Nuestra Carta Magna, en su Artículo 4, establece de manera muy clara y precisa, que toda familia mexicana tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Desgraciadamente, como en muchas otras cosas, este derecho de los mexicanos es “letra muerta”. El Estado, que se supone debe de procurar por todos los medios lograr que se alcance objetivo, que los visionarios constituyentes plantearon como una de las demandas del pueblo mexicano, hace poco, o casi nada, para hacer realidad este precepto constitucional y acercarse a dicha meta social. Más parece que el problema de la vivienda es cuestión electoral, que de justicia y sensibilidad social.
No me quiero referir en esta colaboración al problema central del déficit de vivienda, que se cuenta por millones de familias que carecen de ella, si no a un aspecto del problema de la vivienda popular: las condiciones de la “vivienda” que proporciona el propio Estado a través de sus organismos. Quiero, en particular, tratar sobre los fraccionamientos “desarrollados” por Fomerrey, institución de vivienda en el estado de Nuevo León.
Primero empezaré diciendo que es claro que el concepto de vivienda digna y decorosa encierra mucho más que el pedazo de tierra, o lote. Si bien es cierto éste es la base de una vivienda, no abarca, todo el concepto constitucional, ya que éste implica los servicios básicos con que cuente el lote, la construcción propiamente dicha de la vivienda, las vías de comunicación y el transporte que se tengan, y, en general, su entorno (centros deportivos, centros de salud, centros recreativos, etc.). En otras palabras un lote en breña no hace una vivienda, aunque las autoridades encargadas de la vivienda eso es lo que pretenden entender.
Y es que la realidad en que viven miles de familias que habitan los fraccionamientos del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Monterrey (Fomerrey), son verdaderamente lamentables y contradicen totalmente el espíritu de la Constitución Política y el propio espíritu con que fue creada la institución de vivienda del estado. Varios asentamientos de esta institución, después de años, no cuentan con los servicios más elementales como la red de agua, drenaje, electrificación, pavimentación, centros de salud, entre otros. Y los que ya cuentan con uno o varios de estos servicios, han tenido que recorrer un largo y tortuoso camino de varios años. “Resolver” el problema de la vivienda no es nada más, como se dice coloquialmente, “aventar” a la familia a un lote en breña; no es nada más decirle “éste es tu lote y tú arréglatelas como puedas”, con todos las carencias de agua, de luz y demás. El “argumento” que sostiene muchas veces la autoridad es que se trata de un fraccionamiento progresivo en que los servicios se pondrán paulatinamente. Lo cual no es más que una artimaña y pretexto para invertir recursos en servicios en las colonias populares, si tomamos en cuenta que las familias pagaron un enganche y vienen dando mensualidades. ¿Dónde están, entonces, los recursos que dan las familias?
La experiencia del Movimiento Antorchista en el estado de Nuevo León no deja lugar a dudas sobre el problema planteado. Así, en el fraccionamiento “Los Valles” del municipio de Villa de Juárez, Fomerrey entregó a las familias, literalmente, un lote. Después de cerca de dos años, dicho fraccionamiento “progresivo” no cuenta absolutamente con ningún servicio. Leyó bien: ningún servicio elemental. Si las familias tienen energía es porque están “colgadas”; se la “roban”. Y no es que las familias antorchistas de dicho asentamiento, no hayan planteado e insistido sus necesidades; es la cerrazón de la institución por atender las peticiones de servicios elementales.
Otro caso, más revelador aún, sobre cómo se aplica la política de vivienda del estado a través de Fomerrey, es el del fraccionamiento la “Alianza Real” del municipio de Escobedo. Este fraccionamiento es ya un centro poblacional importante, pues en él viven varias miles de familias de lo más humildes. ¿Y qué tenemos ahí? Una colonia que sólo cuenta con la electrificación, obra que fue lograda no precisamente por la buena voluntad de las autoridades, sino fruto de la lucha de meses y meses de los colonos organizados en Antorcha. ¿Pero que hay del agua potable, del drenaje, del pavimento, de un centro de salud, etc.? Nada, absolutamente nada en concreto; sólo promesas. El problema se torna difícil ya que el suministro de agua a través de pipas falla continuamente y las familia tienen que “secuestrarlas”, incluso ya a altas horas de la noche. Hay barrios que tienen que pasarse días y días a “secas”. En cuanto a la salud, la cosa no es menos delicada: no hay prácticamente un médico en el fraccionamiento. Las familias, en caso de urgencia, tienen que trasladarse, a la colonia Santa Martha o a otra. Podemos seguir, pero que con lo dicho se entiende el abandono en que se encuentra este fraccionamiento, y deja en claro que lo de “vivienda digna y decorosa” está sólo en el papel. Ante esta situación, las familias organizadas en el Movimiento Antorchista han emprendido una lucha decidida, que lleva ya meses, en la que se han realizado movilizaciones no sólo a la institución de vivienda sino ahora al propio Palacio de Gobierno del estado para pedir la intervención del Gobernador.
Debe hacerse realidad el precepto constitucional de vivienda digna y decorosa como un derecho de toda familia mexicana. Para eso se requiere que el estado reoriente su política en materia de vivienda, haciéndose más sensible, destinando los recursos que se requieren para que se entreguen miles y miles de viviendas en su sentido más cabal. No se ve a futuro un cambio de política en materia de vivienda. Pero lo que sí es seguro, es que la lucha tenaz y abnegada de los antorchistas llevará, tarde que temprano, a lograr que las colonias “Los Valles” y “La Alianza Real” cuenten con todos los servicios, y, lo más importante, a luchar por este cambio en la actual política de vivienda. No se vislumbra otra solución.
