El gobierno del estado de
Querétaro que encabeza el panista Francisco Garrido Patrón,
creyó que la lucha de varios años de cientos de
colonos, campesinos y estudiantes de los más pobres del
estado, por obtener obras y servicios para llevar una vida digna,
se terminaría si encarcelaba a su querida dirigente,
la destacada compañera Cristina Rosas Illescas, no obstante,
se equivocó de medio a medio, como se han equivocado
muchos poderosos que se han olvidado de que la represión
acaba siendo gasolina para el fuego. La lucha, pues, continúa.
El jueves 15 de diciembre se le dedica al estado de Querétaro
y a su gobierno golpeador, una jornada nacional de denuncia
para llevar a los rincones del país, para dar a conocer
a los mexicanos que todavía no lo sepan, que los gobernantes
salidos de las filas del Partido Acción Nacional, cuando
se ven con el poder en las manos se sienten agraviados por los
reclamos de los pobres. Comienzan por decirles que no atienden
“grupos” sino individuos, si insisten, los ignoran
y, posteriormente, si no dejan de reclamar atención a
sus carencias, pasan a la represión violenta y a usar
a la ley como garrote para tratar de acabar con las peticiones.
Tal como ha sucedido en el estado de Querétaro.
En esta nueva jornada de lucha, continuación de otros
muchas que ha habido y parte integrante de otras muchas todavía
por venir, denunciaremos, entre otros atropellos, que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, obsequiosa al poder, se niega a
emitir una recomendación al gobierno del estado de Querétaro
por haber sancionado dentro del penal a la profesora Cristina
Rosas Illescas aislándola y colocándola en una
celda de castigo, la llamada “Celda Zeta”. Aclaro
que tal hecho sucedió desde el mes de junio por lo que,
en la actualidad, una “recomendación” de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos no repararía
en lo más mínimo el daño infligido, sería,
simplemente un acto simbólico de justicia.
Pero ni eso. La CEDH de Querétaro pretende emitir solamente
una “conciliación”, es decir, si la “recomendación”
es ya poca cosa porque no tienen ningún poder vinculatorio,
la “conciliación” no significa nada. La CEDH
pretende ignorar que el gobierno del estado, a través
de la directora del penal de San José El Alto, vulneró
gravemente los derechos de la profesora Rosas Illescas tratando
de castigarla a toda costa, pretende hacer a un lado que el
confinamiento de la profesora durante 15 días en un “dormitorio”
sin luz y sin ventilación, se tomó por parte del
llamado Consejo Técnico Disciplinario del CERESO, a pesar
de que en el estado de Querétaro y, por tanto, en el
citado CERESO, no existen catálogos o manuales en los
que se enlisten los actos de los internos susceptibles de ser
castigados, pretende ignorar también que el castigo inició
un día antes de que se tomara el acuerdo definitivo al
respecto y que el castigo se le impuso tomando en consideración
el testimonio de una sola persona a pesar de que el derecho
positivo mexicano no le otorga credibilidad al testigo singular
y, finalmente, la CEDH, pretende pasar por alto el hecho violatorio
de que una autoridad administrativa jamás puede imponer
sanciones por más de 36 horas.
A pesar de que todo ello configura una clara violación
no sólo a los Derechos Humanos, sino a la ley misma,
a pesar de que el castigo y sus consecuencias se dejaron consumar
de hace varios meses, el visitador de la CEDH se niega a proponer
una “recomendación” sustentado en que, aunque
“la autoridad se equivocó porque interpretó
subjetivamente la ley, el castigo no tuvo implicaciones graves
porque no afectó psicológica y físicamente
a la profesora Cristina Rosas”. Precisamente porque no
tuvo “implicaciones graves”, los compañeros
y amigos de Cristina Rosas y la gente de bien que ha conocido
del caso, está exigiendo una “recomendación”
de la CEDH, si los agravios hubieran tenido “implicaciones
graves”, si se le hubiera dañado permanentemente
su capacidad mental, si se le hubiera quebrantado definitivamente
su salud o hubiera perdido la vida, no estaría solicitando
una “recomendación”, clamorosamente estaría
exigiendo cárcel para la directora del penal y para quienes
le ordenan.
Como puede ver cualquier persona sin prejuicios ni intereses
con el gobierno o el Partido Acción Nacional, en el estado
de Querétaro se violan flagrantemente la ley y los derechos
humanos por parte de los funcionarios públicos quienes
se niegan sistemática y terminantemente a cumplir con
su obligación de atender las demandas de los queretanos
más modestos y, cuando estos insisten, los reprimen hasta
con cárcel. Esa es la posición de los representantes
más conspicuos de la oligarquía queretana que
ha logrado tomar el gobierno del estado. Nosotros, por nuestra
parte, seguiremos en lucha hasta lograr la libertad de Cristina
Rosas Illescas y hasta que sean resueltas las demandas de los
queretanos más humildes; si ella ha arrostrado valientemente
la cárcel sin abandonar la lucha, nosotros tampoco la
abandonaremos. Eso, seguro.
