Congruente con su política en contra de los trabajadores, el gobierno panista de Jalisco, a través del Congreso local, aprobó recientemente una iniciativa de ley que repercutirá directamente en la seguridad social y bienestar de los profesores y trabajadores al servicio del estado y de los trabajadores de los municipios.
El pasado viernes 13 de noviembre, fue aprobada la nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado, prácticamente sin modificaciones sustanciales a la iniciativa que el titular del Ejecutivo estatal, Emilio González Márquez, presentó para su análisis el pasado 26 de octubre.
Con la aprobación de dicha ley, se consolida el aumento de las contribuciones de los burócratas estatales y de los ayuntamientos más importantes de la entidad, incremento que pasará del 5 por ciento actual al 11.5 por ciento de sus salarios en 2016.
La iniciativa de ley, que fue aprobada por los 20 diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) más los dos de Nueva Alianza (PANAL), entrará en vigor una vez publicada en el periódico oficial El Diario de Jalisco.
Sobre el particular, me interesa llamar la atención de algún posible lector, en relación con los efectos negativos que dicha medida acarreará en contra de los trabajadores y denunciar el maridaje consciente y descarado de los líderes charros y el Estado, así como el control y sometimiento de los trabajadores.
Entre los aspectos más sobresalientes de la nueva ley, se señala que la cotización para otorgar la pensión se hará exclusivamente con base en el sueldo tabular, es decir no se tendrán en cuenta otras prestaciones; se condiciona el otorgamiento de la pensión a 30 años de servicio y 65 de edad, la pensión aprobada por viudez y orfandad otorgará un máximo de 50 por ciento del salario pero sin derecho a servicios médicos; se mantiene la discrecionalidad absoluta otorgada al Consejo Directivo de la Dirección de Pensiones (DIPE), en especial a su presidente, nombrado por el gobernador. Este último, tendrá voto de calidad en caso de empate en el Consejo Directivo y la más amplia representación legal en todo tipo de litigios.
De acuerdo con lo contenido en la nueva ley, quienes resultarán severamente afectados, serán los trabajadores. Veamos.
El incremento de 5 a 11.5% del salario en las aportaciones de los trabajadores, significará una reducción de las percepciones, ya de por si insuficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Cotizar una pensión con base solamente en el salario tabular sin considerar otro tipo de prestaciones, significará contar con una pensión cada vez más raquítica, pues aunque el salario de los trabajadores se vea incrementado nominalmente, lo cierto es que el salario real se ve disminuido constantemente debido a la inflación, disminuyendo así el poder adquisitivo de más de 130 mil familias sujetas a este régimen de pensiones.
Ahora, los trabajadores al servicio del estado tendrán que trabajar más y por más tiempo, pues sólo estarán en condiciones de jubilarse si han acumulado treinta años de servicio y cuentan con una edad de 65 años. Esto significa que quienes hayan cubierto treinta años de servicio, si no han alcanzado la edad señalada, no podrán reclamar su jubilación.
Quienes por orfandad o viudez se hagan acreedores a una pensión, tendrán que conformarse con recibir la mitad del salario que percibía el trabajador en activo y renunciar al derecho constitucional a la salud, lo que implica, necesariamente, un incremento en el número de pobres y una mayor profundización de la pobreza. De este modo, el Estado se desentiende de su obligación de garantizar el derecho a la salud, y de paso, abre la puerta a la privatización de los servicios médicos.
El poder casi absoluto que se otorga al órgano rector de la DIPE y en particular a su presidente, significa que éste podrá disponer del dinero de los trabajadores a como mejor le convenga, incluso arriesgando, estos últimos, la pérdida de sus ahorros acumulados durante años de trabajo. En pocas palabras pues: manga ancha a los responsables del organismo, para jinetear el dinero de los trabajadores y hacer pingües negocios.
Por todo esto, resulta indignante que los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los maestros de la sección 47 del SNTE, hayan acudido al llamado de sus dirigentes a apoyar, no una reforma a la ley de pensiones sino una contrarreforma que lejos de favorecerles, los coloca en una situación que pone en riesgo viejas conquistas y prestaciones que, de perderse, afectarán su nivel de vida ya de por sí muy deteriorado.
Así se combate la pobreza y marginación social en este país, en donde casi 80 millones de mexicanos, del total de la población (106 millones aproximadamente), vivimos en la pobreza.
Cuánta razón tiene quien sostiene como algo urgente y de primer orden, la organización y toma de conciencia de los trabajadores mexicanos, para sacudirse la tutela y el control de los líderes charros y el Estado, para alcanzar mejores niveles de bienestar material; pero sobre todo para hacer de nuestra patria, una más generosa y equitativa con sus hijos. Es urgente y necesaria la organización y toma de conciencia de los trabajadores para ponerle un dique a la política anti obrera de los actuales gobernantes.
