La lucha de los antorchistas
michoacanos ha sido constante a través todo el mandato
del Gobierno de Cárdenas Batel, en el cual ha habido
una enorme campaña de desprestigio y calumnias en los
medios de comunicación en nuestra contra, es decir, en
contra de la lucha de los pobres: desalojos violentos, sin importar
la existencia de mujeres, niños y ancianos, incluso el
encarcelamiento de los dirigentes antorchistas. Todo este clima
de difamación y violencia originó que el Movimiento
Antorchista acudiera ante el Congreso local para pedir juicio
político contra el gobernador del Estado.
Efectivamente la continua represión ejercida por el
gobierno perredista en contra de la lucha de los campesinos,
colonos, amas de casa, comerciantes, maestros y demás
sectores populares que demandaron soluciones a peticiones básicas,
como tener acceso a servicios que les permitieran una vida digna,
originó el coraje que se produce en los poderosos cuando
se sienten cuestionados por sus gobernados y respondieron con
golpes, macanazos, en fin, desalojos violentos; ante los cuales
el pueblo ofendido pidió a su dirigencia que acudiera
al Congreso del Estado para pedir juicio político contra
el gobernador.
La respuesta de este órgano legislativo, después
de trabajar con enorme lentitud-pues ha pasado un año
y medio- ha sido desecharlo, debido a las declaraciones del
presidente de la Comisión Instructora a cargo del panista
Antonio Plaza Urbina, esto implica que la decisión, no
esta apegada a preceptos constitucionales, cuando claramente
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
en el Estado de Michoacán establece que procede el juicio
político ante violaciones graves y sistemáticas
a las garantías individuales de los ciudadanos.
Ante un claro desacato de la ley por parte del Congreso local,
los antorchistas han decidido manifestar su descontento ante
la posición claramente injusta y arbitraria de los miembros
de la Comisión Instructora, pues tal parece que estos
señores, lejos de respetar el Estado de Derecho, deciden
hacerlo a un lado en perjuicio de miles de michoacanos pobres
que, de manera constante, fueron agredidos por el Grupo de Operaciones
Especiales (GOEs) comandado por Gabriel Mendoza quien fue destituido
por los sucesos ocurridos en Lázaro Cárdenas.
La negligente actuación del Congreso local ha permitido
que el gobernador haya violentado los derechos de manifestación,
de petición y de organización; plenamente tutelados
por la Constitución de nuestro país; esta queja
es no sólo del grupo antorchista sino de todo tipo de
agrupaciones sociales en el Estado, que se han visto agredidos
en sus derechos, grupos de comerciantes, taxistas, maestros,
campesinos, obreros y pescadores.
Pero la no actuación del Congreso le permitió
al gobernador no sólo negar soluciones a las peticiones
del pueblo pobre de Michoacán, sino también utilizar
la fuerza pública en contra de los manifestantes y en
los cuales los desalojos violentos fueron una constante, lo
peor vendría después.
El 20 de abril fuerzas policíacas de la Federación
y el Estado intentaron desalojar, de la Siderúrgica Lázaro
Cárdenas a los obreros, quienes sostenían un paro
de labores en demanda del reconocimiento de su líder
sindical Napoleón Gómez Urrutia; el saldo de la
brutal agresión fue de dos obreros muertos y, según
versiones oficiales quienes dispararon fueron el Grupo de Operaciones
Especiales, dirigido por Gabriel Mendoza, hombre muy cercano
al gobernador y que, de hecho, fue destituido para calmar la
indignación de la opinión pública. ¡He
aquí las acciones del gobernador! Y aún así
a los legisladores les parece poco el derramamiento de sangre
para confirmar la certeza de la necesidad de llevar a juicio
político al Gobernador. Que conste.
