Ya no son tan casuales, ni pocos, los ejemplos en que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha mostrado su vocación represiva como gobierno, particularmente en contra de los más desvalidos e indefensos; ¿será porque es más fácil reprimirlos? ¿O es resultado de su indolencia para actuar responsablemente ante los conflictos sociales más críticos?
Lo primero que viene a mi mente es la participación de la policía estatal michoacana, en la represión de los mineros de la portuaria ciudad de Lázaro Cárdenas, el 20 de abril de 2006, donde no se escatimó recursos ni vías para el ataque; las armas utilizadas fueron de las que matan gente al por mayor y a los mineros les llegaron, según testigos, por mar, aire y tierra; resultado: dos mineros muertos. Las gráficas de ese entonces resultaron por demás elocuentes sobre la brutalidad en contra de un movimiento que sólo buscaba reivindicar a su líder sindical. La participación Grupo de Operaciones Especiales (los tristemente célebres GOES michoacanos) fue demostrada hasta que a nadie le quedara duda de su actuación. Que conste que en ese entonces gobernaba un perredista que, irónicamente, es nieto del más grande gobernante que tuvo nuestro país en el siglo pasado y cuyo nombre lleva la ciudad donde fueron muertos dos mexicanos por el solo delito de reclamar derechos sindicales.
Caso notable es la cotidiana represión que se practica en contra del comercio informal en la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México, donde humildes vendedoras de chácharas y naranjas, por ejemplo, son perseguidas, tolete en mano, y sus míseras mercancías son “decomisadas”, arrebatado el único sustento de familias humildes por los “eficientes” granaderos; lo mismo ocurrió en el tianguis de “El Salado”, al oriente de la ciudad, donde las barricadas de los comerciantes sólo pudieron detener momentáneamente a los cuerpos policíacos para, finalmente, tener que someterse a los designios de un gobierno perredista empeñado en cumplir las leyes del “libre comercio”. Pero también sigue presente el recuerdo de San Juan Ixtayopan, donde la “eficiencia” policíaca no fue suficiente para evitar la reacción contraria de los citadinos que, hartos de los excesos policiales, tomaron justicia por su propia mano, dando muerte por linchamiento a tres elementos de la PFP, el 23 de noviembre de 2004, y, lo más reciente, el caso News Divine, donde la brutalidad policíaca trajo como consecuencia la muerte de 12 ciudadanos (10 jóvenes y dos policías), y los culpables siguen siendo los mismos, pues Marcelo Ebrard, actual jefe de gobierno capitalino, era en el 2004 el Secretario de Seguridad Pública (SPP) y Joel Ortega, hoy director de la SSP, era asesor de Andrés Manuel López Obrador. Conste que estamos hablando de la “ciudad de la esperanza”, gobernada por un partido “cercano a la gente”, que además se dice de izquierda.
En el terreno de los gobiernos municipales, la situación no va mejor. Tan sólo en el Valle de México, los municipios que gobierna el PRD (entre los que destacan Nezahualcóyotl y Ecatepec) son los que registran, según recientes resultados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, mayores índices delictivos y la actuación de sus policías dejan mucho que desear, pero cuando se trata de atender la inconformidad ciudadana, les aflora lo valiente y arremeten contra todo lo que se mueva; ejemplos: el de Ecatepec, en septiembre de 2007, donde la policía municipal y la montada propinaron tremenda golpiza a un grupo de estudiantes y profesores que sólo reclamaban la donación de un predio para la instalación de su preparatoria, la que, por cierto, cuenta con el reconocimiento oficial. En el mes de abril, el gobierno perredista de Texcoco construyó tal muralla alrededor de la presidencia municipal, que los mismos troyanos envidiarían, tan sólo porque una manifestación de 15 mil texcocanos le exigían al perredista Constanzo de la Vega, el cambio de uso de suelo del predio del Rancho Santa Martha, para dotar de vivienda a dos mil familias de precaristas; el complemento a esta fortificación fue la integración de un cuerpo policíaco de dos mil elementos más otros 500 golpeadores, prestos para actuar al menor pretexto; la cordura de los manifestantes evitó posibles desgracias. El más reciente de los escenarios violentos corrió por cuenta de Mario Moreno, presidente municipal perredista de Ixtapaluca, el 27 de mayo y el 10 de junio pasados; en la primera fecha, montó una marcha de esquiroles en contra de otra marcha, pero de ciudadanos que le exigán el cumplimiento de compromisos que firmó desde junio de 2007. En la segunda fecha, de plano, utilizó la violencia policial directa, de la que resultaron cinco heridos, dos de los cuales ameritaron atención médica especializada; la exhibición del uso de la fuerza estuvo acompañada de música con sonido de metralla de fondo y la formación de francotiradores en la marquesina del palacio municipal; y, el más reciente de sus actos de gobierno fue exhibir a nuevos cuerpos policíacos acompañados de perros de ataque, en una reciente manifestación de 10 mil ixtapaluquenses, realizada el pasado 17 de junio con el mismo fin.
Si, finalmente, el pueblo ha cambiado de partidos gobernantes, no creo que haya sido para cambiar el color de la represión, ni porque al pueblo ya no le gustó ser reprimido por el PRI y ahora quiere que lo reprima el PRD; ya bastante sufrimiento tiene con los raquíticos salarios y el dolor que pasa para dar llevar el sustento a sus hogares; creo, sinceramente, que lo hizo con el deseo de ser escuchados y atendidos, de encontrar autoridades sensibles a la penuria de sus vidas, de resolver su problemática, que en mucho casos se reduce a la dotación de servicios elementales como agua potable y energía eléctrica, de ahí que la famosa frase perredista de “un gobierno cercano a la gente” resultó una figura retórica, más propicia para la represión que para la solución de sus demandas. La ciudadanía de estos municipios mexiquenses ya se organiza para apurar el destino histórico de estos gobiernos fascistas: el basurero de la historia.
