Leí con mucha atención una nota
acerca de algunas declaraciones de un organismo que, valga mi
ignorancia, no sabía que existiera. Se trata del Consejo
Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) en el
que se agrupan todas o casi todas las dependencias oficiales
que se dedican a promover la adquisición de tierra y
vivienda por parte de los sectores más desprotegidos
de la población, organismos que, en consecuencia, conocen
bien, de primera mano, no a través de encuestas o investigaciones
indirectas, la materia de la que están hablando.
....El mencionado Conorevi declaró
que cada año se fundan en el país 300 mil hogares
en situación de pobreza y que, de ellos, sólo
25 mil, es decir, menos del 10 por ciento, reciben “un
apoyo” para suelo y vivienda. “Un apoyo” debe
entenderse como el ofrecimiento de tierra legal y a precio accesible,
enganche alcanzable, algunas facilidades de pago, etc., “un
apoyo”, en fin, solamente significa un empujón
para que la familia inicie un largo calvario hasta llegar a
tener una vivienda digna y pagada completamente, lo cual, a
pesar de todo, nadie en sus cabales catalogaría de justicia
social.
....Además de ello, el Conorevi
declaró que de los que faltan para llegar a los 300 mil
hogares anuales, 125 mil “ocupan un territorio irregular”,
es decir, se ven obligados a violar la ley para poder instalar
un hogar, lo cual no quiere decir, por supuesto, que todos estos
mexicanos sean proclives a delinquir, que tengan de por sí
una tendencia antisocial y que necesiten ir a la cárcel
para ser readaptados por la pedagogía de celadores y
alcaides, no, nada de eso, es la propia ley la que se muestra
antisocial, represiva de la necesidad y el derecho humano de
una vivienda decorosa. Aquí lo que habría que
cambiar no es la naturaleza de los mexicanos que así
intentan resolver su grave problema sino, por un lado, la ley
y, por el otro, la naturaleza, la mente y la conciencia de quienes
los explotan y los dejan sin lo mínimo para vivir dignamente.
....También dijo el Conorevi
que otros 100 mil se asientan en un lote familiar, es decir,
en buen mexicano, viven arrimados y, salvo honrosas excepciones
de familias amorosas y solidarias, el muerto y el arrimado a
los tres días apestan, por lo que vivir con todo y familia
en estas condiciones no es nada envidiable. A ellos hay que
sumar, según este mismo organismo, a otros 50 mil que
viven en condiciones de hacinamiento, es decir, que también
viven arrimados, sólo que estos últimos no comparten
“un lote familiar” sino simple y sencillamente los
pocos o el único cuarto en el que ya vivía la
familia original, condición mucho más agobiante
que la anterior. Todas estas categorías juntas suman
los 300 mil nuevos hogares en situación de pobreza que
se forman cada año en nuestro país.
....Categorías entre las
cuales, obviamente, no se contabiliza a quienes compran vivienda
con servicios por su cuenta, es decir, a varias centenas de
miles que, si bien es cierto no pertenecen a los estratos más
pobres, sí son trabajadores o empleados de bajos ingresos
que caen en las fauces de voraces constructores que venden verdaderos
palomares inhabitables, inservibles y llenos de vicios ocultos
y no ocultos y con créditos de agiotistas que seguramente
todavía no se habrán saldado cuando ya la vivienda
no esté en pie. ¿A cuál de todas estas
categorías del sufrimiento pertenece o le gustaría
a usted pertenecer?
....En tanto que buen conocedor
de la problemática de la vivienda, el Conorevi propuso
varias medidas para aliviar la desesperada situación
que está jugando el papel de poderoso agitador en nuestra
realidad social. Propuso que se eleve a rango constitucional
la integración de reservas territoriales, la asignación
de recursos públicos a los institutos estatales de vivienda
para el equipamiento en zonas donde se instale vivienda social
y, entre otras, impulsar la conversión de suelo social
a suelo urbano.
....No obstante, no creo que le
hagan caso. Son muy influyentes los que consideran que el suelo
y la buena vivienda tienen que seguir siendo privilegio de acaudalados
y de políticos poderosos como queda de manifiesto con
Francisco Garrido Patrón, el gobernador panista de Querétaro
quien, violando flagrantemente la ley, envió y mantiene
en prisión a una luchadora social como Cristina Rosas
Illescas que buscó y encontró resquicios legales
para que alguna gente de Querétaro tuviera un pequeño
lote y edificara su vivienda y, también, como el presidente
municipal panista de Toluca quien está aferrado a impedir
que se cambie el uso del suelo y entren a ocupar sus modestos
terrenos más de 300 mexiquenses que ya los pagaron. En
resumen, los conocedores de la problemática de la vivienda
diagnostican y recomiendan remedios oportunos, quienes ya institucionalizaron
el privilegio y la discriminación social en nuestro país,
fingen que no escuchan. ¿Cuánto durará
la paciencia de los oprimidos?
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