Largos años han transcurrido hasta ahora, sin que un importante número de jaliscienses de los más pobres y marginados sean escuchados por las más altas autoridades del estado, en su justo reclamo de que se resuelvan viejas y sentidas necesidades que les garanticen, como es su derecho, una vida mejor.
Cientos de familias de los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Tomatlán, Talpa de Allende, San Gabriel, Tolimán, Tala y la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), han hecho todo lo que está a su alcance para ser escuchados por el señor gobernador del estado, Emilio Gutiérrez Márquez, luego de que funcionarios de las distintas secretarías o bien se han negado a atender a los peticionarios o cancelaran compromisos para la realización de obras de primera necesidad. Los demandantes han agotado todos los recursos sin ningún resultado satisfactorio hasta el momento; solicitudes por escrito de audiencia con el señor gobernador, movilizaciones por las calles de la capital del estado, protestas frente a las distintas dependencias de gobierno encargadas de atender a los ciudadanos, nada, hasta ahora, todo esto parece que ha sido insuficiente para que sus reclamos sean escuchados.
Años, muchos años llevan ya esperando la introducción de servicios elementales como agua potable, electrificación y drenaje; que se construyan caminos, puentes y vados que faciliten la comunicación e impulsen el desarrollo económico; que se mejoren los servicios de salud y educación construyendo escuelas y centros de salud que alivien, aunque sea en parte, la miseria en que viven sus comunidades; se apoye con materiales para mejorar la vivienda, de tal suerte que, como lo establece el artículo cuarto constitucional, puedan contar con un espacio digno y decoroso para vivir con sus familias; sólo en la ZMG, decenas de familias indígenas llevan meses solicitando, al gobierno del estado y a la Sedesol federal, ser considerados en los distintos programas de apoyo, incluido el de mejoramiento de vivienda, sin ningún resultado favorable hasta el momento.
Hasta ahora pues, nadie se ha dispuesto a escuchar los reclamos de los inconformes, pero sobre todo, a darles una respuesta positiva.
A esta falta de atención se agrega ahora una situación todavía más grave y preocupante, pues dependencias de gobierno como la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR), encargadas de ejercer el presupuesto en obras de beneficio social, ha cancelado algunas que estaban comprometidas para este año, alegando falta de recursos a consecuencia de la crisis económica, que está golpeando severamente sobre todo a quienes viven de su trabajo diario. Vayan sólo a título de ejemplo, la cancelación de varias obras de electrificación en los municipios de Tomatlán y Villa Purificación que afectarán a cerca de 5 mil habitantes de ambos municipios; obras de empedrado de calles en la colonia “Prados de Santa Lucía”, del municipio de Zapopan, a pesar de que los colonos beneficiados cumplieron con el compromiso de reunir los recursos que por concepto de mano de obra les tocaba aportar.
Frente a esta política de oídos sordos y de insensibilidad por parte de las instancias del gobierno estatal, los antorchistas de Jalisco, desde principios del mes de mayo, han venido realizando una serie de movilizaciones que hasta ahora no han encontrado respuesta. A cada movilización, el gobierno ha respondido con evasivas y tácticas dilatorias para lo cual han comisionado a funcionarios de muy bajo perfil y con nulas posibilidades de tomar decisiones serias para dar respuesta a las justas demandas de los inconformes.
Esta política, que ha sido oportunamente denunciada por la dirigencia antorchista en el estado, y la falta de respuesta a las demandas más sentidas de la gente, explican que el número de inconformes aumente cada vez, por lo que también el gobierno empieza a arreciar sus ataques en contra de los mismos. Del clásico “ni los veo ni los oigo” ha pasado a las amenazas y la intimidación con el claro propósito de desalentar la lucha, desarticular la organización que se ha venido gestando y terminar así, con una expresión organizativa legítima y auténtica del pueblo pobre de Jalisco.
Todo parece indicar, por la actitud de combate y disposición a la lucha de los inconformes, que lejos de intimidar al pueblo, están provocando el crecimiento de la inconformidad y con ello el incremento en el número de manifestantes de las próximas movilizaciones.
Ojalá que el gobierno de Jalisco aprenda de la experiencia de otros, que han intentado hacer exactamente lo mismo, y, se han topado con la resistencia y energía del pueblo organizado. Que no olviden la suerte de los yunquistas en Querétaro que, en las recién pasadas elecciones, el pueblo les cobró la factura quitándolos del poder que por dos sexenios consecutivos mantuvieron en ese importante estado de la República.
Por lo demás, no debe haber ninguna duda, los antorchistas de Jalisco seguirán ejerciendo su derecho a la manifestación hasta encontrar respuesta favorable a sus demandas, no importa que para ello tengan que transcurrir varios años.
