En días pasados, los medios consignaron una declaración del señor gobernador que deja mucho que desear por las implicaciones que tiene. Dijo: “…es evidente que muchos de los movimientos están involucrados en actividades del crimen y utilizan a siglas y organizaciones para escudarse o para guarecerse en esa organización para cometer delitos de cualquier naturaleza… el gobierno del estado tiene identificadas cuáles organizaciones son de a de veras y cuáles son de parapeto”. Esto, en respaldo a declaración hecha por el jefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oswaldo Chávez Warco, de que “en Guerrero hay por lo menos dos organizaciones sociales patrocinadas por el crimen organizado”, aunque no dijo cuáles.
Semejantes declaraciones, provenientes de altas autoridades cuya obligación es respetar y hacer valer la ley para generar el desarrollo armónico de los guerrerenses, plantea de entrada las siguientes preguntas básicas: si las tienen detectadas, ¿por qué no actúan en consecuencia conforme a la ley?, ¿por qué persistir en la vieja manía de señalar en medios, emponzoñando a la opinión pública, sin dar los elementos correspondientes que sustenten lo dicho?, ¿por qué tales declaraciones aparecen en momentos en que maestros, estudiantes, sindicatos, choferes, campesinos están planteando sus demandas? El Movimiento Antorchista de Guerrero rechaza tales imputaciones y procedimientos porque no ayudan a dignificar la política y no permiten crear una opinión pública informada, madura; más bien, pretenden desviar la atención para no resolver a los peticionarios, como es obligación.
A menudo se escuchan quejas en torno a actitudes y procedimientos negativos de individuos y grupos por tal o cual asunto, incluso el gobernador se ha manifestado incomprendido en su quehacer gubernamental, reclamando madurez de la ciudadanía, pero con el ejemplo que comentamos, ¿cómo vamos a mejorar? Los primeros que tienen la obligación de actuar correctamente y conforme a la ley, son las autoridades de todos los niveles, pues son el espejo en el que se tiene que ver el ciudadano común. Lanzar señalamientos al aire, es otra forma de generar injusticia.
No descarto que lo declarado por los personajes arriba señalados tenga algo de cierto, pero dicho así, en general, suena más a descalificación política que a una verdadera corrección de lo malo. ¿Se ha investigado? Procédase conforme a derecho y dese la información fidedigna. Lanzar el señalamiento en general, sin elementos concretos de prueba, no sólo crea morbo y prepara para un linchamiento irracional, sino que afecta a inocentes. Este es el ángulo que me parece pérfido en el procedimiento en comento; lo es también, el otro aspecto que implica, generar desconfianza para rechazar las demandas de las organizaciones y de esta manera sacudirse la obligación de responder a los ciudadanos en sus peticiones. ¿De eso se trata? Porque el señalamiento sale en momentos en que en el estado, mediante manifestaciones públicas, grupos de ciudadanos reclaman atención y soluciones a sus demandas sociales. Si ese es el objetivo, no nos extrañemos que la movilización social continúe.
