todo el estado. Y digo que es bien calculada la negativa del gobierno de Padrés, pues hay suficientes evidencias que demuestran este punto de vista.
En teoría, todo gobierno democrático y representativo de la ciudadanía, debe escuchar y sobre todo atender las demandas de sus gobernados, sobre todo si éstas demandas son muy necesarias y urgentes como, por ejemplo, la electrificación, la introducción de drenajes, la construcción de escuelas, la dotación de sistemas de agua potable, la pavimentación de caminos, etc.; esta atención no debe considerarse por ningún gobernante como una indulgencia, como otorgar dádivas o como actos de filantropía por dos razones ya conocidas, pero no reconocidas en los hechos por muchos gobernantes. La primera razón radica en que la atención de los gobiernos es una obligación establecida en la máxima ley del país: la Constitución de República; y la segunda razón es que esa obligación del Estado, de atender las demandas del pueblo, proviene del hecho de que es el Estado mismo es el que administra los recursos públicos y estos son extraídos en lo fundamental del mismo pueblo vía los impuestos y, por tanto, el pueblo tiene derecho a que los recursos públicos sean destinados a la realizacón de la obra pública que lo beneficia.
Pero esta obligación, en el caso de Sonora, se atropella por parte del gobierno en perjuicio de miles de familias pobres, p sin ninguna razón moral, económica o jurídica. La única explicación del bloqueo sistemático para la solución de las demandas es, como se ha venido demostrando, el objetivo de impedir a toda costa que una organización popular –como lo es el Movimiento Antorchista- pueda mostrar el camino de la solución a sus problemas a cientos de miles de familias pobres del estado de Sonora. El gobierno de Padrés, al igual que otros gobiernos panistas del país, quieren que las organizaciones populares desaparezcan y que el derecho de manifestación sea eliminado del orden jurídico, y así, poder atarle las manos al pueblo -el cual está cada vez más inconforme-, para que no pueda defenderse de la injusticias y de la falta de atención a los problemas y necesidades.
Resulta que en Sonora hay comunidades tan atrasadas en atención de sus necesidades que pareciera que aún viven en la tenebrosa Edad Media; con caminos de terracería en muy mal estado, sin agua potable, sin luz eléctrica, sin drenaje, sin escuelas.
Un ejemplo de este tipo de comunidades es el campo pesquero el Sahuímaro, una comunidad que tiene cerca de cuarenta años de existencia y nunca, ningún gobierno, ha atendido sus más importantes necesidades. Ahí viven cerca de 130 familias de pescadores las cuales, año con año, han solicitado la solución a sus graves carencias, pero estas peticiones simplemente no han sido atendidas por los funcionarios insensibles y soberbios. Sólo cuando hay época electoral llegan algunos “enviados” de los candidatos para prometer la solución de sus problemas y, como ya es costumbre, pasadas las elecciones todo vuelva a la calma, todos se olvida.
Es indignante que el gobierno del estado se haya comprometido a introducir, desde el año pasado, la luz eléctrica en el Sahuímaro pero, utilizando una sucia maniobra, repentinamente surgió un “dueño” de los terrenos en donde se asienta la comunidad y el gobierno ha resuelto no hacer nada “porque hay un conflicto jurídico”; pero esto para los habitantes del Sahuímaro no es ninguna casualidad, es parte de las maniobras que instrumenta el gobierno estatal de Sonora para tener un pretexto jurídico que impida la realización de la obra.
En la comunidad de Puerto Libertad hay una gran indignación en contra del gobierno del estado, pues también ahí los vecinos han detectado las burdas y viles maniobras de los funcionarios para impedir que se resuelva la demanda de la reinstalación del comisario municipal, depuesto en mayo del 2011 por el sátrapa de Pitiquito, el edil Luis Octavio Valenzuela. A esa arbitrariedad se le están sumando otras como la negativa del gobierno a empezar atender la demanda de entrega de paquetes de materiales –los cuales, el gobierno comprometió desde el mes de septiembre-; son unos cuantos paquetes que no le implican un gasto fuerte al gobierno, pero éste arguye “falta de recursos”. Y con toda razón, los ciudadanos de Puerto Libertad se preguntan: ¿Será posible que no pueda el Gobierno gastar unos miles de pesos en 30 familias, cuando el gobierno gasta cientos de millones de pesos en policías inútiles que no vigilan y mucho menos detienen a los delincuentes?
En Puerto Libertad los policías municipales están extorsionando a todos los conductores de tráilers, camiones de carga y autos pequeños que circulan por la carretera estatal que va de Hermosillo a Puerto Peñasco y a la inversa, mientras que en la comunidad se han incrementado drásticamente los robos a las casas habitación, mientras los rateros roban sin permiso de nadie y los policías municipales roban no sólo con permiso, sino que sus jefes les exigen estas actividades, pues los policías tienen que entregar su “cuota diaria”- debido a la falta de vigilancia.
Son muchas las demandas que el gobierno del estado no está atendiendo a los ciudadanos organizados en el Movimiento Antorchista, por esta razón, esta organización se manifestará una vez más en Hermosillo el próximo 23 de enero. Existe la certeza, en los ciudadanos organizados en este movimiento, de que en Sonora –y en todo el país- sólo de forma organizada y con decisión de vencer cualquier bloqueo y toda la política contraria a los derechos de los pobres que representamos la inmensa mayoría en el estado y en el país, se logrará destrabar el ominoso bloqueo del gobierno de Padrés Elías.
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