El lo que va de la actual
administración perredista al frente del Gobierno del
Distrito Federal el desalojo de los asentamientos humanos en
las zonas de conservación ha sido el pan nuestro da cada
día. Un día sí y otro también nos
enteramos de operativos realizados en las Delegaciones Tlalpan,
Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Magdalena
Contreras, principalmente. Cuando los cuerpos de seguridad realizan
un desalojo van equipados como si fueran a enfrentar a un ejército
invasor y no a familias indefensas que, en el mejor de los casos,
sólo pueden salir corriendo para defenderse.
A pesar de que el problema afecta a miles de capitalinos, la
autoridad no tiene un dato exacto de la cantidad de asentamientos
irregulares existentes ni de la cantidad de personas en esta
situación, para muestra veamos dos datos distintos: el
GDF ha informado que existen 700 asentamientos irregulares,
los cuales ocupan más de 3 mil hectáreas con una
población cercana a los 200 mil habitantes; mientras
que la Dirección General de Recursos Naturales y Desarrollo
Rural informa que actualmente existen 804 asentamientos irregulares
y en ellos se encuentran 42 mil 463 familias establecidas en
una superficie de 2 mil 415 hectáreas.
Los argumentos que ha manejado el gobierno para justificar los
operativos han sido que se trata de invasores que han tomado
como rehén la reserva ecológica; que mucha gente
invade por negocio ya que cuenta con vivienda en otra parte
de la ciudad; que se está dañando las zonas claves
que permiten la recarga de los mantos acuíferos de los
que se extrae parte del agua que consume la Ciudad de México.
Indudablemente que hay personas que se dedican a invadir, ese
es su modus vivendi, pero son un porcentaje simbólico,
de manera que con ese argumento no se puede justificar los actos
violentos en contra de humildes familias; más aún,
si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los asentamientos
tienen al menos diez y quince años de antigüedad,
por lo que existían mucho antes que se delimitara la
zona ecológica de la urbana. Pero además de ello,
los terrenos en los que están asentados miles de familias
eran tierras ejidales o comunales, de manera que las familias
que los habitan compraron sus terrenos a campesinos y cuentan
con la documentación correspondiente. El problema existe
debido a la inexistencia de una mejor planeación en el
crecimiento de la ciudad, pero fundamentalmente a la falta de
oportunidades de la población de clase trabajadora para
adquirir su vivienda donde mejor les convendría, esto
es con escuelas, servicios urbanos, transporte accesible y con
su trabajo más cercano, y no irse a vivir donde nada
tienen y sufren el doble.
En las delegaciones ha recaído la responsabilidad principal
de darle un arreglo a la problemática; sin embargo este
problema lo han manejado de acuerdo a sus muy particulares intereses,
ejemplo de ello lo tenemos en la delegación Tlalpan.
Desde hace varios meses funcionarios de la Dirección
de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra
de la mencionada Delegación, han realizado censos para
conocer la población total asentada irregularmente en
la demarcación; a las familias les informan que están
revisando su situación para cambiar el uso de suelo de
los asentamientos, es decir, para que pase de zona de conservación
ecológica a zona urbana, pero a cambio les piden a los
vecinos que se comprometan a cero crecimiento, es decir que
no se asienten más familias, ni mucho menos que lleven
a cabo ampliaciones de sus viviendas, ni con lámina de
cartón ni madera. Ese fue el pretexto para que a mediados
del pasado mes de diciembre 800 granaderos la emprendieran en
contra de cientos de familias que vivían en los asentamiento
conocidos como Ahuacatitla, Ocotla Chico, la Faja, la Magueyera,
la Venta, la Joya Lomas del Capulín, Ixpangologuía
y Lomas de San José, a quienes les destruyeron sus pobrísimas
viviendas con maquinaria pesada, pretextando que eran casas
recién construidas.
Después de la manifestación pública que
las familias afectadas en esa ocasión, más otros
cientos de personas amenazadas, ejercieron para protestar contra
el desalojo, el Jefe Delegacional, Eliseo Moyao Morales, dio
indicación a sus funcionarios para que instalaran mesas
de diálogo a fin de revisar caso por caso. Pues bien,
para estas fechas es evidente que los funcionarios encargados
de la revisión han manipulado los expedientes de cada
familia de manera que viviendas con más de diez años
de existencia, fueron construidas, según la delegación,
hace tan sólo seis meses y por lo tanto son candidatas
para desmantelamiento, en este caso la autoridad pasa por alto
la documentación que existe en sus archivos desde hace
años y en la cual se comprueba la antigüedad suficiente
de esos asentamientos como para no tratarlos como a delincuentes.
Entonces, con base a en lo expuesto anteriormente podemos concluir
que la política del Gobierno del Distrito Federal, que
actualmente encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, en
torno al problema de los asentamientos irregulares, y en la
cual participan la LAS delegaciones, ha sido errada desde el
principio. Si de veras quiere que se respete y conserve la reserva
ecológica, esto no se conseguirá desalojando a
las miles de familias que ya están asentadas, sino cambiando
el uso de suelo y tomando las medidas técnicas necesarias
para que esas colonias permitan la recarga de los mantos acuíferos,
lo cual a su vez permitirá que se conserve el medio ambiente;
la otra posible solución es la reubicación de
todos los asentamientos en la zona urbana y junto con ello ampliar
sus programas de vivienda a la población en general para
que ésta tenga las facilidades necesarias para obtener
una vivienda y no sólo a las clientelas del PRD. Que
es como ha ocurrido hasta ahora con los programas del Instituto
de Vivienda del DF.
Cualquiera de las dos posibles soluciones es complicada por
el monto de dinero que representaría y por las trabas
jurídicas que hay que superar. En caso de que adopte
la medida del cambio de uso de suelo, el problema jurídico
no sería un obstáculo pues la mayoría perredista
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es la autoridad
indicada para estos efectos, asegura el tramite, prueba de ello
es que cuando conviene a sus intereses, los legisladores hacen
los cambios necesarios en la ley, en tiempo record, para disponer
de vastos terrenos; la reubicación de miles de familias
implicaría mucho dinero, el cual no creo que el PRD esté
dispuesto a dedicar para este fin y menos en un año electoral.
Lo único que puedo asegurar es que el pueblo no aguantará
tanta presión de los agrupamientos de seguridad y sin
un techo donde vivir, en algún momento puede responder
de una manera que no es la más conveniente para el país
en este momento de coyunturas y tormenta política.
