El problema de vivienda popular (aquella destinada a los grupos más humildes de la población) en el estado de Nuevo León, y en particular del área metropolitana de Monterrey que concentra alrededor del 88 por ciento de toda la población de todo el estado, es más que grave. No hay información precisa y actualizada sobre el problema de vivienda; se oculta, creo yo, por razones bien calculadas. Lo que es real es que hay cientos de miles de familias nuevoleonesas que carecen de ella y que por ello se ven obligados a rentar, en la mayoría de los casos, cuartuchos insalubres con rentas que absorben hasta una cuarta parte de su ingreso o vivir como “arrimados” con familiares con los consiguientes problemas de hacinamiento. A pesar de esta situación, las autoridades no tienen el menor empacho en afirmar que Nuevo León es líder en el país en construcción de vivienda, pues en lo que va del año se construyeron 60 mil viviendas con las que se alcanzan las 300 mil en seis años. Esta afirmación por sí sola, “a secas”,es engañosa, pues si no se medita y ahonda en la verdadera problemática de vivienda, bien parece decirnos, como buen sofisma, que el problema de la vivienda en el estado si bien no se ha resuelto vamos pronto a abatirlo pues “somos líderes construcción de vivienda”. ¿Cuál es la realidad en torno al problema de vivienda? Estas líneas sólo intentan aclarar un poco esta cuestión.
Es importante afirmar, para empezar a aclarar el panorama, que una buena parte de la vivienda que se construye en el estado, la realizan las empresas desarrolladoras de vivienda privadas. Desde el año 2008, el fideicomiso Fondo Metropolitano Monterrey (Fomerrey), principal institución de vivienda en el estado, no ha abierto, en el área metropolitana, prácticamente ningún nuevo fraccionamiento pues dice no tener reserva territorial. Sólo hasta hace unos meses se informó que el gobierno del estado había culminado el proceso de expropiación de 237 hectáreas de tierras del ejido de San Miguel de los Garza en el municipio Escobedo que dotará de reserva al organismo de vivienda, por lo que será hasta el próximo año cuando esta institución, con la lentitud que le caracteriza, empieza a entregar lotes para vivienda.
Más de algún lector seguramente podrá pensar que lo de menos es si es el sector privado o es el Estado quien construya la vivienda; lo importante es que se construya vivienda. Pero (siempre hay un “pero”) es más que claro que las constructoras privadas de vivienda son todo menos hermanas de la caridad. Su objetivo es el de cualquier empresa privada: la obtención de la máxima ganancia. Abaratan costos comprando grandes extensiones de tierra a precios de regalo, economizando al máximo los materiales de construcción, muchos de mala calidad, etc., etc. Y si hay duda en que esto sea verdad ahí está el reciente problema de las llamadas “minicasitas” con sus 3.5 metros de frente en las que hay que sacar el comedor para meter la sala, problema en que todavía las empresas constructoras están dando la pelea, pues, dicen ellas, que su filantrópico objetivo es que la vivienda llega a la población de más escasos recursos económicos. Mejor, como se dice, “que nos cuenten una de vaqueros”. Los elevadísimos precios y el financiamiento usurario que dan estas empresas está del todo alejado de las familias más humildes del estado. Un trabajador que gane entre uno y cinco salarios mínimos no tiene acceso a esta clase de vivienda, misma que está dirigida a sectores más solventes de la población. En pocas palabras, diremos que las empresas no están enfocadas a la construcción de vivienda popular, no están construyendo vivienda para las grandes masas empobrecidas.
Lo anterior viene a cuento porque el Movimiento Antorchista en el estado aglutina a miles de familias de la más humilde condición económica del área metropolitana de Monterrey que carecen de vivienda. Los grupos de solicitantes han tomado la iniciativa de reunir, con las aportaciones individuales de sus integrantes, y claro está con grandes sacrificios, recursos para la adquisición de tierra. El problema, sin embargo, no es sencillo pues estos grupos se enfrentan al creciente encarecimiento de la tierra provocado por las empresas desarrolladoras de vivienda privadas, quienes han acaparan la tierra susceptible de usarse para la vivienda, esto es la tierra que está pegada a las zonas urbanas. La poderosa empresa Javer, por ejemplo, ha comprado cientos de hectáreas al norponiente de la ciudad. La desventaja de los grupos de solicitantes con estas empresas es más que obvia. Dada esta situación, actualmente el Movimiento Antorchista está pidiendo al gobierno del estado, a nombre de sus agremiados, su más decidida intervención a fin de que se apoye estas familias que carecen donde vivir y que exigen una solución. Hasta el momento, en entrevistas obtenidas con la movilización de las familias que demandan vivienda, los funcionarios de primer nivel de gobierno, entre ellos el subsecretario de Gobierno, Felipe González Alanís, han dicho que se va a dar apoyo a los solicitantes de vivienda agrupados al Movimiento Antorchista.
El Estado está obligado a resolver el problema de vivienda, pues nuestra Carta Magna dice textualmente en su artículo 4º: “Toda familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo”. El abandono del Estado de la tarea de construir vivienda popular y dejar en manos de empresas privadas esta tarea, es en los hechos excluir a las masas empobrecidas de este derecho a la vivienda.
