Como si se tratara de peligrosos terroristas, 23 humildes campesinos, con sus mujeres y sus hijos, fueron detenidos y privados de su libertad sin orden de aprehensión ni justificación legal alguna la madrugada del 29 de septiembre en La Piedad, El Marqués, Querétaro, al más puro estilo de los levantones realizados por los sicarios de la delincuencia organizada, pero mejor es decir, al propio estilo distintivo de la ultraderecha que gobierna Querétaro, que combate con espíritu fascista a las organizaciones políticas y líderes sociales, que enarbolan ante las autoridades las más sentidas demandas de los pueblos y las colonias marginadas de la entidad.
Los detenidos tenían instalado un campamento de protesta en las inmediaciones de las instalaciones del pozo de agua potable, propiedad de la comunidad de La Piedad. Los habitantes de la comunidad protestaban pacíficamente, apegados al marco constitucional, pues su único fin era denunciar el despojo de que son víctimas por parte del Gobierno del Estado, quien utilizó a un gris e incómodo vecino de la comunidad que responde al nombre de Roberto Hernández Barrón, quien tiene el privilegio de ser el cuñado del secretario general de gobierno Alfredo Botello Montes, privilegio que le garantizó poder adjudicarse con toda impunidad del pozo mediante una asociación civil espuria integrada por seis inescrupulosos más, mediante la concesión de la Comisión Nacional del Agua.
En denunciar y exigir justicia ante todo acto arbitrario de gobierno no hay ningún delito, cuando menos los Constituyentes de 1917 no lo consideraron delito sino una garantía plasmada en el espíritu de las leyes generales que nos rigen. No obstante, en Querétaro, todo acto de protesta pacífica es considerado un atentado para la soberbia y prepotencia de quienes ahí gobiernan sólo para sus intereses. Prueba de ello son las innumerables denuncias ciudadanas existentes en la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos contra funcionarios y servidores públicos del gobierno panista de Francisco Garrido Patrón.
Al tercer día, liberaron a nueve y 14 campesinos fueron remitidos al penal estatal de San José El Alto acusados de delitos tales como peligro de devastación, sabotaje y, desobediencia y resistencia de particulares, delitos en los que claramente está la manipulación de la ley del tenebroso secretario de gobierno Botello Montes para garantizar que el movimiento civil que se gestó en la defensa de la fuente de agua desistiera en sus derechos sobre el mismo.
El Código Penal del estado de Querétaro, tipifica en su artículo 218 el delito peligro de devastación contra el que mediante incendio, explosión o por cualquier medio creare un peligro común para los bienes o para las personas… en cuanto al delito de sabotaje, en su artículo 255 dicta que se impondrán de 2 a 20 años de prisión al que con el fin de transtornar gravemente la vida cultural o económica del Estado o Municipios o para alterar la capacidad de éstos para asegurar el orden público, dañe, destruya o entorpezca: I. Servicios públicos o centros de producción o distribución de bienes o servicios básicos; y en su artículo 281 estipula el delito de desobediencia y resistencia de particulares contra el que por medio de amenazas o de violencia se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal o resista el cumplimiento de un mandato de autoridad que satisfaga todos los requisitos legales…
Pues bien. Los 11 hombres y las 3 mujeres privados de su libertad y de la compañía de su familia, enfrentan estos graves cargos que les niega siquiera enfrentar a la torcida justicia queretana con libertad bajo caución. De la noche a la mañana, humildes trabajadores fueron juzgados sumariamente ante el tribunal de los inquisidores queretanos y presentados ante la sociedad como peligrosos delincuentes, ocasionando un irreparable daño moral a sus personas y a sus familias.
¡Ninguno de ellos incendió, explotó o puso en peligro común ni para los bienes ni para las personas absolutamente nada! Pues sólo tenían un pacífico campamento con mantas rotuladas contra el despojo gubernamental del pozo de agua de su comunidad, fuera de las instalaciones del pozo. Por tanto, el cargo de peligro de devastación es un engendro de la tenebrosa mente de los represores de Querétaro. Tampoco unos humildes campesinos y obreros -como los detenidos-, han tenido nunca la intención de transtornar ni simple ni gravemente la vida cultural o económica del Estado o Municipio, mucho menos la capacidad de éstos para asegurar el orden público, pues unos trabajadores humildes como ellos apenas ganan lo mínimo indispensable para satisfacer sus necesidades más elementales de subsistencia. Se deduce claramente la sevicia gubernamental contra el espíritu humano de protestar ante cualquier injusticia, venga de quien venga. Y por último, el socorrido delito que se le imputa a todo ciudadano que se resiste a una detención arbitraria y además violenta. Aunque en el caso de los campesinos de La Piedad, no tuvieron ni siquiera la oportunidad de resistirse, pues 250 granaderos y policías estatales cayeron sobre ellos y se los llevaron sin explicación alguna. En la arbitraria detención, nadie vio ni se enteró del mandato legal que les privaba de su libertad.
De todo lo anterior se desprende que quien atropella la ley, violando flagrantemente las garantías humanas y políticas elementales es el gobernador del Estado, Francisco Garrido Patrón y su feroz secretario de gobierno Alfredo Botello Montes. Así lo demuestra la configuración del delito y el auto de formal prisión con un expediente de más de 2 mil fojas integradas en menos de 24 horas por los jueces serviles y obsequiosos con el poderoso grupo gobernante que tiene el prurito de acabar con toda organización social mediante la represión masiva y el encarcelamiento de los dirigentes, fincándoles delitos prefabricados.
Por esta grave injusticia, los familiares y amigos de los detenidos, estamos exigiendo su inmediata e incondicional libertad y que se castigue a aquellos que abusan de su poder transgrediendo el estado de derecho, porque ninguno de los detenidos estrelló un avión, ni incendiaron centros comerciales, ni agredieron a ningún corpulento policía. Sólo exigían y exigen desde su prisión, respeto a su pozo de agua que les costó la perforación, cuidado y mantenimiento desde hace 30 años y que se castigue a los autores materiales e intelectuales del despojo. ¡Urge la justicia en Querétaro!
