En los últimos días de este octubre que se fue,
escribí algo (o por lo menos traté de hacerlo)
sobre el tema del problema de la vivienda; tema muy antiguo
que no ha perdido vigencia ni la perderá mientras existan
pobres y la causa de estos que son los ricos. Tal vez alguien
haya tenido la paciencia de leer aquel escrito, por lo cual
solicito su benevolencia y su estoica atención para que
lea, ahora, esta su continuación.
Decidí abordar un tema ya tratado por muchos y mejores
autores, porque en Quintana Roo, un estado que emerge aceleradamente
a los primeros niveles del ámbito nacional, al parecer
se está tratando de poner en práctica medidas
que no han resuelto el problema de la vivienda al aplicarse
en otros lugares.
El rápido crecimiento demográfico que trae consigo
la expansión de la industria del turismo ha originado
la escasez de vivienda para los trabajadores y el surgimiento
de “asentamientos irregulares”. Para evitar la propagación
de estos últimos el director de fomento a la vivienda
en el estado, Ricardo Pech Gómez, hace un llamado al
congreso local para que “modifiquen las leyes estatales”
a fin de castigar “con pena de cárcel y sin derecho
a fianza” a quienes promuevan dichos asentamientos, pero
no dice nada más al respecto y entonces surge la duda
de si en realidad se busca defender a las familias trabajadoras
y resolver su problema habitacional. ¿Qué propone
el respecto el señor director Ricardo Pech, para atender
la falta de vivienda popular? Eso es un misterio.
El movimiento antorchista nacional en sus más de tres
décadas de lucha a lado del pueblo ha formado muchas
colonias populares que en su gran mayoría cuentan con
servicios como el agua, luz, drenaje, pavimentación,
alumbrado público, etc. Son pues colonias de gente pobre
pero no “cinturones de miseria”. La urbanización
de estas colonias se ha logrado gracias a la participación
activa de los mismos colonos quienes con su trabajo físico
y con sus aportaciones económicas han hecho posible la
introducción de dichos servicios. La participación
económica de la gente agregada a la participación
económica de los gobiernos municipales, estatales y/o
federal ha logrado la transformación progresiva de las
colonias promovidas por los antorchistas. Por eso sostenemos
que los legisladores de Quintana Roo y de todo el país
al elaborar las leyes en esta materia, deben alentar y respetar
el derecho de los ciudadanos a participar en la solución
del problema de la vivienda.
Pero en Quintana Roo como en todo el país lo que está
proliferando es la aparición de “inmobiliarias”,
constructoras de casas destinadas a los trabajadores lo cual
en sí no es malo, el problema radica en que dichas inmobiliarias
edifican y ponen a la venta casas caras y mal construidas, consistentes
en habitaciones reducidas a la mínima expresión,
mal cimentadas sobre una superficie de 7 x 15 metros, y con
materiales de ínfima calidad. Puede decirse sin exagerar
que son casas de cartón pintado y sin ánimo de
ofender a nadie, son autenticas perreras. El gobierno de Vicente
Fox anuncia con bombo y platillo la construcción de estas
perreras para los trabajadores como el mayor logro de su sexenio,
pero se sabe que esto no es más que un gran negocio de
la familia presidencial que ha obtenido jugosas ganancias endeudando
por veinte años o más a los ingenuos trabajadores
que se han dejado seducir por el canto de sirenas de los artífices
de semejantes “unidades habitacionales”. Vivienda
para los trabajadores. ¿Vivienda? No, ¡engañifa
presidencial!
Pero volviendo a Quintana Roo, ¿Cómo se piensa
realmente combatir la carencia de vivienda y ante todo de vivienda
digna? Si el señor director Ricardo Pech reflexionara
un poco más sobre este asunto se daría cuenta
que no es con amenazas como va a evitar la proliferación
de los “asentamientos irregulares” que tanto le
disgustan, pues estos no los originan los lideres corruptos
sino que se originan por la constante migración de trabajadores.
Por eso todos sabemos que el presidente Bush no logrará
detener el paso de mojados levantando muros y alimentando jaurías
en la frontera, con ello solamente demostrará su falta
de humanismo, pues los trabajadores seguirán emigrando
desde sus lugares a los de mayor auge económico, en tanto
persista la desigualdad social.
Si lo que se busca es realmente abatir el rezago de vivienda
y con ello la proliferación de manchas urbanas non gratas,
se debe comenzar por atenuar la marcada diferencia que existe
entre la ciudad y el campo; esto es algo difícil pero
no imposible para todos los que tengan las riendas de un gobierno.
Se debe comenzar por atender las enormes carencias en que se
hayan los habitantes de las zonas rurales y marginadas dotándolos
de fuentes de empleo bien remunerado y promoviendo mediante
proyectos productivos bien orientados la correcta introducción
de la tecnología en el agro. Se debe en síntesis,
pugnar por la construcción de una sociedad más
justa y equitativa.
Mientras no se vean así las cosas, se continuará
dando golpes en lugar equivocado, tal vez con buenas intenciones,
pero de todos modos serán inútiles golpes de ciego
y el problema de fondo quedará de pie, sin solución.