Los impuestos en México son, hablando alegóricamente, como Cuasimodo, el jorobado de Nuestra Señora de Notre Dame, al que se procrea y se le deja en el atrio de un templo, pues no se reconoce dada su fealdad, su deformidad. Así sucede en Nuevo León (y seguramente, aunque en distinta magnitud, en todo el país) con el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU). Se ha venido dando en los periódicos locales una verdadera lucha campal –de lo más banal y superficial, por cierto- en la que los distintos partidos políticos, diputados locales y funcionarios -desde el gobernador, tesorero, y demás involucrados-, se recriminan mutuamente. Unos acusan a otros por su participación en la aprobación del impuesto; otros a otros más, porque son los que aplican el impuesto, calculando el monto del gravamen. Lo cierto es que todos los que hoy más hablan y se dejan escuchar en los medios comunicación son (en el sentido de ser miembros de un corriente o partido político en el que todos sus miembros persiguen objetivos comunes y que en este caso fueron participes) los principales impulsores de dicha Reforma Fiscal, y, por lo tanto, responsables de sus consecuencias. Ahora, como una forma de capitalizar electoralmente la inconformidad, se presentan como adalides de los pequeños comerciantes y empresarios afectados por el nuevo impuesto.
El caso es que este impuesto ha causado la inconformidad justificada de los llamados pequeños contribuyentes (dueños de pequeños negocios, pequeños restaurantes, tiendas de abarrotes, talleres, etc.) que a partir de este año vieron elevado hasta un 400 por ciento el impuesto que normalmente venían pagando. Actualmente este impuesto, que se pagará bimestralmente, se deja sentir en cerca de 10 mil integrantes de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope); lo cuales sólo representan el 20 por ciento del padrón de pequeños contribuyentes que el Gobierno del estado tiene registrados, pero que se encuentran en la “informalidad”. Se habla ya, tal vez con cierta exageración, que entre un 5 y 10 por ciento de los pequeños contribuyentes en pequeño han tenido que cerrar. Todo esto, es decir, las protestas de inconformidad, los cierres forzosos de negocios, seguramente estaba ya calculado por los impulsores de la Reforma Fiscal. Una vez echado a andar el impuesto, ahora de lo que se trata de hacerse pasar como los abanderados, confiando que el tiempo irá amainado a los quejosos, los cuales pronto se resignarán.
Tengamos presente, amable lector, para no confundirnos, que la llamada Reforma Fiscal, y dentro de ésta, el Impuesto Empresarial de Tasa Única, fue aprobada por el Congreso de la Unión a partir iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. Es decir, que este impuesto tiene no sólo nombre, sino también apellidos. Fue impulsado por los que hoy se ponen la mascara: panistas y priístas, sin dejar de contar la participación de los otros partidos. ¿Por qué entonces, ahora y sin la mayor vergüenza, los diputados panistas, que forman una mayoría en el Congreso local, no dicen nada de que sus correligionarios políticos a nivel federal fueron los que establecieron la carga fiscal? Eso no lo hacen simple y sencillamente porque reconocer que ellos impulsaron un impuesto no “reditúa” electoralmente; por contrario, les trae desprestigio ante los inconformes que, por cierto, no son dos o tres, sino miles. Sólo se limitan, éstos, a decir que fue el estado el encargado de establecer, con base en cálculos fiscales, los montos del impuesto, acusando de esta manera al Ejecutivo estatal. Es decir, que los ingeniosos reformadores ubican la causa no en el impuesto en sí, sino en cómo se calcula. El Ejecutivo estatal, por su parte, contesta diciendo que este impuesto fue establecido por los albiazules que lo quieren capitalizar políticamente. Y como “solución” propone orientar, dar información e implementar programas especiales a los pequeños empresarios.
La política económica moderna, dicen sus defensores, debe de aplicar dentro de sus medidas las que conduzcan a eficientar la captación fiscal. Todo el que tenga que pagar impuestos debe hacerlo, pues todo gobierno que desee el progreso debe evitar, a toda costa, a los evasores fiscales. Para esto no importó si el negocio es apenas un changarro que sobrevive a duras penas. Ponen a Chile y a otros países como ejemplos de captación de impuestos. Debemos decir que casi todos, con raras excepciones, los que hoy aparecen en escena son de esa ideología. Dice el dicho que “el pez muere por la boca”, y si no, ahí están las declaraciones de quienes dicen “defender” a los inconformes, tales como: “este impuesto va ayudar a combatir a la informalidad”, “ahora se reacciona así porque no se está acostumbrado a este impuesto”, “apliquemos programas especiales para que los pequeños empresarios crezcan, generen riqueza y paguen impuestos”, “la ley debe observarse, y lo que establece la ley, es lo que debe cumplirse”, etc., etc. Más parecen defensores del diablo, que de los comerciantes y productores pequeños.
El pequeño propietario está destinado a sucumbir en la concurrencia con el gran capital, ya que éste último tiene mejores condiciones, dentro de ellas los llamados estímulos fiscales con que los beneficia el Estado. Éste vela más por los intereses de los grandes tiburones del capital a los cuales les da esas condiciones para seguir acrecentándose. No se debe tentar el corazón ante la masa de pequeños contribuyentes; para ellos no hay “estímulos”. Toda esa demagogia acerca del apoyo a los microempresarios, que tuvo su “clímax” con el foxismo, y que todavía se promueve, cae estrepitosamente por los suelos.
Es necesario que el impuesto sea justo, de acuerdo a las posibilidades reales de los pequeños negocios. Debe hacerse realidad el planteamiento de que el que tenga más, pague más, y no que “las pulgas no se carguen al…”. Ésa debe ser la bandera de los pequeños comerciantes. Lo justo es lo equitativo.
