Es del dominio público
el grave déficit de viviendas que padece nuestro país,
problema que se deriva de tres factores esenciales. En primer
lugar, de la fuerte emigración que se presenta de la
población del campo a la ciudad, ocasionada por la falta
de empleo y la cada vez más incosteable producción
agrícola, de modo que, en las últimas cuatro décadas,
se invirtió la composición que había entre
población rural y urbana, siendo antes predominantemente
campesina y en la actualidad mayoritariamente citadina. En segundo
lugar, a este fenómeno migratorio se suma el acelerado
crecimiento poblacional que se presenta en las grandes metrópolis
de manera natural, es decir, que el número de nacimientos
supera claramente al número de defunciones, cuestión
que también es una fuerte causal que contribuye al gigantismo
de las ciudades. Como resultante obligada de los dos factores
mencionados, se ha disparado la correlación entre oferta
y demanda de vivienda y, al ser muy superior la demanda sobre
la oferta, luego entonces, el costo de un lotecito o de un departamento
ha subido hasta las nubes, elevándose también
su precio hasta en 10 o más veces.
En tercer lugar, como la mayoría de la población
es pobre o extremadamente pobre, cada vez se torna en un sueño
menos alcanzable para la gente modesta, hacerse de una vivienda
propia, situación en la que se encuentran miles y miles
de obreros que ganan de uno hasta tres salarios mínimos,
comerciantes ambulantes, madres solteras, secretarias, veladores,
choferes, etc., que “resuelven” su problema alquilando
cualquier espacio, muchas veces un cuartito de azotea, en donde
habitan hacinados con sus familias, en viviendas pequeñas,
húmedas, sin ventilación ni iluminación
suficientes y, por si fuera poco, hostigados mes con mes por
el casateniente que exige el pago puntual de su renta, so pena
de que si no se hace, cobrará elevados intereses o de
plano los lanzara a la calle; otros, auxiliados por familiares
o amigos, habitan en casas prestadas, sin embargo, esa solidaridad
dura poco tiempo, pues como reza el refrán “el
muerto y el arrimado a los tres días apestan”.
Pues bien, como todas las grandes urbes del país, la
ciudad de Toluca no escapa a esta situación. Por eso
mismo, desde hace dos años nuestra organización,
el Movimiento Antorchista, conjuntó a un grupo de 300
peticionarios de vivienda, habiendo logrado la autorización
de un crédito financiero por parte del gobierno estatal
para la compra de un predio que se ubica en la Delegación
de Tlacotepec. Como dicho predio se encuentra, administrativamente
hablando, fuera del límite urbano, hubo el ofrecimiento
del gobierno estatal y del H. Ayuntamiento de Toluca, en el
sentido de iniciar los tramites pertinentes para eliminar la
traba administrativa e integrar el predio en mención
a la mancha urbana, en virtud de que aquél se encuentra
adyacente a ésta, es decir, el predio que adquirieron
los peticionarios antorchistas fue alcanzado ya por el crecimiento
demográfico y, por lo mismo, la factibilidad de los servicios
básicos es completamente viable, cuestión que
las autoridades municipales se han encargado de verificar. El
propietario del predio, incluso, ya firmó un contrato
de compraventa y, a manera de enganche, recibió una parte
del importe total de su terreno; adicionalmente, el H. Ayuntamiento
de Toluca, a través de su expresidente municipal, el
Lic. Armando Enríquez Flores, mediante oficio expedido
el 29 de marzo de año en curso y dirigido al Movimiento
Antorchista, se comprometió a concluir el trámite
administrativo (técnicamente denominado cambio de uso
del suelo), antes de terminar su gestión, o sea, antes
del 18 de agosto pasado.
¿Cuál es el problema, entonces? Que este último
compromiso no se cumplió y que, por lo consiguiente,
los peticionarios no han podido arrancar la construcción
de sus viviendas, así sea precariamente y ya no aguantan
el pago de alquileres. Todos ellos, animados por el ofrecimiento
del exalcalde y hoy diputado federal, habían realizado
ajustes en su vida cotidiana: en sus empleos, en las escuelas
donde estudian sus hijos y finiquitado sus contratos de arrendamiento,
dando por un hecho que a partir del mes de septiembre pasado
se irían a habitar un lote en Tlacotepec.
Para cualquiera que se ponga en los zapatos de esta de humilde
gente, es claro que urge darle una pronta solución al
problema. Si todo lo han hecho conforme a la ley, tocando las
puertas del H. Ayuntamiento y del gobierno estatal; si han recibido
promesas verbales y aun escritas en el sentido de que su necesidad
será resuelta; si han esperado pacientemente dos largos
años para ver coronado su esfuerzo y si, por último,
el derecho a la vivienda es un derecho elemental consagrado
en nuestra Carta Magna, luego entonces, es de elemental justicia,
también, que el nuevo H. Ayuntamiento de Toluca concluya
el tramite que inició la administración anterior,
ya que el compromiso, antes que con una persona, se hizo con
una institución. Ya sabemos que los individuos cambian
pero que afortunadamente las instituciones quedan. ¡Ojala
que las nuevas autoridades municipales hagan honor a este precepto!
Con ello le harán justicia a toluqueños muy humildes
y demostraran que todavía existen gobernantes en los
que se puede confiar.
