El pasado 30 de junio, en varios medios de comunicación nacionales, se difundió una noticia que ningún mexicano debería pasar por alto. En el diario La Jornada, se reseñó la siguiente nota, que comenzaba así: “La secretaría del Ayuntamiento de León, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), entrena a sus policías en técnicas de tortura”. Y, sin embargo, eso no es lo más sorprendente, sino la forma en que Alvar Cabeza de Vaca Appendini, justificó esa acción. El panista dijo que el Grupo Especial Táctico (GET) recibió un “curso de técnicas de tortura, por la necesidad de tener grupos perfectamente preparados para combatir el crimen organizado”. Los “ultra defensores” de los derechos humanos, promoviendo prácticas reprobadas por todos los organismos defensores de los mismos, y por el mismo código penal de Guanajuato, que, de acuerdo a la nota periodística, establece, en su artículo 264, que el servidor público que “intencionalmente ejerza violencia sobre una persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de investigación”, enfrentará una pena de prisión de dos a 10 años de cárcel.
A esta información se le debe dar importancia por varias razones. Una de ellas, es que no es la primera vez que los gobiernos blanquiazules de Guanajuato –bastión de Acción Nacional- quedan exhibidos por sus prácticas violatorias de las garantías individuales, vehementemente defendidas, a nivel de discurso, por sus militantes. Nadie ha olvidado la tolerancia explícita que el panismo ha tenido hacia la homofobia (sólo hay que recordar el letrero colgado en la entrada de un negocio guanajuatense, donde decía: “prohibida la entrada a los animales y homosexuales”, que no causo ningún estupor al gobierno estatal panista). Mucho menos se olvida el desalojo violento de la casa del estudiante guanajuatense, donde moraban hijos del pobrerío de aquel estado. Pero quizá lo más importante de todo es que muchas políticas impuestas por la derecha panista, a todo el país, han comenzado como experimentos en estados como Guanajuato. Eso es lo realmente preocupante.
Que este experimento sea aplicado, en el futuro, a nivel nacional, no es una idea sin base y por tanto alarmista. Quizá lo fuera en otro contexto, pero en las actuales circunstancias, en plena cruzada calderonista contra el narcotráfico, esta suposición tiene base sólida. Y no es casualidad que el mismo Alvar Cabeza de Vaca diga que la causa sea el crimen organizado; que se necesiten agentes entrenados en “tehuacanazo” para afrontar la guerra en que Calderón ha metido a todo México, sin otro resultado que los ríos de sangre que siguen fluyendo.
Ahora bien, suponiendo que la guerra contra el narco sea legítima, que esté planteada en los términos exactos y con la táctica correcta –algo no del todo seguro-, ¿será bueno entrenar a nuestros agentes de seguridad para ejercer métodos prohibidos por todos los organismos internacionales?, ¿no estaremos dando pie a que se ejecute la tortura indiscriminadamente contra narcotraficantes, delincuentes comunes, disidentes políticos, entre otros?, ¿no nos estaremos dirigiendo hacia un estado policiaco, donde a todos se nos tenga amenazados, vigilados y bajo sospecha?
A todos deberían preocupar las medidas que los gobiernos panistas –municipales, estatales y federales- están llevando a la práctica, y que restringen las libertades individuales y violan los derechos humanos, como sucede en el caso del Ayuntamiento de León. Tal parece que el PAN nos está llevando lentamente hacia una dictadura, misma que se justifica bajo la cortina de humo mediática de la famosa guerra contra las mafias del narco. Y mientras la derecha confesional mexicana libra su lucha, con la que sigue tratando de justificar su victoria fraudulenta del 2006, las plagas de la pobreza siguen haciendo infelices a millones de mexicanos. Ya sabíamos que la derecha en el poder prolongaría la injustica, pero no que restringiría, al grado que anuncia el experimento de Guanajuato, las libertades individuales, que decían defender a capa y espada.
