Desde hace poco más de dos años, un grupo de 132 familias se apoderó de la unidad habitacional “El Paraíso”, ubicada en el poblado de Coatlinchán, municipio de Texcoco, invasión que fue provocada por los llamados “Macheteros de Atenco”. Como era de esperarse, la empresa propietaria de dicha unidad que opera bajo las siglas EDYCON, interpuso una denuncia por despojo, misma que continuó su curso hasta que los jueces libraron las respectivas órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Ahora bien, cuando tales órdenes de aprehensión estaban ya a punto de ejecutarse, un grupo mayoritario de las familias involucradas se acercó al Movimiento Antorchista en busca de orientación y apoyo.
Ante el evidente delito de despojo que estaban cometiendo, nuestra organización recomendó al grupo peticionario que, además de justificar su necesidad de vivienda, era menester entablar urgentemente una negociación con la empresa EDYCON, con el objeto de resarcir a ésta el daño ocasionado mediante la compraventa de sus departamentos, operación a la que se negaban sus líderes iníciales y que, de continuar con esa postura, seguramente sobrevendrían los desalojos violentos y la cárcel. Afortunadamente el grupo mayoritario comprendió que lo más sensato era caminar por la senda de la legalidad y fue así que se pactó un precio razonable con la empresa inmobiliaria, convenio que para cobrar mayor validez se firmó ante el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) del gobierno estatal.
Hasta aquí las cosas han caminado correctamente anunciando un final feliz. Empero, simultáneamente, la vida cotidiana al interior de la unidad habitacional “El Paraíso” se ha convertido, paradójicamente, en un verdadero infierno. Me explico: sucede que los líderes desplazados de los “macheteros de Atenco” (vinculados con el PRD), al quedar en ínfima minoría han optado por imponer en esa comunidad la ley de la selva y han montado un grupo violento que de día y de noche se pasea haciendo ostentación con armas de fuego en mano y, ya embriagados o drogados, arremeten en contra de las familias simpatizantes del Movimiento Antorchista, a consecuencia de lo cual han resultado 19 familias desalojadas de sus departamentos; a éstas se las arroja a la calle apenas con la ropa que traen puesta y ni siquiera les permiten recoger sus precarias pertenencias. Semejante abuso se comete generalmente en horas de la madrugada, cuando la gente duerme, sin importar que en tan salvaje lanzamiento se incluyan lo mismo a niños que a ancianos, mujeres y enfermos. A renglón seguido, introducen al departamento desalojado a otra familia a la cual los liderzuelos atenco-perredistas les cobran de entrada 15 mil pesos “de enganche”, es decir, que al delito de despojo a la empresa EDYCON, esos señores le añaden ahora el delito de extorsión porque se ponen a vender lo que no es suyo.
Alguien preguntará, con justa razón, ¿y qué sucede con los gravísimos delitos de despojo y allanamiento de morada en perjuicio de las familias afectadas? Y lo más sorprendente es la respuesta: ¡nada! En efecto, pese a que los desalojados han promovido las 19 denuncias ante la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco, tal dependencia nada ha hecho al respecto con el argumento de que los despojados “no son propietarios”. ¡Ajá!, ciertamente no son propietarios (pero tienen la voluntad de serlo por el acuerdo firmado con EDYCON y el IMEVIS), pero hasta el más inexperto leguleyo sabe que, si bien no son propietarios todavía, sí tienen la posesión y, por lo tanto, se configura el delito de despojo. Los principales cabecillas de este racimo de horca y cuchillo responden a los nombres de Macario Buendía González, Juan Carlos Montiel Méndez, Edgar Saúl Montiel Méndez, Mauro Bonilla Altamirano, Juan Manuel Hernández Robles, Fausto Carrera “el carnes”, Guillermina Ramírez Vega y Ernesto Vásquez.
Para concluir, a despecho de los discursos de Constanzo de la Vega, alcalde perredista de Texcoco, en el sentido de que en ese municipio todo camina a pedir de boca, el caso de “El Paraíso” lo desmiente de pe a pa. Resulta que el autoproclamado “adalid de la legalidad” no sólo no protege a los agraviados, sino que sus policías municipales se hacen una con el grupo de facinerosos en el añejo vicio de empinar el codo. También en este asunto la Procuraduría de Justicia del Estado se muestra renuente (o anuente) de modo que la duda obligada es: ¿y las autoridades qué? Ante semejante atropello, mis compañeros antorchistas de “El Paraíso” deben tener la plena seguridad de que no están solos y que responderemos con sendos plantones, en Texcoco y en Toluca, pues la situación ha rebasado con creces la paciencia de todos nosotros.
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