Con tal expresión, viene caracterizando el pueblo la actitud política de los personeros del poder, ante las diversas manifestaciones de reclamo social que grupos de ciudadanos realizan cotidianamente en Guerrero y el país entero, y que corresponde al uso y abuso del poder, contraviniendo leyes expresas.
Semejante comportamiento es distintivo de gobernantes como: Zeferino Torreblanca Galindo y Marcelo Ebrard Casaubón, del PRD; Felipe Calderón Hinojosa, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Francisco Garrido Patrón, del PAN; Enrique Peña Nieto, del PRI, por ser los más representativos. Y esto es lo preocupante para todos los humildes de México, que se viene conformando un patrón único en el ejercicio del poder, independientemente del origen partidario que tengan los gobernantes, lo que sin duda, viene a confirmar lo que en teoría ya se sabe y está analizado con suficiencia: el ejercicio clasista del poder.
Con distintos “argumentos” como el “no resuelvo bajo presión”; “grupos radicales, chantajistas”; la “autonomía de las instituciones”; “intereses de grupo para golpear”, pero de lo que se trata es imponer la voluntad, criterio, intereses o partidarismo del gobernante, del poderoso, en menoscabo de la necesidad, racionalidad o interés social de los peticionarios. Se repite así la vieja historia del ejercicio arbitrario del poder, con más o menos retoques “democráticos”: yo mando, usted obedezca. Veamos unos ejemplos.
Al palacio de gobierno y las dependencias estatales de Guerrero, han llegado en distinto momento estudiantes, maestros, campesinos, colonos, choferes, comerciantes, vaya, hasta burócratas, en demanda de alguna solución a sus problemas, y la respuesta siempre es la misma: cero atención y soluciones, esgrima mediática para decir que los atienden aunque no los atiendan realmente, o de plano, las soluciones cosméticas simplemente “para taparle el ojo al macho”. De ahí que las protestas y recriminaciones al gobierno de Zeferino Torreblanca sean pan de cada día; prueba de ello son los maestros actualmente en plantón desde hace más de un mes, los normalistas, los estudiantes de la FNERRR y los campesinos de diversas comunidades.
En el plano nacional, la cosa no puede ser menos preocupante. En el estado de Querétaro, en la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, se ha cometido un abuso de autoridad y una represión política en toda la extensión de la palabra. El 29 de septiembre último, a las 4:30 de la madrugada, un contingente de antimotines desalojó a ciudadanos que resguardaban el pozo de agua de su comunidad, en rechazo a la expropiación que de hecho venía haciendo del bien, el cuñado del actual Secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes. Del desalojo detuvieron a 23 ciudadanos, encarcelando posteriormente a 14 (nueve hombres y cinco mujeres) acusados de “sabotaje, resistencia de particulares y devastación” (¡!), delitos graves y totalmente infundados que mantendrán por muchos años a las víctimas en prisión.
Se han hecho marchas en Querétaro denunciando la injusticia y pidiendo la intervención del gobernador Francisco Garrido, pero éste, comiendo y cantando, como que esa es la ley del Yunque, organización ultraderechista a la que pertenecen los gobernantes queretanos. Al tener canceladas las posibilidades de hallar justicia en Querétaro, el Movimiento Antorchista trasladó su petición de intervención para esclarecer los hechos, ante las instancias federales, Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, en donde se tiene instalado un plantón desde el 7 de octubre; se han hecho marchas, volanteo, peticiones por escrito, ¿y sabe qué ha pasado, amigo lector?, silencio absoluto, inoperancia total para resolver el problema de parte de Juan Camilo Mouriño y subalternos; con puras argucias legaloides evaden su responsabilidad de hacer valer el estado de derecho para todos los mexicanos. ¿Y el Presidente de la República? Bien, gracias, como si nada pasara en este reino feliz.
En el Estado de México tampoco “se cantan mal las rancheras”. El 1 de julio de 2006, al interior de la casa del Secretario General del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, ubicado en Ciudad Satélite, se asesinó a plena luz del día, con todas las agravantes de ley, al joven potosino Jorge Obispo Hernández, ejecución cometida por un comando entrenado para matar, que contó evidentemente con la complicidad de los cuerpos policíacos, pues el crimen se cometió a escasos metros de un puesto de policía. Aunque la Procuraduría de Justicia del Estado de México ha dado sus versiones, éstas son palos de ciego que no checan con las circunstancias del crimen, ¿negligencia? ¿incapacidad? ¿contubernio?, aún está por verse. Lo cierto es que el crimen sigue en la impunidad y los autores, libres. Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, hasta el momento no ha intervenido efectivamente para hacer justicia, a pesar de las peticiones expresas que se le han hecho.
Esa política del “ni los veo, ni los oigo”, debe acabarse. Los gobernantes deben entender que si hay una petición o queja, ésta debe ser atendida para que el ciudadano se sienta dignamente representado por su gobernante; de otra manera, como retumba ya en varios foros, si no son capaces que dejen el puesto.
El Movimiento Antorchista no dará la espalda a los ciudadanos, por difíciles que sean sus problemas, y para ello está anunciando ya una movilización masiva, el 17 de noviembre a la residencia oficial de Los Pinos, para pedir la intervención del Presidente Felipe Calderón, y otra a la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, para pedir al gobernador Enrique Peña Nieto, el esclarecimiento del cobarde asesinato de Jorge Obispo Hernández, ellos tendrán la última palabra.
Le pido a usted, amigo lector, esté pendiente de los acontecimientos.
