El pasado 8 de febrero, en uno de los cruceros de la ciudad de Tijuana, fueron aprehendidos por policías municipales armados –no, no vaya usted a pensar que peligrosos sicarios o narcotraficantes- dos jovencitos que realizaban una colecta pública para sufragar sus estudios y los de sus compañeros. Sí, aunque parezca increíble, en una ciudad que reporta índices de delincuencia, de violencia y muerte que se encuentran entre los más altos del mundo, la policía municipal se dedica a reprimir, a tratar de asustar y desalentar a unos muchachos que en medio de la escandalosa descomposición social tienen la peregrina idea de educarse y ser mejores.
Increíble ¿verdad? A mí también me llamó la atención y decidí que se le deberían de dedicar algunas líneas para tratar de hacer entrar en razón a la autoridad municipal de Tijuana o, por lo menos, para poner un grano de arena para la urgente concientización social del gravísimo problema que representa, no el hecho de que estemos hundidos en la producción, tráfico y consumo de estupefacientes y en la violencia criminal que de ello se deriva, sino en el hecho de que muchas autoridades locales y federales no se dedican a combatir las causas de tan destructores fenómenos sociales, sino que se aplican simplemente a ocultar sus síntomas. Peor aún, como se aprecia en el caso que nos ocupa, hay veces en que la autoridad no se limita a dejar de atacar las causas profundas de la descomposición social, sino que parece que tuviera diseñado todo un programa para agravarlas.
Opino, junto con muchos expertos y ciudadanos respetables, que el problema de la delincuencia en todas sus formas no es un problema policiaco. Lo que nos hunde no es la falta de represión. El caldo de cultivo para la delincuencia es principalmente la pobreza, la falta de empleo, la falta de esperanza de millones de mexicanos y, como complemento necesario, los bajísimos niveles educativos en cantidad y en calidad. Para combatir en serio, para tener posibilidades mínimas de recobrar la tranquilidad perdida, tiene que haber empleos, salarios remunerativos y educación de excelencia para todo el pueblo mexicano. Sólo así se acabará definitivamente con la Hidra de Lerna en que se ha convertido la delincuencia organizada y no organizada.
La detención de Jorge Rojas López y de Elizabeth Espinoza Rueda, quienes apoyaban con su trabajo solidario colectando fondos para el sostenimiento de la Secundaria “Rodolfo Sánchez Taboada” que se encuentra ubicada en una de las colonias más pobres de la ciudad de Tijuana, es representativa de la actitud que asumen ante el problema nuestras autoridades. Esa secundaria, para quienes no lo sepan o ya lo hayan olvidado, es producto de una larguísima lucha de estudiantes, profesores y padres de familia para lograr su reconocimiento pues, durante varios años, la autoridad simplemente no quiso reconocer la existencia de ese centro educativo y, cuando finalmente se decidió a hacerlo, lo hizo descargando sobre la propia comunidad escolar el sostenimiento del centro de estudios, es decir, no la incorporó al presupuesto oficial, solamente le concedió permiso para funcionar como escuela particular.
En consecuencia, para poder sufragar la educación de sus hijos, los padres de familia aportan cuotas insignificantes y ocasionales, los estudiantes realizan actividades económicas y colectas y los profesores no cobran por sus servicios. La autoridad municipal que recientemente entregó el poder en Tijuana, en un acto meritorio de sensibilidad política decidió otorgar un pequeño subsidio a la institución para aliviar un poco los esfuerzos de estudiantes, profesores y padres de familia pero, la autoridad panista que encabeza Jorge Ramos Hernández, casi tan pronto como asumió el poder, suspendió el magro subsidio.
Ahora, como se ve, no sólo se trata de suspender la ayuda a todas luces insuficiente, se trata de reprimir las labores públicas absolutamente legales para sostener la escuela. Una pinza mortal. Una embestida en toda la línea en contra de la educación popular. ¿Vamos por este camino a acabar o, simplemente, a reducir siquiera un poco la delincuencia en Tijuana y en el país entero? ¿No se está con estos procedimientos aumentando el caldo de cultivo, la amplísima base social de la que se nutre la criminalidad? Hago por este conducto un llamado al presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, para que no se reprima a los jóvenes que colectan en la vía pública para una causa legal y noble, para que se continúe entregando el subsidio que otorgaba la autoridad anterior pero, sobre todo, para que se apoye decididamente a la Secundaria popular “Rodolfo Sánchez Tabaola” con el fin de que obtenga su registro definitivo como una secundaria oficial y disfrute como todos los centros educativos con esta categoría de una parte del presupuesto gubernamental que le permita llevar a cabo a plenitud todas sus actividades. Sólo así se estará efectivamente del lado de la paz y el progreso.
Colaboraciones
anteriores
