Se han vuelto a expresar en los últimos
días ciertas opiniones en contra, sobre todo, de las
manifestaciones y los mítines de protesta; en realidad,
esas son las que merecen alguna respuesta, pues todas aquellas
opiniones que se refieren estrictamente a evitar que a socapa
de una inconformidad se cause daño intencionadamente
a las propiedades o a las personas, no tiene para mí
ninguna discusión, esos actos están claramente
tipificados en cualquier código penal (siempre y cuando
la autoridad actúe de buena fe pues existen no pocas
que fingen confundir una cosa con la otra).
....La legalidad de la protesta
pública pacífica no debiera estar a discusión,
es absoluta y completamente legal desde el 5 de febrero de 1917.
Dice la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 9º: “No se podrá
coartar el derecho de asociarse y reunirse pacíficamente
con cualquier objeto lícito... No se considerará
ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión
que tenga por objeto hacer una petición o presentar una
protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia
o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido
que se desee”.
....Así de que no hay vuelta
de hoja, la reunión y protesta pacíficas por actos
de la autoridad forman parte de nuestra forma aceptada de vivir.
Son esenciales para nuestra vida republicana pues, por una parte,
señalan acertadamente, los contrapesos indispensables
al ejercicio del poder, hecho que es cada vez más obligado
pues, en lugar de irse extinguiendo, son cada vez más
abundantes los funcionarios públicos de todos los niveles
que consideran que el puesto es una patente de corzo para colocarse
por encima y sobre la sociedad, para imponerse en todos los
aspectos que a sus intereses particulares convengan. Son cada
vez más los funcionarios que abusan del poder.
....Por otra parte, el sistema
de partidos en vigor existe y se desarrolla precisamente gracias
a este precepto constitucional. Si se abroga o se nulifica de
hecho, todo el edificio democrático se viene abajo. Suenan,
pues, muy hipócritas los funcionarios públicos
que despotrican en contra del derecho de reunión y manifestación
pacíficas cuando han sido, precisamente, esos derechos
sociales los que lo han colocado en la situación de privilegio
de que gozan. No se puede presumir de gran desarrollo democrático
cuando se hace una manifestación o mitin para trepar
en el poder a un político en campaña, mientras
que se condena como símbolo de barbarie, una protesta
por sus acciones como gobernante. Nadie aceptará que
el derecho de manifestarse sea legal para unos e ilegal para
otros.
....A mí no me queda ninguna
duda de que los principales interesados en abrogar o conculcar
el derecho a manifestarse son los señores del gran poder
no los ciudadanos comunes y corrientes. Se trata de una reacción
perfectamente comprensible por parte de quienes tienen una posición
privilegiada que no quieren las molestias de los reclamos y
las presiones. Son ellos y no otros quienes echan mano de ciertos
medios de comunicación para difundir una supuesta ira
popular mediante la desgastada técnica periodística
de publicar entrevistas seleccionadas.
....Nada más que prohibir
o confinar la protesta social, en un país extremadamente
injusto como es el nuestro, es imposible. Cuando haya desaparecido
el abismo que existe entre la masa de los pobres y la élite
de los ricos, cuando hayan desaparecido las descomunales diferencias
en el acceso a la salud, a la vivienda, al descanso, cuando
la inmensa mayoría de los mexicanos deje de tener, una
vida angustiante y tenga una vida digna, llevadera por lo menos,
en una palabra, cuando las causales de la protesta vayan desapareciendo,
se irán extinguiendo las protestas públicas, no
antes. Precisamente por ello, las prohibiciones legales están
condenadas al fracaso y la represión violenta conducirá
tarde o temprano a la violencia.
Colaboraciones
anteriores
