Un impresionante operativo
de 700 policías al servicio del Gobierno del Distrito
Federal, arremetió el pasado lunes en contra de 50 humildísimas
e indefensas familias que habitan los predios conocidos como
La Faja, La Magueyera, La Venta-La Joya y El Ololique en la
zona de San Miguel Topilejo en la delegación Tlalpan.
Varias personas fueron pateadas, golpeadas con los puños,
empujadas y, todas, sin excepción, sobre todo los niños,
estuvieron aterrados durante varias horas ante el impresionante
e injustificado despliegue de fuerza.
“No era un desalojo
-dijeron luego unos empleados- se trataba simplemente de unas
demoliciones”. Simple demolición sin miramientos
de algunas viviendas, si así se les puede llamar a las
construcciones que tenían las pobres gentes, así
como simple destrucción de algunos aparatos y enseres
domésticos que, en varios casos, constituyen todo el
patrimonio familiar. El Gobierno del Distrito Federal justifica
la medida arguyendo que se trata de un asentamiento en área
de protección ecológica, omite, no obstante, como
acostumbran quienes detentan el poder, explicar por qué
se mandó a la policía si los representantes de
las familias estaban en conversaciones conciliatorias con la
autoridad delegacional.
Los asentamientos agredidos
tienen más de diez años. Las familias, como en
otros muchos casos en la ciudad de México, convinieron,
pagaron, ocuparon y tienen sus contratos privados de compra
venta, a unas gentes de la zona y, cuando fueron a solicitar
la introducción de servicios urbanos, se enteraron de
que el predio que ocupaban era zona de protección ecológica
y, por tanto, estaba prohibido edificar viviendas. Desde ese
momento, la vida de los colonos se convirtió en un sufrimiento
constante, un día sí y otro también, la
autoridad amaga con desalojarlos por la fuerza.
En esta cada vez más violenta ciudad de México,
no se ha resuelto el problema de la vivienda, existen muchísimas
familias que no la tienen o no la tienen con la dignidad que
necesita el mexicano moderno. La delegación Tlalpan,
específicamente, tiene graves problemas de asentamientos
irregulares, problemas que no sólo no pueden ser ajenos
al famoso Bando Dos de Andrés Manuel López Obrador,
sino que, en buena medida, se explican por esta disposición
administrativa. La gente pobre, con niveles bajos de ingresos,
se encuentra ante un verdadero imposible a la hora de tratar
de hacerse de una vivienda para su familia, el derecho constitucional
a la vivienda en el Distrito Federal, es papel remojado.
Pero no sólo no hay
una política general, efectiva y a plazo fijo, para atender
al problema de la vivienda, todo parece indicar que hay autoridades
muy interesadas en “administrarlo”. De acuerdo con
datos publicados por el periódico El Economista apenas
el pasado 26 de octubre, en la ciudad de México existen
1,714 asentamientos irregulares en los cuales habitan más
de un millón de personas. ¿Qué se hace?
¿Cómo se está resolviendo este problema?
No se sabe. Son mucho más conocidas y publicitadas las
obras de relumbrón como los segundos pisos y los metrobuses
en zonas de alto nivel social.
El caso de La Faja y los
de los otros pequeños asentamientos similares en la delegación
Tlalpan, son ilustrativos en este sentido. A pesar de que los
modestos habitantes han manifestado su disposición a
ser reubicados en una zona legal en la cual puedan vivir en
paz, sin zozobras ni extorsiones, a pesar de que han acudido
durante años ante la autoridad correspondiente, nadie
parece interesado en darle solución definitiva a su problema.
Que los vivales tienen protección
oficial para operar, no tiene ninguna duda. Primera prueba:
no está en la cárcel ninguno de los defraudadores
que vendieron los predios, los que han tenido que padecer la
represión administrativa y policíaca, son quienes
compraron de buena fe. Segunda prueba: mientras se ostentaron
como dirigentes en la zona, los hermanos diputados perredistas
Rodrigo e Higinio Chávez, la policía nunca llevó
a cabo un operativo impactante como el del pasado lunes.
Hago por este medio un respetuoso
llamado al señor delegado, al licenciado Eliseo Moyao
Morales, para que intervenga y otorgue finalmente la entrevista
que les tiene prometida a los colonos y a sus representantes,
pero, sobretodo, que tenga a bien ofrecerles una alternativa
justa para su problema. No hay ninguna necesidad de usar a la
fuerza pública, ni en gran número, ni en pequeño,
la autoridad sabe perfectamente que en La Franja y los asentamientos
vecinos, sólo habitan unas cuantas familias humildes
que no tienen posibilidades de oponer ninguna resistencia, ni
siquiera a las majaderías que con frecuencia les hacen
los empleados de la delegación.
