Toda la opinión pública del municipio de Chimalhuacán y buena parte de la ciudadanía mexiquense y del país entero, conoció los terribles acontecimientos ocurridos el 18 de agosto del año 2000, con motivo de la toma de posesión del nuevo ayuntamiento que honrosamente me tocó presidir. A casi ocho años de los sucesos, todavía causa escalofrío referimos a la bárbara agresión, a la emboscada que Guadalupe Buendía, “La Loba”, nos tendió a quienes acudimos a un día de fiesta y no a una tupida lluvia de tiros, disparada por los sicarios e incondicionales de “La Loba” y que arrojó como resultado un saldo trágico: 10 muertos y 87 personas heridas de bala, muchas de las cuales quedaron lisiadas de por vida.
Este hecho brutal, que enlutó y que entristeció a centenares de personas corrió como reguero de pólvora, pues la noticia dio la vuelta al mundo, en buena medida por lo insólito de la agresión y porque lo sucedido se presentó a tan sólo 30 kilómetros de la ciudad de México, es decir, en pleno corazón del país. Fue así que las autoridades gubernamentales competentes, ante el hecho indiscutible de que todos los muertos y heridos pertenecían a las organizaciones adherentes al Proyecto Nuevo Chimalhuacán y ante la presión que ejerció la opinión pública nacional (recordar que Televisa, en el noticiero de Joaquín López Dóriga hizo una encuesta abierta preguntando: “en su opinión: ¿Quién fue el culpable de los hechos ocurridos el 18 de agosto en Chimalhuacán?”), y la abrumadora mayoría opinó que “La Loba” y un cierto porcentaje afirmó que el gobierno del Estado de México, por no haber intervenido oportunamente para evitar la masacre.
Así, como consecuencia de las investigaciones judiciales correspondientes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México capturó a “La Loba” y a los principales cabecillas de la agresión, sentenciándolos a cadena perpetua por la extrema gravedad de los delitos. Ahora bien, no obstante que los antorchistas consideramos que en la mayoría de los casos el gobierno del estado actuó de manera expedita y enérgica, en particular ha sido omiso y tolerante respecto a un personaje clave en el conflicto, me refiero concretamente a Salomón Herrera Buendía, ni más ni menos que el hijo de “La Loba” y operador principalísimo de los sucesos del 18 de agosto.
Y sostengo que el gobierno estatal ha sido omiso y tolerante con Salomón Herrera, ya que pesan sobre las espaldas de dicho sujeto cuatro órdenes de aprehensión, mismas que a lo largo de casi ocho años no se han ejecutado. Tales órdenes de aprehensión se emitieron con base en delitos gravísimos, como son: homicidio calificado, lesiones calificadas, daño en bienes y ocupación ilegal de edificio e inmueble destinados a un servicio público en agravio de la seguridad del estado. Nada más, pero nada menos. Y pese a que Salomón Herrera es un peligroso enemigo público, ello no obstante, a la fecha no se lo ha capturado, aun cuando es un secreto a voces que se pasea con toda impunidad por diversos sitios de Chimalhuacán; incluso con cierta frecuencia realiza reuniones en su domicilio del barrio de Xochiaca. La interrogante es aquí obligada: ¿y la Procuraduría General de Justicia mexiquense por qué no actúa? ¿Acaso porque desconoce los movimientos de Salomón?. No, no lo creo.
Y no lo creo, porque al menos un funcionario de muy alto nivel, el M.C. Efrén Rojas Dávila, en su carácter de responsable político del Programa de Regionalización en el Oriente, es decir, como funcionario del gobierno del estado de la administración pasada y actual, reconoció ante quien estas líneas escribe y varios testigos de honor (al ser sorprendido con las “manos en la masa”), que efectivamente había celebrado una reunión en el domicilio particular de “La Loba” en la cual estuvo presente Salomón. Esto ocurrió en el año 2003. Ahora bien, a mayor abundamiento, en septiembre del año pasado se filtró la información de que Salomón Herrera había acudido a la oficina del Lic. Fernando Maldonado Hernández, Secretario del Transporte en la entidad quien, ante el cuestionamiento de un servidor, el funcionario admitió que la entrevista se había celebrado pero que ignoraba “si las ordenes de aprehensión seguían vigentes o no”. En síntesis, está muy claro, como una gota de agua, que el gobierno mexiquense no sólo no ejecuta las ordenes de aprehensión en contra de Salomón, sino por lo que dicen los hechos, lo encubre, respirándose incluso, un cierto tufillo hasta de burla y reto, en especial de Efrén Rojas Dávila.
El tema viene a cuento, porque resulta que de cuatro órdenes de aprehensión libradas contra Salomón, recientemente circuló la especie de que ya fue absuelto en el caso de tres de ellas y que ya interpuso un amparo para echar abajo la cuarta y última que le falta. El asunto no puede ser más grave y delicado: ahora sucede que de continuar las cosas como van, Salomón, de un momento a otro puede quedar exculpado de los hechos del 18 de agosto y, por tanto, circular en Chimalhuacán como “Juan por su casa”. Ante este peligro muy real, que trastornaría la paz de nuestro municipio y que dejaría muy mal parada la justicia que se imparte (o debiera impartirse) en la entidad, los antorchistas enteramos a la ciudadanía de Chimalhuacán, por este medio, con el objeto de que levantemos la guardia y nos pongamos muy alertas para defendernos con todas nuestras fuerzas y con todos los recursos políticos y legales que estén a nuestro alcance, en primerísimo lugar para exigirle al gobierno estatal que se ejecuten las ordenes de aprehensión en contra de Salomón Herrera. Si a Guadalupe Buendía la ubicaron y la encarcelaron en tan ocho días de pesquisas, ¿por qué no se ha hecho lo mismo con Salomón a lo largo de ocho años? Quién sabe. Lo cierto es que la conducta del gobierno mexiquense se presta al “sospechosismo”.
Pero eso sí, sea cual fuere la explicación, de una cosa si deben estar muy seguras las autoridades estatales: para los antorchistas el 18 de agosto NO SE OLVIDA. Y no sólo no se olvida para los antorchistas mexiquenses, sino que es tan profunda y dolorosa la herida, que NO SE OLVIDA PARA LOS ANTORCHISTAS DE TODO EL PAÍS. Y obraremos en consecuencia.
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