Ha durado ya varios días la intensa campaña mediática en contra de Antorcha Campesina, campaña que tiene su origen, sin lugar a dudas, en el Gobierno del Estado de Puebla, que busca desprestigiar y doblegar la independencia política de nuestra organización, para ponerla de rodillas ante el poder, y a la que se ha prestado, de muy buena gana, La Jornada de Oriente, periódico en el que una y otra vez se escriben acusaciones gravísimas contra el antorchismo, sin aportar pruebas mínimas de lo aseverado y sin darnos oportunidad de dar nuestra versión.
A esta conducta, tan alejada de la ética periodística, se sumó hace un par de días Ociel Mora, columnista del diario Intolerancia, quien afirmó que la presidenta municipal de Cuayuca de Andrade, “municipio controlado por Antorcha Campesina, manipuló la convocatoria para la elección de Presidente Auxiliar de Cerro Gordo” para favorecer a su candidato, según la afirmación de “un grupo de ciudadanos”, de los que el autor de la columna no presenta un solo nombre ni tampoco las “pruebas” que supuestamente aportaron ante los legisladores sus informantes, para acusar a la alcaldesa -de la que ni el nombre sabe escribir correctamente-.
En primerísimo lugar: ¿Dónde están las supuestas pruebas de la manipulación?, ¿ante quién las presentaron?, ¿por qué no las exhibe el reportero? Sin forzar la lógica, queda claro que aquí, el único manipulador es quien acusa sin pruebas. Segundo: se afirma en la nota de referencia, que los requisitos que se establecieron en la convocatoria eran tantos que ninguna persona estaba en condiciones de ser candidato. ¿Por qué no exhibe la convocatoria o los requisitos, para probar su dicho? Obviamente, porque de lo que se trata es atacar, de desprestigiar, no de informar con objetividad.
Tercero. A pesar de que en el cuerpo del escrito se afirma que la convocatoria fue emitida el l3 de abril -y por tanto, desde ese momento podía inscribirse cualquier aspirante que cumpliera con los requisitos de ley-, sin el mínimo recato, menciona que se les dieron 48 horas de plazo a los contendientes para entregar su documentación. Pero, aceptando sin conceder que así hubiera sido, ¿qué pruebas dan de su dicho? Ninguna. ¿El lector debe creerlo porque lo dice don Ociel?.
Cuarto. En una grosera aseveración, afirma que Antorcha padece de “fundamentalismo integrista”. No pudiendo reprimir sus ansias de ofender, Ociel se puso a escribir lo que a él le pareció más despectivo. ¿Conoce acaso el trabajo político, los principios y objetivos de Antorcha? No los conoce. Reacciona con el estómago y se pone a repetir como un lorito mal amaestrado lo que otros, con igual mala fe y por los mismos motivos, dicen de Antorcha.
Quinto. Sin poder reprimir sus ansias de aprendiz de escritor de novelas de terror, Ociel dice: "En este contexto terrorífico...la policía amedrenta y hay amenazas de muerte". Pues bien, eso es absolutamente falso; el único contexto terrorífico es el que incuba desde el poder estatal acusaciones como las que aquí se lanzan sin prueba alguna. En Cuayuca de Andrade se respeta a toda la ciudadanía; salvo los que no se resignan a perder el poder municipal, la población se encuentra en paz y trabajando, y retamos una vez más a los acusadores a que den pruebas de sus dichos. De no hacerlo, quedarán exhibidos como unos calumniadores.
Sexto. En la Junta Auxiliar de Cerro Gordo sólo hay un Ayuntamiento legalmente constituido; el otro es un organismo espurio, de ilegal origen y, por tanto, usurpador de funciones. Pruebas: afirma Ociel que la presidencia auxiliar saliente, “respetuosa de la institucionalidad” presidió el acto donde se eligieron a sus seguidores, como nuevos miembros de la presidencia auxiliar. No sabemos si afirma esto por ignorancia o por maniobra, pero el presidente auxiliar saliente, por muy amante que sea de la institucionalidad, no puede desempeñar o arrogarse funciones que no le corresponden, so pena de cometer el delito de usurpación de funciones. A confesión de parte, relevo de pruebas, Ociel declara paladinamente que sus contlapaches son los verdaderos violadores de la ley y el derecho, y si a esto le agregamos que tienen en su poder el Registro Civil y el edificio auxiliar, son doblemente infractores y, por tanto, la presidenta municipal está en su derecho de iniciar las acciones legales correspondientes, como representante legal y mayoritaria del pueblo de Cuayuca.
Con lo aquí expuesto basta para demostrar que las acusaciones de Ociel son falsas y obedecen a un encargo gubernamental de golpearnos mediáticamente, por lo que a nadie extrañe que a las aclaraciones necesarias, como ésta que hoy hacemos, tengamos que sumar una serie de movilizaciones, que irán ante las autoridades estatales a exigir que se respete nuestra actividad como auténtica organización popular y se detenga esta campaña mediática, financiada con recursos públicos.
