Por la prensa nos enteramos de que la policía estatal desalojó
violentamente de las inmediaciones del Palacio de Gobierno un
plantón que, por más de 8 días, mantenían
36 trabajadores del volante (volqueteros) y que este operativo
de desalojo se tuvo que realizar –según el gobierno-
debido a que los manifestantes, al no ser atendidos por las autoridades,
decidieron bloquear la entrada de acceso al estacionamiento del
palacio, por donde entraría el C. Gobernador. Inmediatamente
después del desalojo, los detenidos fueron, sin más,
enviados al reclusorio y acusados de ataques a las vías
generales de comunicación y de motín.
Si los plantonistas cometieron o no los delitos de los que
hoy se les acusa, es algo que nuestra organización no
está en capacidad de saber y que la autoridad competente
tiene la obligación de esclarecer con toda oportunidad,
para la tranquilidad de las familias de los afectados y de la
ciudadanía en general. Nosotros sólo señalamos
y nos atenemos al principio de que la autoridad debe actuar
con apego a derecho y con plena y absoluta imparcialidad. Sin
embargo, no podemos estar de acuerdo con que ante la libre manifestación
pública para demandar atención y solución
a un problema (del carácter que sea), el gobierno, lejos
de buscar y encontrar los canales adecuados para la solución
del mismo, responda a las agresiones (si es que las hubo), con
un violento y brutal desalojo, usando la policía para
agredir a los inconformes manifestantes. Ése, desde luego,
no es el papel de un gobierno que se precia de servir y escuchar
a los ciudadanos.
Aquí, quisiéramos dejar bien claro, para evitar
cualquier interpretación errónea de nuestra posición,
que, al opinar como lo hacemos, no estamos prejuzgando el fondo
de la cuestión, es decir, no nos estamos pronunciando
a favor o en contra de quien tiene la razón, en relación
con el problema que se ventila, nos apegamos al derecho irrestricto
de los mexicanos a expresar públicamente sus opiniones
e inconformidades. Queremos prevenir acerca del peligro de que,
al calor de la disputa y la pasión política, se
haga nugatoria una conquista fundamental de nuestra democracia
y se siente el gravísimo precedente de que salir a las
calles a protestar contra quien sea, es un delito que debe perseguirse
y castigarse como tal.
Es indiscutible que la protesta callejera encierra siempre,
en mayor o menor grado según el caso, el peligro de que
se desborden las pasiones y se altere la paz pública.
Es cierto también que el ejercicio de ese derecho causa
molestias a terceros, como son los congestionamientos del tránsito
vehicular o el pintarrajeo (no siempre) de fachadas de edificios
públicos y privados. Pero, quienes ponen en primer plano
estos inconvenientes para proponer la abrogación del
mencionado derecho, no deberían olvidar jamás
que vivimos en un país con graves desigualdades, con
una profunda falta de justicia social para las grandes mayorías,
las cuales carecen, muchas veces, hasta de lo más indispensable.
Impedir a esas masas que expresen pública y pacíficamente
sus opiniones, que difundan sus demandas y carencias, es negarles,
prácticamente, el último recurso que les queda
para hacer oír y defender sus intereses legítimos.
Todos deberíamos preguntarnos, entonces, qué es
preferible: si una toma de oficina, un congestionamiento de
tránsito o un nuevo estallido social como el protagonizado
por los zapatistas.
Si bien es cierto que el gobierno no puede alentar las marchas
y plantones que los ciudadanos realizan en su contra para manifestar
su rechazo e inconformidad con la falta no sólo de atención
a sus demandas más justas y elementales, sino a lo que
es más importante y urgente, la solución de las
mismas, tampoco es su papel impedir y prohibir, desalentando
e intimidando a los ciudadanos a que ejerzan su derecho. Es
más, el gobierno tiene la obligación de garantizar
que todo ciudadano pueda y deba manifestarse libremente y que
sus derechos y garantías individuales sean ejercidos
a plenitud, aun cuando esto ponga en duda el buen funcionamiento
del gobierno.
De no ser así, el gobierno corre el riesgo de que los
ciudadanos piensen que se está constriñendo un
recurso que la ley establece para la defensa de sus más
elementales necesidades. Esta formulación del problema
lleva implícita, voluntaria e involuntariamente la tesis
de que la protesta pública es un acto ilegal, una violación
al sistema jurídico que nos rige y que quienes la emplean,
por tanto, cometen un delito y debe ser condenado y castigado
por ello.
Naturalmente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Todos
sabemos, aun los legos en materia jurídica, que la manifestación
publica en México es un derecho legítimo de los
ciudadanos, clara y expresamente tutelado en el artículo
noveno de la constitución general de la República
al que todos los poderes públicos, sea del nivel y del
orden que sean, están obligados a respetar y proteger,
escrupulosamente y sin cortapisas.
Finalmente, no debemos olvidar que la ley, para ser fiel reflejo
de la justicia, debe ser pareja, de aplicación universal.
Y los Antorchistas, nos vemos obligados a exponer ante la ciudadanía
nuestro punto de vista, porque somos una organización
seria, que lucha por la justicia y, sobre todo, porque tenemos
principios.
