A raíz de la muerte
de cuatro defensores de oficio en el Centro de Readaptación
Social “Lic. David Franco Rodríguez”, llamado
también Mil Cumbres, en la ciudad de Morelia, Michoacán,
en días pasados, es válida una reflexión
sobre el sistema penitenciario en nuestro país, pues
los acontecimientos ocurridos allí y otros que ha abordado
la prensa, son recurrentes.
Primero, nuestras leyes nacionales, como la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal
Sobre Readaptación Social de Sentenciados, establecen
las normas mínimas las cuales indican que la finalidad
de los centros de readaptación social es que los individuos
que han delinquido se rehabiliten y se readapten al medio social.
Segundo, las normas internacionales, como las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos,
garantizan que el condenado tendrá acceso a un trabajo
productivo que mantenga y aumente su capacidad laboral mientras
permanezca encarcelado, para que así, dicho trabajo le
evite volver a delinquir, una vez liberado. La pregunta es:
¿Se ha logrado esto? ¿La ayuda psiquiátrica,
psicológica, pedagógica y social, ha sido efectiva
y ha logrado que los que delinquieron se readapten y se reintegren
sanos y normales a la sociedad, una vez cumplida su condena?
La respuesta a las anteriores preguntas es: no. El sistema penitenciario
no ha cumplido su cometido, a pesar de que es muy claro que,
a través del trabajo, la capacitación y la educación,
se debe lograr la readaptación. Veamos, a pesar de que
el trabajo puede ser un componente eficaz en un programa de
readaptación social, las actividades laborales rara vez
están disponibles para los reclusos, aunque ellos deseen
trabajar; y, si existe salario, suele ser tan bajo, que no alcanza
para sobrevivir dentro de la cárcel y menos para mantener
a la familia.
Del mismo modo que las actividades laborales, las educativas
constituyen un grave problema en el sistema penitenciario nacional.
A pesar de que el artículo 18 constitucional las considera
un medio de rehabilitación, su escasez es notable; la
carencia de profesores es evidente; el problema se agrava con
la sobrepoblación penitenciaria; y las instalaciones,
aparte de ser insuficientes, están en malas condiciones
para recibir clases. En ocasiones, son los propios internos
los que imparten algunas clases de alfabetización, primaria,
secundaria y preparatoria; pero, ni los docentes improvisados
ni los pocos alumnos, están registrados ante el Instituto
Nacional de Educación para Adultos; y, por tanto, las
actividades que realizan, no cuentan con reconocimiento oficial.
Otro problema es el relacionado con el aislamiento personal,
como medida disciplinaria, ya que éste se efectúa
en condiciones que vulneran la dignidad de los internos debido
que las instalaciones se encuentran en un estado higiénico
muy deplorable, pues es frecuente que no se cuente con los servicios
básicos (energía eléctrica, drenaje, taza
sanitaria); existen denuncias que dicen que las personas sometidas
a aislamiento, no reciben los tres alimentos diariamente, no
pueden tomar el sol, no se les brinda servicio médico,
y se les obliga a permanecer desnudos; peor aún, no tienen
mecanismos para inconformarse por las medidas impuestas; como
para ya ni hablar de los ejemplos de crueldad en los que se
ha distinguido Estados Unidos.
En fin, se puede decir más, pero esto es suficiente para
concluir que el sistema penitenciario en México es pésimo,
pues los porcentajes de reincidencia son muy altos; sólo
revisemos las cifras del Distrito Federal que ha proporcionado
la Secretaría de Gobierno: el 60% de los 22,480 detenidos
son primo-delincuentes; el 23.70 %, reincidentes; y el 14.80%,
multi-reincidentes.
Íntimamente relacionado con el fracaso del sistema penitenciario
está la corrupción que impera en los CERESOS y
CEFERESOS; ejemplo de ello es el hecho, por el que comenzaba
estas reflexiones: la muerte de 4 defensores de oficio en manos
de los delincuentes que les tomaron por rehenes, o de las autoridades
que ingresaron para liberarlos; tal suceso lamentable nos lleva
a diversas preguntas: ¿cómo llegaron esas armas
a poder de los reos? ¿hasta qué niveles del gobierno
llega la ineptitud y la corrupción que provoca que los
reos anden armados? ¿quiénes manejan, como negocio,
estos centros de readaptación? En fin, las interrogantes
son múltiples, y, por lo que se ve, los individuos de
alta peligrosidad, como los del caso que trato, no son enviados
a los CERESOS de alta seguridad, sino a otros donde conviven
con primo-delincuentes, convirtiendo a estos centros en escuelas
de delito. Además, ¿cómo se explica el
ingreso de drogas?
Y lo peor, ¿Qué hacen las autoridades de los diferentes
niveles para que ya no se produzcan delincuentes o, al menos,
reducirlos? ¿Qué alternativas le dan a la población
en el campo laboral, en educación, en seguridad, en vivienda,
en cultura, etcétera, para, verdaderamente, prevenir
la delincuencia? La respuesta es dura, pues las autoridades
hacen muy poco o casi nada.
