A raíz de que unos
policías municipales de Chimalhuacán asesinaron
a un ciudadano a quien pretendían extorsionar y, posteriormente,
uno de los presuntos responsables se suicidó, el Procurador
de Justicia, Alfonso Navarrete Prida, convocó a los medios
de comunicación y declaró que el director de la
corporación, Luis Enrique González Soto y el Subdirector,
José Santiago Reyes Pérez, eran las cabezas de
una red de corrupción y estaban prófugos. Las
declaraciones del Señor Procurador, fueron aprovechadas
por algunos medios de comunicación poco éticos
para darle vuelo a la denuncia periodística y, no sólo
aseguraron que los mencionados estaban acusados también
de homicidio, delincuencia organizada e intento de extorsión,
sino que afirmaron que toda la administración del municipio
de Chimalhuacán era una administración de corruptos
y delincuentes.
Rechazo por supuesto las declaraciones del Señor procurador
y no me parece muy atinado que, a tan temprana hora de la nueva
administración gubernamental, se quiera mandar el mensaje
a la ciudadanía de que toda protesta, toda exigencia,
toda inconformidad, será castigada con la más
severa de las represiones, aunque la autoridad tenga para ello
que retorcer la ley y el derecho. En efecto, todo mundo sabe
que si hay alguien que no tiene ninguna necesidad de litigar
en los medios de comunicación la comisión de delitos,
es precisamente el Señor Procurador General de Justicia,
así de que, apresurarse a declarar sobre presuntos responsables
a quienes supuestamente se persigue, no puede tener objetivos
de justicia, sino de advertencias de represión política.
Los periodicazos no forman parte de la ética para la
impartición de justicia.
Se quiere, pues, aprovechar un lamentable caso de abuso criminal
de poder por parte de elementos policíacos, para golpear
políticamente a toda la administración del profesor
Miguel Ángel Casique Pérez. A mí no me
queda ninguna duda. Es la respuesta oficial a la valiente exigencia
del edil hace unas semanas en el sentido de que se retiraran
los retenes que tenía instalados la Policía Judicial
en Chimalhuacán y que, supuestamente, servían
para prevenir los delitos, pero que, en realidad, estaban sirviendo
para extorsionar a la ciudadanía la cual ya clamaba para
que se le dejara de esquilmar. Es, también, la respuesta
oficial a la exigencia del edil, de su cabildo en pleno y de
miles y miles de chimalhuaquenses en el sentido de que se cumplieran
compromisos pactados y firmados por las autoridades para lo
cual se llevó a cabo, hace unos días, una multitudinaria
marcha en la ciudad de Toluca.
Al Profesor Miguel Ángel Casique Pérez, al ingeniero
Luis Enrique González Soto, a José Santiago Reyes
Pérez, a toda la plana mayor de la administración
municipal de Chimalhuacán, los conoce una buena parte
de la población del municipio. No sólo porque
votó por ellos, no sólo porque ha luchado hombro
con hombro junto con ellos por lo que necesita y merece, sino
porque ha sido partícipe de los enormes logros de esa
administración municipal. Nunca había habido en
ese olvidado municipio, hasta hace poco muestra nacional y mundial
del atraso y el abandono, un gobierno que realizara ni la centésima
parte de lo que han hecho las dos administraciones antorchistas
en Chimalhuacán. Menos todavía las administraciones
controladas por Guadalupe Buendía, alias La Loba, quien,
durante muchos años fue la lideresa consentida de los
gobiernos estatales y cuyo hijo, presunto responsable de diez
crímenes y con orden de aprehensión girada por
juez competente, goza todavía de impunidad, pues se pasea
tranquilamente por Chimalhuacán sin que nadie ose molestarlo.
En tal virtud, veo imposible que de la noche a la mañana,
la ciudadanía de Chimalhuacán se trague la rueda
de molino, es decir, se crea la versión malévola
de que ha estado gobernada por una pandilla de delincuentes.
Me inclino más bien por asegurar que, conociendo a sus
dirigentes y representantes, sabiendo perfectamente bien porque
se arremete contra ellos y se pretende castigarlos injustamente,
se pondrá en pie de lucha y saldrá a la calle
a defenderlos, a defender la verdad y, sobre todo, a hacer valer
el estado de derecho ante quienes quieren convertirlo en arma
de represión política para someter a quienes no
se quieren convertir en incondicionales. Si no, al tiempo.
