Convengo en que es perfectamente posible que una modesta madre de familia cuya instrucción escolar es muy limitada, la cual, haciendo ahorros y contrayendo deudas, resulte engañada al comprar a su hijo una computadora. Es perfectamente creíble y sucede a diario que un comprador de esta naturaleza se encuentre con que la mercancía adquirida no tiene las características que le aseguró el vendedor en el momento de la transacción y que de repente se encuentre en su casa timado, burlado y sin nadie que le haga justicia. Pero que un viejo, viejísimo experto como no creo que haya otro en este país en cuestión de tierras y de litigios en torno a ellas, como es la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), resulte defraudado a la hora de comprar 208 hectáreas para cumplir compromisos con campesinos humildes y pasen años sin que se repare la fechoría, eso ya resulta mucho más difícil de creer y aceptar, sería como comulgar con una rueda de molino.
Viene a cuento la reflexión no sólo porque estamos en la época decembrina de las compras, sino porque ya pronto se van a cumplir tres años de que un grupo de campesinos pobres de Colima, los del Ejido “Nuevo Quesería”, fueron expulsados violentamente de las tierras que había comprado para ellos la SRA y que apenas unos días antes les había entregado oficialmente para que se pusieran a trabajar. Los campesinos fueron expulsados porque las tierras adquiridas por tan avezado comprador estaban (y siguen estando) en litigio, es decir, había y hay un grupo de personas que se ostentan como dueños legítimos de las tierras, personas que fueron, precisamente, quienes expulsaron a los campesinos del Ejido “Nuevo Quesería”. No interesa en este momento dilucidar si quienes reclaman esas tierras son verdaderamente sus dueños o no lo son, basta con informar que cuando la SRA compró, la tierra estaba en litigio, y de eso sí no queda ninguna duda.
¿Error? Ya dije que no lo creo. No obstante, concedo el beneficio de la duda y me atengo al hecho de que en este mundo tiene que haber de todo. Pero en el hipotético y remoto caso de que se hubiera tratado de un lamentable descuido, cualquiera estaría de acuerdo en que había que repararlo de inmediato denunciando al sujeto que vendió lo que no era suyo o, por lo menos, aquello cuya propiedad no tenía plenamente reconocida y procediendo a entregar tierras reales a los campesinos. Esa persona existe y tiene nombre y apellido, se trata de Guadalupe Morentín y tiene además un apoderado legal que también tiene nombre y apellido y que es Vicente Torres. Pero no, no se denunció al defraudador ni se repusieron las tierras, simplemente se abandonó a los campesinos a su suerte durante casi tres años, pues fueron despojados de las tierras ajenas que les dio la SRA desde febrero de 2005.
Después de muchas vueltas y revueltas, es decir, después de mucho insistir para que la dependencia federal se decidiera a defender el malgastado dinero de todos los mexicanos, los humildes campesinos y sus representantes de Antorcha Campesina, lograron que la SRA hiciera un compromiso para reparar el daño: en el mes de mayo pasado, la dependencia federal se comprometió a que interpondría la correspondiente denuncia por fraude en contra de los vendedores. Más de dos años después, y a regañadientes, la SRA se allana a las presiones ciudadanas y accede a denunciar a quien defraudó a la nación. ¡Ver para creer! Se comprometió, asimismo, a que tan pronto como la denuncia fuera consignada ante un juez, compraría otras tierras para los ejidatarios del Ejido “Nuevo Quesería”, es decir, procedería finalmente, luego de 20 años, porque esa es la antigüedad de la solicitud campesina, a hacerles justicia.
Pero no hay que echar las campanas a vuelo. Ya pasaron 6 meses del compromiso pues, como queda dicho, se realizó en el mes de mayo, y ni rastro de la denuncia. Es cierto que un empleado de la llamada “Unidad de Concertación” de la SRA dijo hace tres días que la denuncia ya había sido interpuesta pero no fue más que una comunicación verbal a la que ni siquiera se acompañó con el número con el que fue registrada la averiguación previa en la PGR. Es más, aparte de la posibilidad de que el compromiso simplemente no se cumpla en los términos en los que se contrajo, es decir, aun cuando la averiguación previa ya haya sido consignada, falta todavía saber si algún día la averiguación previa va a ser consignada pues mantenerla en el cajón del escritorio de un agente del ministerio público es lo más fácil del mundo.
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