“Estoy convencido de que la mejor forma de asegurar el desarrollo del estado y de reducir al máximo las condiciones futuras que lo limiten, es actuar en el presente con responsabilidad. La sociedad hidalguense merece contar con la certeza de que hacemos lo correcto y de que transitamos por una senda segura para su desenvolvimiento cotidiano. Las próximas generaciones heredarán los resultados de nuestra capacidad para unir, en nuestro tiempo, los esfuerzos de la comunidad y el gobierno en torno al destino que queremos para Hidalgo”.
Es así como el señor Gobernador del estado de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, ha venido predicando a lo largo de su administración, pero, que si lo vemos detenidamente desde el ángulo del desarrollo que ha tenido la población más vulnerable en las diferentes regiones indígenas, resulta sólo demagogia de la más barata y el panorama es desolador. Esto es fácil de probar si consideramos que en el estado más de 780 mil habitantes viven en pobreza extrema, lo que representa el 33% del total de la población; además, cerca del 50% son analfabetas, los cuales se concentran fundamentalmente en las regiones de La Huasteca y Otomí-Tepehua; por ejemplo, en el municipio de San Bartolo Tutotepec, considerado como el más pobre del estado, enclavado en la agreste Sierra Central, resalta el hecho de que sólo 10 por ciento de la población cuenta con servicios básicos, además, que cinco de cada 10 habitantes son analfabetas, según datos del INEGI, y es sólo uno de los 44 municipios considerados como de alta y muy alta marginación de los 84 que conforman la entidad; situación en la que se encuentran también los municipios vecinos de Huehuetla, Tenango de Doria, Acaxochitlán y Agua Blanca, que forman la región Otomí-Tepehua, donde la mayor parte de la población vive con 50 pesos diarios, en promedio, por familia de hasta ocho integrantes.
Pero esto, es sólo una probadita de las condiciones marginales que se viven en el estado, porque incluyendo a los 405 mil 693 indígenas dispersos, en 978 comunidades, destaca el hecho de que de las 51 mil 665 viviendas que habitan, 78% no cuentan con el servicio de agua entubada; 94% de estas no poseen drenaje; un 46% vive sin energía eléctrica y el 90% de las casas están construidas de lámina de cartón y madera (según datos de la CONAPO Hidalgo y la UNAM en su estudio “Medición de la pobreza a través de la elaboración de mapas” del investigador Sócrates López Pérez). Hablar de caminos, clínicas u hospitales ya ni se diga.
Por lo tanto se comprueba, con estas cifras, la falsa realidad que proyecta el gobierno hacia la opinión pública y queda claro el carácter contrario a los intereses del pueblo pobre y la falta de sensibilidad política para gobernar, o en su caso la política clasista que se aplica en este estado.
Ante estas razones, está plenamente justificada la protesta que mantienen los antorchistas hidalguenses, desde el inicio de la actual administración, exigiendo a las autoridades que se invierta en obras de infraestructura básica para estas regiones miserables, donde no se cuenta con los servicios elementales para que sus habitantes lleven una vida digna como lo marca la Constitución. Hasta la fecha, el gobierno se muestra indiferente ante esta situación de desigualdad que se vive en el estado, poniendo especial énfasis en la construcción de obras que solamente benefician a unos cuantos y a los que más tienen, o en su caso aquellas que le reditúen beneficios políticos a su partido (PRI), olvidándose del resto de la población.
