En pleno siglo XXI, en la era del respeto a los Derechos Humanos, de la igualdad de la mujer, del respeto a las minorías, de las leyes para proteger a los que no fuman de los que sí fuman y a las mujeres y los hombres víctimas de las miradas lascivas de sus congéneres, en pleno Distrito Federal, a ciencia y paciencia y hasta con provecho político de sus autoridades, centenares de miles de seres humanos viven relegados, sin servicios, sin derecho a reclamarlos, permanentemente castigados y sin que ninguna autoridad se preocupe por ponerle fin a su penuria.
Me refiero en esta ocasión a los capitalinos que tienen la desgracia de vivir en zonas que se consideran de protección ecológica. Se trata de personas que atraídas por la baratura de los terrenos que se les ofrecían, engañadas o no engañadas, pero siempre impulsadas por la enorme necesidad elemental de contar con un terreno y una vivienda para su familia, fueron a construirla en áreas prohibidas. Una visión legalista de esa realidad inocultable encontraría razones sobradas para ejecutar un desalojo fulminante. No obstante, sin tratar de hacer una apología del delito, sino simplemente de exponer una realidad inocultable, a nadie se le escapa que un desalojo de esa magnitud significaría la fundación inmediata de varias ciudades de las llamadas medias, que el fenómeno demuestra que la realidad social es inmensamente compleja y que en no pocas ocasiones rebasa los límites a los que algunas disposiciones pretenden constreñirla.
Los cientos de miles de habitantes de las zonas de protección ecológica ahí están. La autoridad lo sabe perfectamente bien y no hace nada por aliviar en definitiva el sufrimiento de estos seres humanos, los mantiene desde hace ya muchos años viviendo en condiciones infrahumanas. Conozco de primera mano varias de ellas. Me refiero en esta ocasión solamente a quienes habitan en la zona del pueblo de Santa Cecilia en la Delegación Xochimilco. Son más de mil familias de modestas a muy modestas, que viven sin ninguno de los servicios más elementales y que han solicitado reiteradamente que la zona donde se encuentran sea considerada para el cambio de uso del suelo. Y nada.
En Tiziclipa, Xocotitla y El Mirador no hay servicio de agua potable, la Delegación envía pipas los martes y los viernes y sólo les llenan dos tambos en cada ocasión, pero el martes de la Semana Santa no llegaron y al martes siguiente tampoco aparecieron. Los colonos no tienen forma de contratar el servicio de energía eléctrica, lo consiguen por su cuenta en ratos trayéndola desde una distancia de más de un kilómetro con cables comprados en la ferretería y nunca han tenido drenaje sanitario. Para tomar un transporte público hay que esperar pacientemente hasta que un microbús entre por un estrecho camino de terracería o caminar media hora hasta la carretera en la que pasa más frecuentemente, el camino se vuelve una boca de lobo en la noche y muchas mujeres y muchachas que trabajan lo recorren todos los días. Todo ello desde hace casi 20 años.
Debe rechazarse, pues, el criterio con el cual hasta ahora han funcionado las autoridades de GDF y que juzgado por sus resultados consiste en que porque esas personas están en situación ilegal deben de soportar todo tipo de carencias, sufrimientos y arbitrariedades, debe rechazarse que se les imponga de facto y al margen de todo derecho una muerte civil, una especie una cadena perpetua. Ante una situación al margen de la ley provocada por la necesidad, una autoridad responsable no puede responder violando también la ley y los derechos humanos, la autoridad no debiera estar para cobrar venganza. Las autoridades del GDF deben, en consecuencia, ocuparse en serio de imponerle una solución justiciera y definitiva a esta anómala situación social.
Incluido en el pliego petitorio que ha presentado el Movimiento Antorchista al GDF y que éste ha ignorado, se encuentra la solicitud de regularización de éstos y otros asentamientos humanos. Y, precisamente por que hasta ahora no ha habido voluntad de atender este justísimo pliego petitorio, porque la autoridad se ha negado en redondo a cumplir siquiera compromisos que ya ha firmado con anterioridad, el Movimiento Antorchista del Distrito Federal llevará a cabo una pacífica marcha de 8 mil de sus integrantes el próximo 22 de abril y a partir de ese día instalará un plantón indefinido en la Plaza de la Constitución.
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