Una vez que el alcalde de Monterrey de extracción panista, Fernando Larrazábal Bretón, tomó posesión de su cargo, puso de inmediato manos a la obra para darle “cumplimiento” a uno de sus compromisos de campaña: acabar con la corrupción en la administración municipal regia. Ya había anunciado que iniciaría una limpia en tránsito para combatirla, y luego seguiría con la dirección de Comercio y Alcoholes, Policía Regia y con la Secretaría de Desarrollo Urbano, dependencias de las más cuestionadas durante la pasada administración del también panista Adalberto Madero Quiroga, a quien el nuevo edil ha querido atribuir toda la responsabilidad de los actos de corrupción.
Durante el mes que lleva Larrázabal Bretón al frente del gobierno municipal ya terminó con la depuración del personal operativo y administrativo de Tránsito, a quienes les aplicó exámenes psicológicos, de “control de confianza”, entre otros. Con base a los resultados de estos exámenes fueron despedidos un total de 276 elementos de esa corporación por considerárseles no aptos para desempeñar su trabajo. Y aunque diga el alcalde que está respetando todos los derechos del trabajador porque al despedirlos les está otorgando una indemnización como marca la ley; lo cierto es que sí está cometiendo una injusticia ya que había elementos que tenían al menos 20 años trabajando en la corporación; personal que además de tener una edad avanzada, quedan señalados como “no aptos”, por lo que les será imposible encontrar trabajo en otros lugares. Después de realizar esta depuración en tránsito, ahora el alcalde nos dice que realizará las mismas limpias a las otras áreas de su administración, y santo remedio a la corrupción.
Se procede así contra la corrupción –con medidas tan superficiales- porque se considera que este fenómeno social es algo ajeno a la esencia del sistema, como una “desviación”, grave y condenable, pero fortuita del aparato que ejerce el poder. Actuando en consecuencia con este punto de vista, se proponen y aplican medidas correctivas-como las depuraciones-, aplicación más estricta del reglamento, leyes y penas más severas para los infractores. En síntesis, como se piensa que la corrupción es un fenómeno casual y de carácter superestructural, su eliminación puede y debe conseguirse, también, con medidas de tipo estructural, jurídicas y administrativas en este caso, sin tocar para nada las bases mismas de la organización social. Así lo está haciendo el alcalde de Monterrey. Pero la historia nos demuestra que la corrupción es algo consustancial a una sociedad basada en la idea de que felicidad y éxito personal residen en la máxima acumulación de la riqueza y bienes materiales, sin importar los medios o los caminos mediante los cuales se llegue a lograr este objetivo supremo. Una sociedad en el que el individuo tiene como principio de la máxima acumulación de riqueza personal con el menor esfuerzo, sólo puede promover la corrupción.
Y el fenómeno de la corrupción se da en todos los niveles de gobierno: se da por arriba y por abajo. Los funcionarios que conforman el Estado mexicano, que buscan el poder, aunque digan lo contrario, para servir a sus semejantes, sino justa y precisamente porque ven en ese poder un medio de enriquecimiento y de disfrute personal; así es como se explica que presidentes municipales, diputados, regidores, gobernadores, ministros, se asignen sueldos elevadísimos, viáticos y prestaciones de todo tipo, que alcanzan cifras estratosféricas. Y entre los empleados menores, se explica la venta de plazas, cuotas por hacerse de la vista gorda ante obvias transgresiones de la ley, “mordidas” para agilizar un trámite, “mordidas” por infracción al reglamento. Corrupción de los “jefes” y de la infantería a las órdenes de esos mismos “jefes”. Esto vale, pues, para todos los integrantes del aparato de poder: para el más encumbrado ministro como para el más humilde policía o tránsito de crucero; van con la idea fija de tener derecho de “sacar de ahí para vivir” y para vivir bien, mejor que antes de ser servidor público. El aparato de poder funciona como una aspiradora de recursos que salen de los bolsillos de los ciudadanos para pasar a manos de los funcionarios, y no es, digámoslo, ninguna “anomalía”, sino el funcionamiento normal del mismo para el cual fue pensado y creado. Y en países pobres como el nuestro, donde impera la injusta distribución de la riqueza social, se acentúa más el problema. En estos países, las “cuotas”, las “mordidas”, la desviación de recursos, es una manera de hacerse justicia por propia mano, es un mecanismo de redistribución de los beneficios, que corresponden a toda la sociedad.
Así pues, no es con medidas administrativas y jurídicas como se acabará con la corrupción. Estamos ante un problema estructural que, por lo mismo, sólo puede corregirse de fondo con medidas estructurales. La corrupción, como el crimen, como el narcotráfico, como la inseguridad, sólo pueden erradicarse atacando en serio la causa que la genera, esto es, combatiendo la pobreza. Pero no sólo con más trabajo y “productividad”, sino sobre todo, mediante un reparto más justo de la renta nacional. Todo lo demás no pasa de ser meros paliativos, cuando no vil propaganda partidaria para ir ganado terreno al aspirar a otro puesto de mayor nivel, por ejemplo la gubernatura.
