En los últimos días ha circulado una nota en varios medios impresos y electrónicos donde se menciona que “las autoridades de Texcoco ratificaron demanda contra líderes de Antorcha Popular por la venta ilegal y la supuesta subdivisión que hacen de 40 hectáreas del predio Rancho Santa Martha”. El síndico municipal de Texcoco Juan López Miranda y Agustín Alvarado León, funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fueron los encargados de “ratificar” la denuncia, aunque detrás de todo esto está, realmente, el presidente municipal: Constanzo de la Vega Membrillo.
La demanda que supuestamente se ratificó está dirigida, particularmente, en contra de la dirigente de Antorcha en el municipio de Texcoco, Gloria Brito Nájera, quien desde hace casi un año inició la gestión del cambio del uso de suelo del predio Rancho Santa Martha, donde se pretende dar vivienda a 2 mil familias humildes que no tienen dónde vivir, como tampoco tienen acceso a los costosos créditos para comprar una casa. Esta causa, por sí sola, debería encontrar la más entusiasta acogida en las autoridades encargadas de resolver las demandas, pero lo que sucedió aquí fue todo lo contrario, pues los antorchistas se encontraron con la mayor tozudez y cerrazón que jamás hayan conocido en este municipio.
Fue así como don Constanzo emprendió un lucha en contra de los peticionarios y lo hizo con todos los recursos a su alcance: compra de periodistas, inserciones periodísticas con cara de nota, volanteo en avioneta, pinta de bardas, un teatro de plebiscito, bloqueo de manifestaciones, amenazas y una larga lista que no enumero por falta de espacio, hasta llegar a la denuncia penal, como la que presentó el síndico municipal por segunda ocasión, según las notas periodísticas.
Habría que preguntarse por qué no progresó la primera. ¿No es acaso cierto que cuando un delito está bien fundamentado no tienen por qué buscarse “resquicios” para proceder penalmente?, como afirma el “funcionario” de la PGJEM, pues, además, este mismo se encarga de “invitar” al ayuntamiento a que aporte más pruebas para proceder en contra de los antorchistas. ¿En dónde quedó la imparcialidad de la justicia? ¿En quién confiarán su defensa legal los precaristas que sólo buscan un lugar dónde vivir?
Si la primera demanda no procedió fue porque, simple y sencillamente, no hay delito que perseguir, por tanto, insistir en una segunda obedece sólo a la necedad de un gobierno empeñado en reprimir cualquier intento de que las clases más desprotegidas se organicen; sin embargo, su denuncia no procede porque la lucha de las 2 mil familias es por vivienda, y el derecho a la vivienda hace muchos años que fue elevada a rango constitucional. Tampoco puede ser prueba lo dicho por “distintas personas que denuncian a militantes antorchistas por ofrecer la venta de terrenos”, porque eso tampoco ocurre, lo que éstos ofrecen a los millones de mexicanos que no tienen un lugar dónde vivir es a organizarse y luchar por su derecho a la vivienda y esto no es un delito.
Seguramente éste es el inicio de una segunda andanada de ataques en contra del antorchismo texcocano, pero tengo la plena certeza de que tampoco va a prosperar, pues los perredistas de este municipio han ensayado de todo y los solicitantes de terrenos siguen en su lucha, más fuertes y más unidos; no los amedrentaron los 2 mil policías y los 400 golpeadores que formaron el comité de bienvenida cuando 15 mil antorchistas marcharon el pasado 2 de abril, cuando la ciudad fue sitiada con malla y placa de acero; tampoco tuvo éxito su campaña de desprestigio y linchamiento que buscaron incubar en los texcocanos en los días previos a su movilización de 30 mil personas el 4 de mayo, ya que el pueblo y los manifestantes coincidieron como un ejemplo de hermandad entre los que menos tienen. El último de los actos heroicos es su plantón, que ya lleva más de 60 días y siguen adelante sin importar las inclemencias del tiempo, ni el hambre ni las dificultades propias de esta forma de lucha.
Los perredistas, tanto el síndico municipal como el “funcionario” de la PGJEM, se cuidan mucho de no decir la verdad, se cuidan de no decir que Constanzo miente cuando afirma que van a llegar 25 mil familias, cuando en realidad son 2 mil, pues lo que pretende es generar antipatía en contra de los manifestantes; tampoco dicen que en ese terreno se les “cebó” un millonario negocio que ya tenían apalabrado y calculado con la construcción de multifamiliares que, ahí sí, cabrían 25 mil; no dicen que el verdadero fondo es el riesgo en que se encuentra la hegemonía política del PRD en Texcoco, lo que significa perder la presidencia municipal que tantos y tan buenos negocios les está dejando a las castas divinas del perredismo y que encabeza Higinio Martínez, el artífice de los fallidos entramados en contra del antorchismo.
Señor “funcionario” de la PGJEM, con esa atingencia que lo caracteriza por defender la ley, buscar resquicios y escuchar a “distintas personas”, así como cuidar su cumplimiento, ¿no le gustaría investigar un poquito el origen de los negocios y de las riquezas de Constanzo de la Vega e Higinio Martínez? Me parece que ahí sí se encontraría con algunas sorpresas.
