Los pobladores del municipio de Tala, colindante con la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, cansados de las políticas puestas en práctica por los gobiernos priístas, optaron, en las últimas elecciones locales, por cambiar su voto y se dejaron arrastrar por el efecto de Andrés Manuel López Obrador llevando a la Presidencia Municipal a un tránsfuga del PRI que con el slogan de “primero los pobres”, prometió trabajar en beneficio de los más marginados.

Poco, muy poco, tiempo habría de transcurrir para que el alcalde empezara a mostrar su verdadero rostro y sus intenciones reales.

Detenciones arbitrarias de humildes ciudadanos a manos de la policía municipal; aplicación de torturas que en más de un caso han costado la pérdida de  vidas humanas; falta de obra pública que mantienen en el abandono a muchas de las comunidades que conforman el municipio, y el colmo: la prohibición de venta de tortillas hechas a mano en la cabecera municipal. Veamos.

Un numeroso grupo de trabajadoras en la delegación de San Isidro Mazatepec enfrenta la cerrazón, el despotismo y las componendas del alcalde perredista Cipriano Aguayo Durán, quien amparado en un reglamento que dice, aprobó el cabildo, se dedica a proteger los intereses de unos cuantos productores de tortilla. El reglamento, desde luego, que se pasa por alto el derecho al trabajo, al libre mercado tan de moda ahora, así como las garantías y derechos más elementales como el de la libre circulación, sólo por mencionar algunos.

Habitantes de esta población aseguran que desde hace más de 30 años, numerosas familias han venido ganándose el sustento diario por la vía de elaborar tortilla de puro maíz hecha a mano en pequeños talleres de sus propios domicilios que, además, le dan empleo de decenas de madres solteras y a personas de la tercera edad que por su condición no son empleadas en ningún otro lado.

El alcalde la ha emprendido con todo a través de sus inspectores persiguiendo a quienes amparados en la costumbre, la necesidad de sobrevivir, y ahora en la tan cacareada economía de libre mercado; se dedican a distribuir su producto en los establecimientos a donde concurre el consumidor para allegarse de lo indispensable para sobrevivir.

Además de aplicar fuertes multas a los comerciantes que se atreven a expender el producto a sus consumidores, la policía, bomberos y hasta Protección Civil, se han ocupado de clausurar sin ninguna justificación algunos de los pequeños talleres donde se elabora éste satisfactor básico en la alimentación de la gran mayoría de los mexicanos. Los cierres, desde luego, han dejado sin empleo a decenas de mujeres que no tienen otra forma de ganarse la vida.

Por todo esto, un importante número de productoras de tortilla se ha acercado al Movimiento Antorchista Nacional y en forma organizada vienen reclamando la intervención del señor gobernador, licenciado Emilio González Márquez, para que se ponga freno a esta política abusiva y represora del alcalde perredista que como en Texcoco, Ecatepec, Estado de México, Michoacán y el Distrito Federal, se aplica en contra de los mexicanos más pobres. También en Jalisco pues, el perredismo se viene quitando la máscara.