Según se publicó en varios medios
de circulación nacional, el presidente de la república,
Felipe Calderón Hinojosa, encabezó el pasado lunes
una ceremonia en la cual se puso en marcha un plan de créditos
hipotecarios para los miembros del Ejército y la Armada.
En ese acto, el jefe del ejecutivo reiteró que siempre
tendrá las puertas abiertas para el diálogo, pero
que no permitirá que se busque atentar contra la convivencia
pacífica de los mexicanos, más aún, precisó
que “no debemos confundir la lucha política que
es válida y necesaria en la democracia con actos criminales
que atentan contra ella”.
Los medios de prensa que consulté comentaron que las
citadas declaraciones se hacen en el contexto de las recientes
explosiones en instalaciones de Pemex, es decir, que el jefe
del ejecutivo manifestaba de nueva cuenta –sin llamarlos
por su nombre- que los autores de tales estallidos serían
castigados conforme a derecho. Al respecto, ya dije que estoy
de acuerdo con el presidente de la república, que no
se puede tolerar que se atente contra la armonía y la
paz sociales, así como entiendo que el que escoge voluntariamente
un camino apartado de la ley y el estado de derecho, está
plenamente consciente de los riesgos que corre.
No obstante, también me interesaron las declaraciones
del presidente de la república porque, más allá
de las muy respetables interpretaciones de ciertos medios de
comunicación, las palabras presidenciales también
deben aplicarse a las autoridades y funcionarios que con su
actuación cotidiana y persistente atentan gravemente
contra la convivencia pacífica de los mexicanos.
Me refiero, por supuesto, al caso del estado de Querétaro
en el cual se ha estado persiguiendo y reprimiendo sistemáticamente
a los mexicanos que forman parte de la organización pacífica
y legal que es el Movimiento Antorchista, organización
que libra “la lucha política que es válida
y necesaria en la democracia”. No meses, sino años,
se ha estado denunciando que el gobierno de Francisco Garrido
Patrón y Alfredo Botello Montes, no recibe ni resuelve
peticiones justas, que tramó y ejecutó el desalojo
violento de la Casa del Estudiante “José María
Arteaga”, que mantiene encarcelada a la Presidenta del
Comité Directivo del Movimiento Antorchista contra toda
razón y todo derecho, que prohíbe los plantones
en la plaza principal de Querétaro y que sus policías
arremeten a golpes, patadas y escupitajos contra aquel se atreve
a depositar en el suelo de esa plaza una simple pancarta.
Se ha estado pidiendo también que se investigue y castigue
a los autores intelectuales y materiales de anónimos
con insultos y amenazas de muerte, que se investigue y castigue
a quienes allanaron y dejaron otro recado con amenazas de muerte
en la sede actual de la mencionada Casa del Estudiante y se
ha estado exigiendo que se esclarezca el asesinato cobarde de
Jorge Obispo Hernández, sin que nadie hasta la fecha
se haya ocupado en serio, ni de detener la represión
oficial, ni menos aún de castigar a quienes en este caso
“atentan contra la convivencia pacífica de los
mexicanos”.
Ítem más. Puedo decir con toda seguridad que,
por lo menos hasta ahora, el diálogo y las puertas abiertas
para los antorchistas, no han existido. Todavía la semana
pasada, el jueves para ser más precisos, cerca de 25
mil mexicanos, amantes de la ley y la democracia, fueron a la
residencia oficial de Los Pinos a solicitar, atenta y respetuosamente,
la intervención de las más altas autoridades de
la federación para que, para decirlo en una palabra,
se respete el estado de derecho en Querétaro. Y, lo mismo
que en la administración anterior, recibieron un trato
burocrático en el que formalmente se les escuchó
y atendió por parte de dos funcionarios pero sin que
ello tuviera ninguna repercusión para fines prácticos.
Vuelvo ahora, con motivo de las declaraciones del señor
presidente, a insistir en que, de acuerdo con las atribuciones
legales que tiene el ejecutivo federal, más particularmente
la Secretaría de Gobernación, se intervenga en
Querétaro para restablecer y mantener el estado de derecho.
La solicitud es vigente por lo que ya queda descrito y denunciado
pero, además, porque uno de los diputados locales, el
señor Erick Salas, que recientemente organizaba agresiones
en contra de Antorcha Campesina y de su dirigente en Querétaro,
Jerónimo Gurrola Grave, ya volvió a la colonia
Carlos María de Bustamente, regañó a los
que supuso lo denunciaron por reunirse con ellos y se retiró
diciendo que ahora trabajaría “más en secreto”.
Además, porque a cada legítima acción de
protesta de los antorchistas, siempre, invariablemente, ha habido
una violenta reacción del gobierno del estado de Querétaro
y no pensamos que la realización de la marcha de los
25 mil a Los Pinos vaya a ser la excepción. En tanto
aguardamos a que las puertas abiertas y el diálogo ofrecido
por el señor presidente de la república, alcancen
también a los antorchistas, hacemos responsables de cualquier
atentado contra su integridad física o su vida que pueda
sufrir cualquier antorchista o sus hijos en el país,
a los diputados Erick Salas González y Alejandro Straffon
Báez, al secretario de gobierno Alfredo Botello Montes
y a Francisco Garrido Patrón, gobernador del estado de
Querétaro.
