Agencias internacionales como Standard & Poors y Fitch Ratings pronostican un 2010 financieramente complicado para Hidalgo, toda vez que no podrá solicitar nuevos endeudamientos debido a la contratación del crédito para el pago de los terrenos donde se edificará la refinería Bicentenario; además advierten sobre la debilitación de la liquidez de la entidad si el ahorro interno baja y los gastos de operación aumentan; sumado a esto el recorte del presupuesto federal por más de 800 millones de pesos.
Sin embargo, al gobierno estatal poco le interesan estos pronósticos. Mientras otras entidades del país han tomado acciones para enfrentar la crisis económica y los recortes presupuestales, como la reducción de los salarios en funcionarios de alto nivel, en el gobierno de Hidalgo no se prevé algo similar. De acuerdo a lo que ha venido sosteniendo Miguel Ángel Osorio Chong, tratando de justificar su falta de sensibilidad ante un problema que afecta directamente a las grandes mayorías del estado, en “Hidalgo los salarios de los funcionarios son los más bajos del país” y justifica sus argumentos diciendo que es justo pagarle a todo servidor público que trabaje de manera “responsable, honesta y que da resultados”.
Me permito disentir del gobernador. Pruebas al canto: éstos son los salarios que los hidalguenses pagan a sus funcionarios: Gobernador, 71 mil 74 pesos; secretario de Gobierno, 49 mil 319 pesos, subsecretario de Gobierno 45 mil 320 pesos; director General de Gobierno 38 mil 990 pesos, director 26 mil 510 pesos; subdirector 17 mil 341 pesos, y encargado de Departamento 13 mil 184 pesos. Todo este dinero se les paga por mantener al estado en el quinto lugar en marginación a nivel nacional y por dejar que más de 780 mil habitantes vivan en pobreza extrema, lo que representa el 33 por ciento del total de la población. Además, de éstos, cerca del 50 por ciento son analfabetas, 78 por ciento no cuentan con el servicio de agua entubada, 94 por ciento de éstas no poseen drenaje, un 46 por ciento viven sin energía eléctrica y el 90 por ciento de las casas están construidas de lámina de cartón y madera.
Y además, el gobierno de la entidad continúa con la danza de cifras en torno a la inversión que se realizará en la infraestructura de la nueva refinería. Primero se pidieron prestados 450 millones de pesos para dicho fin y ahora resulta que sólo se invertirán 300 millones. La pregunta es ¿y los otros 150 millones?
Es una pena que la ciudadanía ya no tenga la suficiente confianza en sus autoridades, pero el móvil de las acciones del gobierno estatal no ha sido, durante esta administración, el desarrollo social ni la inversión para el crecimiento de la entidad. Por eso, el riesgo de un estallido social es cada vez más alto, ya que el pueblo empieza a desesperarse de su situación, lo que se ve reflejado en el aumento de la violencia y los crímenes, porque no podemos separar la crisis económica de la criminalidad y violencia que vivimos en la entidad; están íntimamente relacionados. Por eso afirmo: en Hidalgo todo está de cabeza
A lo anterior, y para enfrentar la crisis financiera por la que atraviesa el estado, la salida que para el gobernador es la “correcta”, consiste en hacer recortes en lo que se refiere a construcción de obras públicas, por ejemplo: el gobierno, en boca de Gerardo González Espínola dice “no tener dinero para cumplir los compromisos adquiridos con Antorcha Campesina desde 2007” y como siempre, la clase trabajadora es la que paga las insensibilidades del gobierno; pero mejor noticia no podrían recibir los burócratas hidalguenses, al enterarse que se dejarán de realizar obras de primer necesidad para no trastocar sus intereses, ya que no verán reducidos sus salarios el próximo año. Conste que estamos en plena crisis económica y galopan los recortes presupuestales ¿no que no hay recursos?
