No debieran ignorarse las noticias sobre acontecimientos de
los últimos días. La semana pasada, con motivo
de la trágica muerte de 65 mineros en la mina Pasta de
Conchos que explota la empresa Industrial Minera México,
los deudos, como siempre, lloraron a sus muertos. Sólo
que, esta vez, el sufrimiento extremo de las viudas, los padres,
los hijos, no apareció sólo en la forma de rostros
de tristeza y resignación, ahora, a diferencia de Barroterán,
se vio colmada la docilidad y la paciencia y, el pueblo, herido
y agraviado, se mostró encolerizado y violento. Estoy
completamente seguro que nadie en su sano juicio puede censurar
la reacción de los familiares, no solamente por la pérdida
de sus seres queridos, sino porque ahora saben, y se sabe, que
se pasaban la vida en las entrañas de la tierra, a cambio
de salarios miserables y porque nadie, en la empresa y en el
gobierno, quiso proveer a la mina de seguridad y buenas condiciones
de trabajo.
El domingo siguiente, muchos diarios reportaron que ejidatarios
michoacanos de Angamacutiro, integrantes de 17 ejidos diferentes,
habían puesto en libertad a 17 funcionarios estatales
y federales a quienes habían retenido. Ahí también
se manifestó una parte del pueblo a la cual no se le
han dado soluciones y se sigue creyendo que se le puede seguir
entreteniendo. Lejos estoy de hacer apología de los delitos,
sólo señalo que la conducta de los ejidatarios
tenía, como todo en este mundo, una causa: exigían
el pago de indemnizaciones por la expropiación de sus
tierras que se llevó a cabo para construir una presa
¡hace 37 años!
Un día después, el lunes 6, en el estado de
Guanajuato, mil campesinos que reclamaban la promulgación
de leyes para obtener la disminución de precios en las
tarifas en el pago de la energía eléctrica y en
el diesel, cerraron los dos accesos carreteros a la ciudad de
Guanajuato y se enfrentaron con la policía. Ahí
también la desesperación es explicable. Hace mucho
tiempo que el campo mexicano está en ruinas. Es cierto
que hay manchones de progreso en los que existen agricultores
prósperos, pero la gran mayoría de los campesinos
no ha podido competir con los precios de los productos subsidiados,
sobre todo de Estados Unidos, y ha quebrado. El gobierno federal,
por su parte, abdica de su papel y no hace más que llamados
a volverse competitivos y ataca, con todas las modalidades a
su alcance, la intervención del Estado en la disminución
de los desequilibrios e injusticias.
Un día después, la Unión Nacional de
Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas y decenas
de sindicatos más, se manifestaron en las calles exigiendo
la renuncia del Secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar,
y amenazaron con llegar al paro nacional si el gobierno federal
no cesa de violentar la autonomía sindical. Tampoco estos
hechos debieran subestimarse. Hay quienes pretenden desacreditar
a la marcha atacándola, como siempre, por haber causado
caos vial, otros, señalan que se trata simplemente de
líderes charros que quieren seguir viviendo a costa de
los trabajadores. Ninguno de estos aspectos me interesa por
el momento. Llamo la atención sobre el hecho de que los
antiguos liderazgos se hayan decidido después de muchos
años a empeñarse en una lucha frontal contra el
Estado y, sobre todo, en que los obreros hayan decidido respaldarlos.
Finalmente, el miércoles, más de 10,000 mujeres
del Movimiento Antorchista y otras organizaciones, se manifestaron
frente a la Secretaría de Gobernación y exigieron
la intervención de las más altas autoridades de
la Presidencia de la República para que cese la violencia,
los encarcelamientos y la represión contra mujeres, menores
de edad y varones adultos por parte del gobierno panista de
Querétaro que, como ya he denunciado en este espacio,
se ha fabricado su propia ley. Francisco Garrido Patrón,
a ciencia y paciencia del gobierno federal, de juristas y de
supuestos defensores de los Derechos Humanos, mantiene a 18
presos políticos, es decir, a opositores, entre ellos
a 10 menores de edad, encerrados e incomunicados en cárceles
y albergues tutelares de la ciudad de Querétaro, no si
antes haber sido brutalmente golpeados. Un gobierno fascista.
Ante este panorama, quienes debieran mediar, dialogar, destensar,
quienes tienen en sus manos el poder del Estado y la obligación
de garantizar una vida digna y en paz, están más
interesados en atizar el fuego que en apagarlo. Francisco Garrido
Patrón está convencido de que puede acabar definitivamente
con la iniciativa y la lucha popular mediante las prohibiciones,
la cárcel y la represión dictatorial; el señor
Secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, cree poder
ocultar sus omisiones en la tragedia de Pasta de Conchos y actúa
como si pudiera borrar de la conciencia de los deudos y de la
opinión pública nacional, los días que
actuó como vocero de la empresa, justificó sus
fechorías y engañó a los familiares y,
finalmente, está el propio Presidente de la República,
quien no da muestras de que promueva acciones eficaces para
mantener la armonía y la paz sociales y quiera responder
a los justos reclamos que hacen ya numerosos mexicanos. Preocupante,
sin lugar a dudas.
