MOVIMIENTO ANTORCHISTA


En Guadalupe, Zacatecas,
pisotean los derechos ciudadanos
Osvaldo Ávila Tizcareño
20 de octubre de 2006

Reza el dicho popular: “divide y  vencerás”, y tal parece que algunos gobernantes,  tan despreciativos del pueblo en sus acciones, cuando la sabiduría popular les sirve para sus intereses la aplican celosamente. Lo anterior viene a cuento por  las peripecias que están padeciendo un grupo de campesinos   de los más pobres  de  Zacatecas. Veamos.

 Desde hace varios meses, un importante grupo de habitantes de la comunidad de San Ignacio, perteneciente al Municipio de Guadalupe, decidieron organizarse en las filas de Antorcha Campesina, con el propósito único de  conseguir a través de la lucha organizada mejorar  sus  condiciones materiales,  pues  a pesar de residir en  el   tercer municipio más importante del estado, el atraso, la marginación y el abandono en que viven son insultantes, no cuentan con drenaje, el surtimiento del agua potable es irregular, para entrar a la comunidad existe un camino en muy malas condiciones, sólo tienen una escuela primaria y ni soñar con el “lujo”  de un centro de salud o de pavimentaciones.

Como puede ver cualquiera que tenga dos dedos de  frente, la  necesidad de trabajar de manera conjunta por su comunidad no es de ninguna manera una necedad, sino por el contrario, una urgencia  impostergable,  pues bien, desde hace varios meses iniciaron  la  difícil odisea que como muchos pobres del país tienen que sufrir  para ser escuchados por sus gobernantes, por  lo que una y otra vez acudieron  encabezados por los dirigentes antorchistas   a buscar  una entrevista  con el presidente municipal de Guadalupe, Clemente Velásquez Medellín, sin  tener mucho éxito. Fue hasta mediados de mayo y luego de la detención arbitraria por unas horas de uno de sus dirigentes, que  consiguieron una entrevista, en la que se discutieron las alternativas posibles para atender paulatinamente las necesidades planteadas y se establecieron  plazos concretos para entregar materiales e iniciar las obras comunitarias.

Sin embargo, a pesar de los compromisos de los funcionarios municipales y de la mucha paciencia de los campesinos, los plazos se cumplieron y cuando acudieron  a reclamar el cumplimiento de los  acuerdos, el  secretario particular del titular del ejecutivo local, llamó aparte a los peticionarios y les prometió “las perlas de la virgen” a cambio de abandonar a  sus dirigentes y dirigirse, de uno por uno, con la delegada comunitaria   a  tratar sus asuntos. Sabedores de que solos serían más débiles, aguantaron la presión e insistieron  en sus demandas, consiguiendo un nuevo compromiso para la entrega de materiales y ante un  nuevo incumplimiento acudieron a reclamarle a Roberto Luévano, secretario de gobierno municipal, quien les informó que ya había sido entregado al material sólo que por “error” le había sido entregado a la delegada   y que acudieran con ella.

Pero hay más, el subdirector de desarrollo económico, Miguel Sánchez, negó la posibilidad de que recibieran el cemento para sus guarniciones y retó a los peticionarios: “háganle como quieran, pero tengo órdenes de no darles nada”, les dijo.
Con todo lo anterior,  queda claro que de lo que se trata es de desalentar a los modestos peticionarios, pues,  la respuesta que les dieron es como ir con Poncio a quejarse de Pilatos, ya que la delegada tiene órdenes de no darles nada y además es la misma que se ha encargado desde siempre de agredir, amenazar e incluso de manipular los recursos, es a la que las autoridades municipales le ha encargado enfrentar a  sus vecinos, para que entonces, con el pretexto de que no van a generar “confrontaciones”, les niegue atención a sus demandas.

Lo cierto es que el juego es premeditado y conciente, el conocido cuento de no “apoyar” ni uno, ni a otro, aunque en realidad, sí se beneficia al títere de la autoridad y a sus incondicionales. Con esta política Clemente Velásquez, no sólo viola  su compromiso de servir a todos los guadalupenses, sino que también viola la Constitución, al negarles  a los ciudadanos el derecho de organización y, lo que es más grave, metido en estos bretes desatiende su obligación de atender la problemática ciudadana dejando a las comunidades en la marginación y el abandono. Los antorchistas  no cejarán en su lucha y no abandonarán la decisión de pelear lo que les corresponde y vale decir que las protestas que  iniciarán dentro de algunos días, no serán otra cosa que legítima  defensa. Que conste.

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